La empresa Buquebus presentó a mediados de agosto un recurso de revocación jerárquico ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) pidiendo que se anule la resolución de esa cartera, con fecha del 30 de julio, que autorizó a Colonia Express a operar la ruta fluvial que une a Montevideo y Buenos Aires.
Según el texto al que accedió El Observador y que fue publicado en primera instancia por el semanario Búsqueda, el recurso plantea al menos siete argumentos por los cuales Buquebus entiende que se debe anular esta habilitación y denegarle el prermiso otorgado a Colonia Express.
Y pide, en caso de que no se revoque la resolución, que "se condicione de manera expresa y rigurosa" a Colonia Express a que acredite que el puerto de Montevideo tiene "condiciones reales de operabilidad para dos operadores simultáneos", que antes de aprobar de forma definitiva las frecuencias se acuerde entre las empresas "el precio por el uso del pontón" (la plataforma que sirve para cargar y descargar vehículos en la bodega de los buques) y que se le establezca a la empresa "un plazo perentorio para la incorporación de tecnología de propulsión equivalente o superior a la del buque 'Francisco' (GNL o eléctrica), bajo apercibimiento de caducidad de la autorización".
Los argumentos de Buquebus
Uno de los argumentos centrales de la empresa de Juan Carlos López Mena se basa en el cuidado ambiental, dado que uno de sus buques, el Francisco, utiliza gas natural licuado (GNL), y el más nuevo (cuya llegada se espera para los próximos días y que unirá Colonia y Buenos Aires), de nombre China Zorrilla, es 100% eléctrico.
Buquebus sostiene que es deber del Estado "proteger el medio ambiente" y "propiciar un modelo de desarrollo sostenible". De esta manera, contrapone ese mandato con la autorización para operar otorgada a un buque, el Montevideo Express (de Colonia Express), "de tecnología de 1995, sabiendo que existe en el mismo mercado una tecnología que reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero".
Autorizar la circulación de un buque —en este caso el Montevideo Express— que funciona en base a combustibles fósiles sería una "decisión que contradice frontalmente el deber constitucional y legal de propiciar el desarrollo sostenible".
A raíz de esta diferencia en la energía utilizada, Buquebus alega que los costos operativos de un buque de 1995 a combustible son "significativamente inferiores" en comparación con el GNL o la propulsión eléctrica.
"Esa diferencia de costos no responde a eficiencia legítima sino a la utilización de una tecnología ambientalmente inferior. Configura una forma de competencia desleal que el Estado no puede amparar cuando, al mismo tiempo, como venimos de ver, exige a los operadores 'mejorar los estándares de seguridad y confort' y 'realizar un esfuerzo permanente de inversión, mantenimiento y modernización'", indicó Buquebus, citando una resolución del MTOP de setiembre de 2006.
La "obsolencia tecnológica" de un buque que "exhibe antecedente para desguazado" supondría introducir en el mercado a un "competidor con costos inferiores" a los que tiene Buquebus, lo cual "alteraría la ecuación económica-financiera del permiso existente, amenazando su viabilidad y configurando una afectación inconstitucional a derechos adquiridos".
Buquebus también señala que el Muelle Maciel, el único del puerto de Montevideo operativo para el transporte de pasajeros, "presenta un grave deterioro estructural" que fue reconocido por la propia Administración Nacional de Puertos en diciembre de 2024.
Archivo. Colonia Express
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Otro de los planteos apunta a la falta de necesidad del mercado. Buquebus sostiene que la ruta Montevideo–Buenos Aires "se encuentra adecuadamente atendida" y que "la demanda no justifica la entrada de un nuevo operador con tecnología inferior".
En esa línea, afirma que los estudios de factibilidad presentados por Colonia Express "adolecen de errores conceptuales graves", entre ellos "confusión entre oferta y demanda, precios incorrectos, proyecciones de crecimiento no respaldadas". Y advierte que la incorporación de un competidor con menores costos "no expandirá el mercado; simplemente diluirá la demanda existente, afectando la viabilidad del servicio de mayor estándar ambiental y de calidad".
El recurso también cuestiona el rol que asumió el ministerio al otorgar la habilitación. Buquebus argumenta que el MTOP "no es un simple homologador de solicitudes de particulares y controlador del cumplimiento de requisitos meramente formales", sino que "tiene a su cargo todo el establecimiento de la política portuaria y el control de su ejecución".
Sobre esa base, plantea que la cartera "debe cumplir y hacer cumplir los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia ambiental y, en especial, en el ámbito de la lucha contra los efectos adversos del cambio climático", aspectos que —a su entender— debieron evaluarse antes de habilitar la línea.
Por último, la empresa alega una violación del debido procedimiento. Según Buquebus, "en este expediente no surge un análisis o valoración de las pruebas diligenciadas", algunas de ellas referidas a "cuestiones de seguridad portuaria y de operabilidad del puerto de Montevideo". Para la empresa, el hecho de que "la administración no se expide acerca de las pruebas que aceptó y diligenció" alcanza por sí solo para anular lo actuado.
