La medida rige por 180 días con retención de documento y fijación de domicilio
Sede del grupo Larrarte en Punta Carretas
Foto: Leonardo CarreñoLa Justicia dispuso el cierre de fronteras por 180 días para el dueño de la empresa de inversiones ganaderas, Jairo Larrarte. La Justicia le retuvo el documento y lo obligó a fijar un domicilio, según informó el abogado Nicolás Ghizzo a El Observador.
La medida, informada inicialmente por El País, había sido solicitada por los abogados de varios inversores a la fiscal Sabrina Flores.
La decisión de la Justicia fue tomada luego de que un grupo de inversores denunciara a la empresa por estafa, apropiación indebida, abigeato y también falsificación de documentos. Las denuncias presentadas hasta ahora son por una cifra de más de US$ 4 millones.
La semana pasada, tal como informó El Observador, la Justicia congeló la actividad en los campos vinculados a la empresa. Lo que hizo fue interponer un interdicto, lo cual implica que la empresa no pueda hacer ningún movimiento de entrada o salida de ganado.
Se trata de una medida cautelar que suele aplicarse ante este tipo de denuncias. Esto había sido solicitado por el abogado de un grupo de inversores afectados, Juan Pablo Decia.
El Grupo Larrarte ofrecía una inversión en ganado con una renta fija anual pero desde mediados de este año comenzaron a registrar problemas con el pago de esas rentas. Los inversores ponían cifras que iban desde los US$ 50 mil en adelante y la empresa prometía una rentabilidad anual del 11,3%.
Ante los primeros problemas en pagos, los empresarios dejaron de contestar a los llamados de los clientes y recién la semana pasada organizaron dos reuniones virtuales, una con los que estaban dispuestos a mantener el capital y otra con los que pretendían retirarlo. En ninguno de los dos encuentros contestaron preguntas.
Las denuncias presentadas ascienden a cerca de US$ 2 millones y los abogados estiman que el monto seguirá creciendo a medida que se presenten nuevas denuncias.
Además, un grupo de inversores que había firmado contratos por la posesión de ganado, averiguó con el Ministerio de Ganadería por ese ganado y se enteraron que no tenían animales a su nombre pese a lo que había dicho la empresa y lo que decían los contratos.
Según se establecía en uno de esos contratos el ganado estaba ubicado en el paraje la Calera, quinta sección del departamento de Rivera. Sin embargo, constataron que el ganado que creían tener no existía.
Los abogados también denunciaron que la empresa había adulterado guías de propiedad falsificando la firma de un inversor para pasar todo el ganado de esa persona a la guía de propiedad de la empresa.
El abogado Decia adelantó a El Observador que también pedirá el cierre de fronteras para el padre Jorge Larrarte.
El abogado tiene en su poder un contrato firmado por Jorge Larrarte por una inversión de US$ 250 mil con las mismas características de los otros. "Hay gente que puso hasta US$ 500 mil dólares y no tiene ni un ternero a su nombre", dijo.
Al mismo tiempo, los abogados esperan que el caso pase a la Fiscalía especializada en Delitos Económicos ya que son quienes tienen la "expertise" y la especialidad en estos temas. El caso fue asumido inicialmente por la Fiscalía de Flagrancia a cargo de Sabrina Flores. Incluso, hay un resolución de la Fiscalía de Corte que asigna el caso a esa misma sede con la que los abogados no están de acuerdo.
La idea de Decia es presentar la próxima semana una nota ante la Fiscalía de Corte para que pase el caso a Delitos Económicos.