El abogado Juan Pablo Decia, uno de los profesionales que representa a damnificados que invirtieron en ganado en el Grupo Larrarte, presentó este lunes una ampliación de denuncia ante la Fiscalía en la que pide que se indague a varias personas junto a Jairo Larrarte por asociación para delinquir.
Decía dijo a El Observador que se amplió la denuncia contra una persona que era la encargada de captar a los inversores, de participar en el proceso de convencimiento y de materializar la inversión.
El abogado sostuvo en la ampliación de la denuncia que junto a jairo Larrarte, Jorge Larrarte (padre) hay otros empleados y profesionales que se dedicaban a captar inversores. "Todos estaban en conocimiento de lo que se hacía en el Grupo Larrarte con el dinero de los inversores.. todos sabían que no se compraba el ganado qué se decía en los contratos", señaló Decía, quién aseguró tener audios y otras pruebas que dan cuenta de ese conocimiento que se tenía.
"No es razonable sostener que los asesores/colaboradores de Jairo Larrarte no estuvieran en conocimiento de que con el dinero de los inversores no se compraba ganado", afirmó.
Piden que el caso pase a Delitos Económicos
El abogado Santiago Alonso, por su parte que es otro profesional que patrocina a inversores estafados por el Grupo Larrarte, presentó un escrito ante la Fiscalía de Corte pidiendo la reasignación de la causa a una fiscalía especializada en Delitos Económicos.
El abogado señaló en su escrito, al que accedió El Observador que si bien inicialmente presentó la denuncia contra Larrarte por la estafa de US$ 85.000, luego de que El Observador informara de las denuncias, se sumaron numerosos daminificados y ahora sólo él representa a víctimas que invirtieron US$ 1,7 millones en ganado que no tenían.
El abogado fundamentó su pedido en que "es de público conocimiento que existen otras denuncias conexas vinculadas a los mismos hechos y por montos de gran entidad", por lo que entiende que se hace necesario que la causa pase a una fiscalía de delitos económicos.
El abogado Jorge Barrera también representa a damnificados por US$ 1 millón, por lo que se estima que la estafa asciende a los US$ 4 millones.
El caso es indagado por la fiscal de Flagrancia Sabrina Flores, quien pidió a la Justicia días atrás el cierre de fronteras por 180 días al tiempo que le retuvo el pasaporte y lo obligó a fijar domicilio como medidas cautelares para volver a citarlo. También se congeló la actividad en los campos vinculados a la empresa por lo que no pueden mover ganado ni tomar ninguna medida.
El Grupo Larrarte ofrecía una inversión en ganado con una renta fija anual del 11,3%. Desde este año empezaron a incumplir los pagos y los inversores empezaron a descubrir que no tenían el ganado por el que habían pagado o tenían muchas menos cabezas de las que creían tener.
