Productores uruguayos plantean desde hace años que el país tiene buenas oportunidades de desarrollarse hacia el este si aprovecha las bondades naturales que tiene la unión de la Laguna Merín con la Laguna de los Patos a través del canal San Gonzalo en Brasil para sacar producción por Río Grande del Sur.
La hidrovía pasó del diagnóstico a la acción en enero de 2023 cuando Luis Lacalle Pou se reunió con Lula da Silva en Montevideo y el brasileño se comprometió a avanzar en el dragado de esas aguas mientras que el uruguayo asumió la construcción del nuevo puente sobre el río Yaguarón.
La idea, en ese entonces, era avanzar a toda velocidad pero inundaciones por intensas lluvias que afectaron al sur de Brasil los primeros meses de 2024 demoraron todo y recién ahora los vecinos adjudicaron el dragado, la obra clave para el desarrollo del resto de los proyectos.
Tras este avance, los papeles también comenzaron a moverse en Uruguay y la Intendencia de Treinta y Tres arrancó los trámites para pasar de rural a suburbano industrial el padrón 10.976 sobre el río Cebollatí a unos 8 kilómetros de la desembocadura en la Laguna Merín y próximo a La Charqueada.
Este predio de unas cuarenta hectáreas es donde pretende instalarse el Nodo Logístico Cebollatí (NLC), un proyecto que contempla la construcción y operación de una terminal portuaria fluvial multipropósito y un polo logístico industrial asociado.
Los documentos técnicos revisados por El Observador señalan que el objetivo principal es articular el transporte intermodal (terrestre y fluvial) de cargas a granel y contenerizadas para operar como un punto clave dentro de la hidrovía de la Laguna Merín.
El proyecto supone una inversión inicial de US$ 20 millones que llegará a los US$ 50 tras el cumplimiento de las fases siguientes. Se enfocará en movilizar producción arrocera, granos, productos forestales y suministros agroindustriales y mineros de la región este del país.
Se proyectan impactos socioeconómicos positivos como la creación de unos 60 empleos directos y 180 indirectos, además de una posible intensificación de la agricultura y la forestación en toda la región al facilitar y abaratar la exportación logística.
Además de pedir a la intendencia el cambio de padrón, los empresarios detrás del proyecto solicitaron recientemente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) la autorización para construir un puerto que contará con un muelle de atraque de hormigón armado, inicialmente de 60 metros y expandible en etapas futuras, diseñado para operar con barcazas fluviales, junto con explanadas operativas y equipos de manipulación y transferencia de carga.
El sector terrestre incluirá terminales de contenedores (incluyendo carga refrigerada), silos con capacidad para 8.000 m³ de granos, áreas de acopio para madera en rollos (7.110 m²), depósitos abiertos y cerrados, oficinas administrativas, aduana, y básculas de pesaje.
Dado su emplazamiento rural, el proyecto implementará una UPA que captará agua directamente del río, un sistema autónomo de saneamiento con depósitos impermeables para efluentes y una conexión de 500 kW a la red de media tensión de UTE.
Los reclamos
Si bien la iniciativa es celebrada por otros productores, genera rechazo en organizaciones sociales que consideran que la laguna no soporta mayores cargas y que un dragado del río impactará en sedimentos contaminados por años con fertilizantes y agrotóxicos.
La asamblea Hue Miri dio a conocer un documento con un posicionamiento crítico frente al proyecto en el que señala que es imposible recategorizar el suelo ya que el reciente decreto 128/2026 lo prohíbe al estar comprendido dentro de un área de "humedales de importancia ambiental".
A su entender, la ubicación del polo logístico es incompatible con las figuras de conservación de la zona que incluyen una reserva de biósfera de la Unesco y la vecina reserva departamental "Isla del Padre" en Rocha.
Respecto a los impactos ambientales, el grupo considera que no se respetará el patrimonio arqueológico e histórico en la región, incluyendo "Cerritos de Indios", sepulturas, lugares de memoria ancestral y patrimonio subacuático.
Para la organización, el proyecto tendrá también perjuicios a la economía local ya que afectará directamente el sustento de unas 100 familias (400 personas) dedicadas a la pesca artesanal e impactará negativamente en el ecoturismo comunitario y en los espacios de recreación de los vecinos de La Charqueada y Cebollatí.
La otra mirada
En la presentación del proyecto, los empresarios detrás de NLC reconocieron que provocará una serie de efectos ambientales significativos que requerirán medidas de mitigación y monitoreo continuo.
En este sentido, mencionaron que para proteger las infraestructuras de las inundaciones frecuentes en la zona, se realizarán importantes movimientos de suelo, construyendo terraplenes que elevarán la cota del terreno.
A su vez, mencionaron que el polo logístico atraerá un alto flujo de camiones de carga pesada a la zona. Este tránsito inducido incrementará el riesgo de accidentes viales, aumentará las emisiones de gases de combustión y elevará los niveles de ruido y vibraciones, tanto en rutas nacionales como en caminos vecinales y tramos suburbanos.
También establecieron que el entorno pasará de ser un espacio predominantemente rural y agropecuario a consolidar un perfil logístico-portuario e industrial. Aunque esto supone la introducción de elementos visuales contrastantes (silos, muelles, embarcaciones), el proyecto sostiene que podría generar un nuevo interés visual sin afectar gravemente la actividad turística tradicional de la cercana Isla del Padre.
