La investigación vinculada a la Operación Trazador no terminó en el exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, Pablo Leiva, que fue condenado por lavado junto a otras dos personas, sino que se convertirá ahora en una investigación por lavado. La fiscalía de Estupefacientes deberá decidir ahora si abre una investigación por lavado de activos para indagar el rol del local de cobranzas que pertenece a la esposa del exsenador Jorge Gandini y al actual director de la Administración de Puerto por la oposición, entre otras puntas que puedan surgir.
Hasta este lunes la fiscalía de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Angelita Romano, no tenía información policial vinculada al Abitab del político. Si bien la fiscalía había solicitado un análisis del celular de Leiva, antes de que se enviara el resultado de la pericia, el hombre aceptó su responsabilidad y fue condenado por proceso abreviado, dijeron a El Observador fuentes de la investigación.
La fiscalía no podrá profundizar sobre el rol de Leiva porque con respecto a él, el caso se cerró con su condena, pero si puede investigar a otras personas. Podrá seguirla ella misma o derivarla a la Fiscalía especializada de Lavado, a cargo de Enrique Rodríguez. Las fuentes dijeron que las pericias aún no concluyeron.
Este martes, Gandini dio una conferencia de prensa en la que dijo que él y su familia se pondrán a disposición de la justicia y que no tienen “nada que ocultar”.
Defensora de los condenados: "La fiscalía investigó en 48 horas e hizo un muy buen trabajo"
La abogada Fabiana González Raggio, defensora de los tres condenados, dijo a El Observador que la fiscalía hizo un "muy buen trabajo". Destacó que en 48 horas, luego de detenidos los cuatro indagados, se hicieron pericias a los vehículos incautados y a los teléfonos.
Con respecto a Lucio Leiva, asesor y amigo del edil Gómez, la abogada dijo que no encontraron ninguna prueba en su teléfono que lo vinculara a la organización. Agregó que la pericia se hizo rápido porque él entregó enseguida su teléfono y el PIN. "¿Qué más se le puede pedir que haga la fiscalía?", señaló. Reiteró que no surgió ninguna evidencia en su contra.
Además afirmó que la vivienda en la que vive con su padre es una casa grande en espejo, que tiene la misma distribución hacia un lado y hacia el otro y "está llena de recovecos". González Raggio aseguró que el hijo "no estaba nunca, iba prácticamente a dormir", por lo que no es descabellado que no supiera de la actividad de su padre, quien declaró ante la fiscalía que no tenía actividad ninguna y omitió incluso decir que trabajaba con el edil Gómez.
Con respecto a los condenados, la defensora señaló que la pena que se les impuso "no fue un regalo" ya que son 2 y 6 años, las penas que habitualmente se aplican a esos delitos.
Gandini dijo que puede "documentar" la actuación del local de cobranzas
El dirigente blanco de Por la Patria dijo en la conferencia de prensa que dio solo en el Radisson que su esposa adquirió la titularidad de ese local hace 13 meses y que la información divulgada ponía en juego su "prestigio", pero también el "honor" de su familia.
Afirmó que Leiva era "vecino del lugar" donde está ubicado el local de cobranzas y los empleados lo conocen porque era "cliente habitual" desde antes que ellos lo adquirieran.
"Es vecino del lugar, cliente habitual de la zona y concurre al local no a cambiar dólares ni pesos o a hacer ninguna otra operación que no sea la de pagar —no todos los meses pero habitualmente— dos recibos del BPS correspondientes a dos empresas constructoras", explicó. Luego, ante algunas preguntas de los periodistas presentes, admitió que Leiva pagaba en efectivo facturas de cientos de miles de pesos y reconoció también que desde el Abitab lo llamaban los trabajadores para "pedirle cambio chico".
Luego dijo que hasta el momento ni él ni su esposa, ni los empleadas del local de la red de cobranzas han tenido "ninguna citación ni notificación de actuación policial o fiscal alguna".
"La situación entonces para nosotros es muy molesta, realmente muy molesta. Porque se ha dicho que esta persona iba ahí a cambiar dinero, a blanquearlo. No es cierto. Quizás esas facturas tengan que ver con alguna actividad que tiene como destino blanquear dinero. Yo no lo sé. Pero ahí lo que se hace es cobrar facturas".
Subrayó que la operativa de los locales de cobranza está sumamente controlada y vigilada y que está en condiciones de "documentar" todo lo que estaba diciendo. "No somos responsables de ninguna actividad ilícita. No conocemos a esta persona ni mi señora ni yo", dijo en relación a Leiva.
También se puso a disposición de la Fiscalía y de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). "Hace 41 años que estoy en la actividad pública, desde el 85, he pasado de todo, son las reglas de juego. Nunca esto. Ni en dictadura ni en democracia mi familia quedó involucrada ni mencionada como en este caso", lamentó.
La Operación Trazador
Leiva cayó luego de quedar grabado en una filmación recibiendo un paquete de parte del otro condenado al que le incautaron la droga. Siguiendo esa pista, la Policía allanó su casa y allí encontró millones de pesos en efectivo, por lo que se presume que el paquete que recibió contenía ese dinero.
En su domicilio no había droga, pero sí algunas municiones. La Operación Trazador permitió incautar de más de 260 kilos de pasta base (valuados en cerca de US$ 2 millones). Los investigadores presumen que la droga, que es proveniente de Paraguay, se distribuía en algunos barrios de Montevideo para el consumo interno.
También se incautaron $283.037, US$ 42.564y $ 2.954.840 y varias municiones que estaban en poder de Leiva, fue condenado por lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones. Deberá cumplir dos años y seis meses de penitenciaría.
Los otros condenados fueron Sebastian Latorre y su pareja. A él se le imputó tráfico ilícito de sustancias prohibidas en la modalidad de depósito y distribución agravado, tráfico interno de armas y municiones, receptación y lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia con una pena de 6 años y 6 meses de cárcel mientras que su pareja cumplirá tres años por asistencia al narcotráfico.
