ATSS considera que la decisión “es injusta y viola los derechos humanos fundamentales de los trabajadores”
La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) denunció públicamente la negativa de la administración del Banco de Previsión Social (BPS) a regularizar la situación de unos 40 trabajadores, pese a meses de negociación desde la asunción del nuevo directorio.
Según expresó el sindicato en un comunicado, al que accedió El Observador, durante ese período actuó “con responsabilidad, apertura al diálogo y voluntad de acuerdo” y presentó una propuesta que calificó como “razonable, jurídicamente viable y políticamente coherente”. ATSS sostuvo que no solicita “privilegios”, sino “justicia laboral” para funcionarios que, en algunos casos, llevan casi 20 años desempeñando funciones permanentes bajo condiciones que consideran de precarización.
La presidenta de la asociación, Karina Sosa, dijo este viernes a El Observador que el conflicto se remonta a la administración anterior, y la situación del grupo 19-02 "sigue siendo un tema más dentro de los otros que nos mantienen así", en referencia al conflicto.
La propuesta planteada por el gremio consistía en permitir que estos trabajadores pudieran concursar “en igualdad real de oportunidades”, sin la exigencia excluyente de secundaria completa al momento de la inscripción, pero con el compromiso de culminarla antes de la presupuestación en caso de superar el concurso. El sindicato señaló que existen antecedentes en la administración pública, como en UTE en 2023, donde se contempló una solución similar.
Sin embargo, en la última reunión celebrada en la segunda semana de febrero, la administración rechazó la iniciativa. Según ATSS, la respuesta fue que “es una decisión política”, lo que —afirma el sindicato— confirma que la exclusión “no obedece a impedimentos jurídicos ni técnicos, sino a una decisión deliberada”.
El grupo 19-02 está integrado por unas 40 personas que prestan funciones a través de empresas privadas. Para ATSS, habilitar su participación en el concurso bajo las condiciones propuestas no implicaría perjuicio para el resto de los aspirantes.
En el comunicado, el sindicato cuestiona la exigencia del requisito educativo para estos trabajadores mientras —según sostiene— el sistema político habilita designaciones en cargos de jerarquía sin exigencias equivalentes. “¿Cuál es el criterio? ¿Para quiénes rige la rigurosidad y para quiénes la flexibilidad? ¿Qué mensaje se envía cuando se protege al poder y se castiga al trabajador?”, señala el texto.
ATSS considera que la decisión “es injusta y viola los derechos humanos fundamentales de los trabajadores” y sostiene que negar la posibilidad de regularización a quienes han demostrado “durante años su idoneidad funcional” constituye “una forma de discriminación estructural que perpetúa la precariedad en el empleo público”.
El sindicato informó que solicitó ser recibido por el Directorio del BPS para fundamentar su propuesta antes del tratamiento del concurso de ingresos. Según indicó, el directorio se reunió el 11 de febrero sin recibir al gremio y resolvió sobre el llamado sin otorgar esa instancia previa.
ATSS anunció que continúa en conflicto y que lo sostendrá hasta que la decisión sea revertida. Además, reclamó que el tema sea elevado “al más alto nivel de negociación colectiva” y que se convoque a la Comisión de Legislación del Parlamento para analizar la situación. “No estamos ante una discusión técnica; estamos ante una definición política sobre qué modelo de Estado se quiere construir”, concluye el comunicado.
