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Aparna Soni, quien llegó a ser jurado del programa Master Chef, se convirtió en cocinera en Uruguay donde vive desde hace más de 8 años. Empezó a cocinar como una forma de mantener el vínculo con su familia, primero cocinaba para conocidos y reuniones y fue ganando fama, hasta que logró poner su propio restorán, Moksha. Llegó a tener tres casas de comida con su esposo, Abhishek Bhuyuna, que atendían con cinco empleados, todos venidos de la India.

En marzo, mientras estaba en su país por un casamiento familiar se enteró que de dos de sus empleados la habían denunciado por trata con fines de explotación laboral. Los trabajadores declararon ante Interpol que las condiciones de trabajo eran "intolerables". Señalaron que si bien lo acordado había sido trabajar 8 horas diarias con un día libre a la semana, más alojamiento y comida incluida, el trabajo excedía las 14 horas diarias.

También denunciaron que se les retuvieron los pasaportes y no se los incentivaba a que aprendieran el idioma español por lo que tenían serias dificultades para comunicarse con personas ajenas al trabajo.

Sin embargo, tras cinco meses de indagatoria penal la fiscal de Delitos Sexuales María Virginia Sigona archivó la denuncia y expresó que "no han resultado elementos suficientes que permitan la continuación útil de la indagatoria”, según surge de la resolución a la que accedió El Observador.

La investigación llevada a cabo por Interpol incluyó la interceptación del celular de Soni y su esposo, se le tomó declaración a todos los trabajadores de los restoranes, se coordinó una inspección laboral con el Ministerio de Trabajo. Además se dispuso que desde el inicio de la indagatoria fueran acompañados por profesionales de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Sigona concluyó que “no es posible concluir que existen elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y de la participación de los imputados en él”.

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Aparna Soni, dueña del restorán indio denunciado

"Tenían plena disponibilidad ambulatoria" y abrieron su propio restaurante

La fiscal señaló que de la carpeta investigativa surge que los denunciantes "tenían plena disponibilidad ambulatoria, no surgen condiciones de servidumbre o tratos denigrantes, tenían redes sociales, teléfono celular, mantenían reuniones con otras personas, muchas de ellas de la India con las cuales no existe barrera idiomática". "Tal es así, que incluso, al día de hoy los denunciantes han podido progresar en nuestro país y abrir su propio negocio de comida india”, afirmó.

También mencionó, como un elemento que contrarresta la teoría de que fueran víctimas de trata, que uno de ellos es titular de dos cuentas bancarias en el BROU.

Sobre la retención de los pasaportes, que fue otro de los hechos que denunciaron los trabajadores, la fiscal afirmó que la declaración que dio un testigo al respecto demostró "inconsistencias". Además consideró que el hecho de que esa persona haya entrado al local de comidas de noche para que las víctimas retiraran sus pertenencias, sin contar con autorización judicial, no permite tener claro como ocurrieron los hechos.

Citando una sentencia del Tribunal de Apelaciones Penal de 1 Turno, Sigona dijo que funda su archivo en "el cúmulo innegable de evidencia que atadas unas con otras harían absolutamente imposible probar en un juicio la existencia de hechos delictivos”.

"Tampoco se avizora la recolección de otras evidencias que permitan obtener la plena prueba para conseguir en juicio una sentencia de condena por estos hechos", agrega.

Más allá de que aclara que el archivo ocurre sin perjuicio de que puedan surgir nuevos hechos o nuevas evidencias que justifiquen continuar con la indagatoria.

Defensa: "Era un reclamo laboral encubierto"

Los abogados Diego Camaño y Rodrigo Martínez, defensores de Soni, expresaron a El Observador su conformidad con el archivo de la denuncia, para lo que aportaron muchas pruebas, señalaron.

Camaño dijo que se demostró que su clienta "es inocente". A su juicio quedó claro que se trató de "un reclamo laboral encubierto en una denuncia penal que no tenía asidero".

Martínez por su parte, dijo que la investigación "fue muy prolija, exhaustiva y hay que destacar el trabajo de la Fiscalía que se vio reflejado en un dictamen muy fundado de archivo de la investigación, que da cuenta de la inocencia" de Soni.

Cuando asumieron la defensa de la chef extranjera, Camaño había señalado que "no se puede castigar a una ciudadana india que progresó en Uruguay” y que la intención de ella era regresar al país y continuar con su trabajo, algo que aún no sucedió.

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