La comisión del Parlamento que investiga la compra de las OPV al astillero gallego Cardama resolvió citar al excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, el lunes 27 para preguntarle acerca del proceso de adquisición ocurrido entre 2020 y 2025 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
La decisión, promovida por el Frente Amplio bajo el argumento de que es necesario continuar de forma “cronológica” con el análisis, se impuso a una idea que tenía la oposición de postergar la visita de Wilson y esperar a que el Ministerio de Defensa envíe toda la información que ha sido solicitada.
Defensa ha ido entregando documentación en pendrives y cds aunque la mayoría está clasificada como reservada, criterio que la oposición ha cuestionado.
Pese a esto, en el material enviado no aparece “cómo surgió” la oferta de Cardama que se terminó aceptando. Según supo El Observador, los documentos comienzan con un expediente del 31 de mayo de 2023 en el que Wilson le “recomienda” a Defensa comprar las OPV propuestas por este astillero.
Previamente, tal como informó El Observador en su momento, el mano derecha del comandante, Marcelo da Silva, se había comunicado por teléfono con diferentes astilleros para pedirles que presentaran ofertas solamente con dos requisitos: que tuvieran un desplazamiento igual o mayor a 1.500 toneladas y que contaran con cubierta de vuelo y hangar para los helicópteros de la Aviación Naval (AB-412).
Salvo adjuntos puntuales, esos intercambios no surgen de la información enviada, dijeron legisladores a El Observador.
En la carta, Wilson subraya que recibieron ocho propuestas, de las cuales hubo dos que no cumplieron con los requisitos planteados, y que la más conveniente era la de Cardama.
Asesores del Frente Amplio que están estudiando el tema quieren determinar con Defensa si la información no llegó porque no existe o porque aún no fue suministrada por la Armada.
A su vez, legisladores consultados transmitieron que este será uno de los “asuntos centrales” que le preguntarán a Wilson cuando vaya al Parlamento.
Dentro de los documentos que recibió la comisión este lunes está la investigación administrativa realizada por Servicio Civil que derivó en un sumario al exdirector de Recursos Financieros de Defensa, Damián Galó. La investigación todavía está en curso ya que fue ampliada por “contradicciones” entre Wilson y el contralmirante José Ruiz acerca de la aprobación del “segundo hito” tras la presentación del plano de la cuaderna maestra.
En esa investigación, el exjefe del Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, que pasó a retiro por sus discrepancias sobre el proceso, dijo que la cúpula de la Armada se enteró de la existencia de una propuesta de Cardama a principios de abril de 2023, por un “cuadernillo” de 20 páginas con “ciertas características técnicas” que entonces García le entregó a Wilson.
“Esa fue la primera oferta, por llamarla de alguna manera. Ni la Armada ni el MDN habían llamado a un nuevo proceso licitatorio para la adquisición de patrulleros oceánicos”, recordó el contralmirante, según informaron La Diaria y Eduardo Preve semanas atrás.
El “cuadernillo” de Cardama proponía un buque “extremadamente básico”, que no cumplía “con la mayoría de los requisitos que habían solicitado en la licitación anterior”. “Por eso fue rechazado. Luego de eso, se efectuaron comunicaciones a astilleros que hubieran producido OPV a efectos de que presenten nuevas propuestas, basadas en tres requisitos, bajando notoriamente las más de 80 características que se habían solicitado en la licitación anterior”, repasó Musso.
En este sentido, en una entrevista con Desayunos Informales, el exsubsecretario de Defensa, Rivera Elgue, que presidió la “comisión asesora” de la compra y fue al astillero a visitarlo había declarado que a él la propuesta de Cardama le llegó por el ministro Javier García sin dar más detalles.
Discusión sobre la confidencialidad
En la sesión de este lunes, los diputados Joaquín Garlo (FA) y Pablo Abdala (PN) protagonizaron un cruce porque la mayoría de la información enviada por Defensa tiene declaración de confidencialidad.
Tras el intercambio, se acordó pedir un informe a Jurídica del Parlamento para que aclare el alcance de esta clasificación.
Garlo defendió la reserva señalando que obedecía a que el contrato firmado por García y Cardama establece que toda la información es secreta, mientras que Abdala consideró absurdo que se mantuviera este criterio.
“Es ilegal declarar confidencial todo al barrer”, dijo Abdala a El Observador y reconoció que en el fragor de la discusión llegó a decir que estaba analizando pedirle a su partido que lo relevara de integrar la comisión debido a las dificultades que generaba la clasificación de la información para trabajar.
