Entre las repercusiones de la oposición, la senadora nacionalista Graciela Bianchi escribió en su cuenta de X: "En los países serios y republicanos esta decisión determina la renuncia inmediata del ministro".
Por su parte, el diputado nacionalista Federico Casaretto respaldó la resolución presidencial, pero criticó la demora y apuntó directamente contra la titular del MSP: "Nosotros le habíamos mandado hace un par de meses varios diputados una solicitud al presidente en este sentido. Creo que ha pasado mucho tiempo en el cual esta familia ha sufrido enormemente. Todas las cosas que hoy se argumentan son las que varias veces en comisiones se le dijo a la propia ministra y a los asesores y no escuchó", dijo en rueda de prensa.
Casaretto remarcó que la medida presidencial dejó a la ministra en una posición comprometida: "El presidente de la República acaba de desautorizar a una secretaria de Estado". En ese marco, agregó que tanto Lustemberg como el equipo jurídico que intervino "no pueden seguir en el cargo" debido a que "no dan las garantías", y concluyó en redes sociales: "Bien Orsi. Lustemberg se tiene que ir".
El giro de Presidencia y los fundamentos del caso
La revocación resuelta por Orsi tomó en cuenta nuevos elementos incorporados al expediente, entre ellos la sentencia del 18 de diciembre de 2025, que condenó a Miralles como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable y un informe pericial del Departamento de Medicina Legal. La resolución también consideró otros antecedentes que no habían sido contemplados al momento de disponerse la rebaja de la pena.
La sanción administrativa original se había impuesto a raíz de la actuación de la anestesista durante la intervención quirúrgica de la pediatra Soledad Barrera, quien sufrió un paro cardíaco durante una intervención quirúrgica el 26 de octubre de 2023 y falleció en agosto de 2024. Lustemberg había dispuesto acortar la inhabilitación de cinco a tres años tras atender un recurso interpuesto por la profesional, una medida que ahora quedó sin efecto por orden directa del Poder Ejecutivo.
En junio dijo que "no hubo intención de favorecer a Miralles"
Antes del desenlace resuelto por el presidente, Lustemberg había defendido en reiteradas ocasiones su postura, descartando haber tomado una decisión equivocada y afirmando haber actuado con "fundamentos de tipo jurídico" y técnicos.
La primera de esas instancias tuvo lugar el 16 de junio, cuando la ministra concurrió a la Comisión de Salud Pública del Senado. En esa sede parlamentaria explicó que su intervención se limitó a laudar el recurso jerárquico presentado por la anestesista contra el fallo de la Comisión Honoraria de Salud Pública: "La única vez que intervine en este tema fue a raíz de la consideración del recurso jerárquico interpuesto por Miralles contra la resolución de la Comisión de Salud Pública", consignó en aquel momento El Observador.
Lustemberg argumentó que la resolución ministerial mantenía la responsabilidad de la profesional, pero adecuaba el período de inhabilitación sobre la base de criterios de "discrecionalidad, proporcionalidad, razonabilidad e individualización de la sanción". En esa línea, remarcó: "Los aspectos por los cuales se entendió que debía abatirse el quantum sancionatorio se refirieron fundamentalmente a los principios de discrecionalidad, proporcionalidad, razonabilidad y de individualización de la sanción. Es decir, fundamentos de tipo jurídico y no del fondo del asunto".
Asimismo, negó cualquier vínculo personal o beneficio hacia la acusada: "No hubo en este caso ningún tipo de apartamiento de las normas y mucho menos una intención de favorecer en algún sentido a la Dra. Inés Miralles". A su vez, cuestionó que la atención se concentrara solo en esa sanción y advirtió omisiones previas en el sistema: "¿Cómo puede ser que la Comisión de Salud Pública no tenga potestades, por ejemplo, para disponer una inhabilitación preventiva? (...) No puede ser que los prestadores no comiencen de manera inmediata una investigación interna cuando ocurre un evento de estas características".
En setiembre descartó una decisión errónea y supeditó su continuidad a Orsi
Meses más tarde, el 24 de setiembre, la jerarca volvió a respaldar el accionar del ministerio durante una entrevista en el programa Desayunos Informales de Canal 12, donde aseguró que resolvió en función de un "informe jurídico" y de "antecedentes de otros casos".
Consultada acerca de si hubiera adoptado otra postura con los datos que poseía entonces, Lustemberg respondió de forma negativa: "No, creo que tomé una decisión dentro de un procedimiento administrativo y, como les digo, hoy mi decisión se está analizando por estas dos vías institucionales, que los prevé nuestro ordenamiento jurídico". No obstante, admitió la aparición de información superpuesta en revisiones posteriores: "Hoy sí estamos evaluando otras cosas que quizás no las tenía en el momento de la decisión. Han surgido, en la medida que el expediente lo fuimos evaluando, otras condiciones".
En esa misma entrevista descartó haber cedido a presiones gremiales o de "lobby" e insistió en que su fallo respondió exclusivamente a herramientas jurídicas. Respecto a si dejaría su cargo si el Ejecutivo revocaba su decisión, la ministra había manifestado que aceptaría la determinación y que la definición final estaba en manos del mandatario:
"Con los argumentos que sea, por supuesto. Cuando uno está en una función pública, tiene que saber corregir o garantizar (…) No tengo nada que ocultar y no está condicionada mi carrera de vocación y de servicio público, que siempre he sido totalmente transparente; he cometido errores, como puede cometer cualquier persona, y siempre voy a poner mi función pública y mi responsabilidad ante cualquier hecho. Y la decisión la toma el presidente de la República".