La Caja Militar suspendió el pago de pensiones a cuatro exmilitares que estaban requeridos por la Justicia por causas de violación a los derechos humanos tras la denuncia penal presentada por el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe quien advirtió por "irregularidades" en el cobro de estos pagos.
Además de estos cuatro casos, que fueron informados en primera instancia por TV Ciudad, hay otros que están en proceso de suspensión. En total hay un 10 prófugos a los que se le podría replicar esta cancelación, confirmaron desde la Fiscalía a El Observador, sin precisar quiénes son los cuatro a quienes se les suspendieron los pagos.
La Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad había denunciado penalmente a principios de mayo que los exmilitares Roberto Freddy Amorín Maciel, Tabaré Camacho y Jorge Grau estaban prófugos en el exterior y seguían cobrando pensión. En los tres casos tiene la presunción de delitos de fraude, encubrimiento, desacato y violación de deberes inherentes a la función pública.
"Los militares para cobrar una pensión tienen que vivir en Uruguay, de lo contrario tienen que presentar un certificado de vida. Lo tienen que hacer en un consulado. Concomitantemente con ese oficio a la pensión y retiro, nosotros oficiamos a Cancillería poniendo en conocimiento la situación para que si se presenta el militar prófugo se comuniquen enseguida con Interpol y lo detengan", contó Perciballe.
"El Servicio de Pensiones y Retiros pese a los informes del Poder Judicial, no solo no exigieron certificado de vida y no solo se constituyeron en el domicilio, además le siguieron pagando como si nada. Entendemos que eso es pasible de ser investigado", añadió.
Además, según el fiscal, la Cancillería de la República fue puesta en conocimiento de que "hubo dos cónsules que pese a tener conocimiento de que (los exmilitares) estaban prófugos, también dieron el certificado de existencia de vida".
Por uno de estos casos, el de Miami, se informó que la Cancillería abrirá una investigación administrativa. El pasado 11 de febrero el consulado de esta ciudad norteamericana expidió al exmilitar de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) Amorín Maciel una constancia de vida "para el cobro de su jubilación/pensión ante la Caja Militar".
Sobre él pesa una orden de captura nacional e internacional. Está investigado por la desaparición del militante comunista Arpino Vega en 1974, así como por torturas en la base de Boiso Lanza de la FAU.
