El astillero español Cardama inició un arbitraje internacional contra Uruguay por la rescisión del contrato resuelta por el gobierno de Yamandú Orsi para anular la adquisición de dos patrullas océanicas (OPV por sus siglas en inglés) por 82 millones de euros, confirmaron fuentes del Ejecutivo a El Observador.
El Poder Ejecutivo fue notificado de esta decisión el lunes 11 de mayo, informó en primera instancia el semanario Búsqueda. La demanda se presentó ante el tribunal de la Cámara Internacional de Comercio (CIC) con sede en París.
Según supo El Observador, el Poder Ejecutivo ya se encuentra trabajando en la defensa y prevé que el Estado sea representado en el arbitraje por el estudio español Uría Menéndez.
Las fuentes señalaron que era "previsible" que Cardama intentara un mecanismo para "evadir" la jurisdicción uruguaya, pero en el gobierno están confiados en que el arbitraje laudará que no tiene "jurisdicción" para resolver el tema.
El astillero español presentó la demanda basándose en el artículo 39 del contrato firmado con el Estado uruguayo, referido a aspectos técnicos constructivos, y no especificó en su reclamo el monto económico que pretenderá cobrar.
El artículo 39 en cuestión establece que "si se presentase cualquier diferencia de opinión entre las partes con relación a asuntos técnicos" que no pudieran ser decididas por la sociedad de clasificación –Lloyd's Register–, el asunto "será sometido a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y se resolverán finalmente conforme a las Reglas de Arbitraje" de dicho organismo. El lugar del arbitraje será en París y el idioma empleado será el español.
Por otro lado, para "cuanto litigio y controversias se deriven de la interpretación, aplicación y ejecución" del contrato, el caso será sometido "a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Montevideo".
A nivel local, Cardama no recurrió la rescisión del contrato, lo cual había llevado al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, a afirmar que el acto quedaba "firme" y la rescisión era "definitiva".
Esto habilitaba al Estado a continuar en su reclamo por daños y perjuicios, demanda que el Ministerio de Defensa Nacional está redactando por estas horas, informaron desde el gobierno.
Por lo anterior, en Torre Ejecutiva aseguran estar "tranquilos" pese a la noticia y catalogan de "chicana" la acción promovida por el astillero en busca de evadir la jurisdicción uruguaya.
