El ministro del Interior, Carlos Negro, sorprendió la semana pasada al anunciar en el Parlamento que el gobierno resolvió utilizar vehículos Mamba del Ejército para asistir a la policía en algunos barrios de Montevideo.
“Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional que está muy avanzado para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones”, dijo.
El jerarca señaló que eran doce vehículos que iban a estar “a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional”. “Serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad y afectados a los operativos Dominio y Atenea”.
Tras esto, el presidente Yamandú Orsi agregó en Paysandú que estaban viendo cuál era la “mejor forma jurídica” de resolver y que evaluaban si era viable que los militares pasaran en comisión a Interior para cumplir las funciones.
Según supo El Observador por fuentes políticas y militares, la opción de reforzar el patrullaje estaba arriba de la mesa del gobierno tras advertir un déficit en los blindados de la policía y el poder de fuego de algunos grupos armados.
En este sentido, en las conversaciones entre ambos ministerios, Defensa propuso primero la cesión de otros vehículos más livianos que podían ser manejados por policías. Sin embargo, esta opción no termina de cuadrar en Interior, que prefiere los Mamba aunque tengan que ser comandados por soldados. De hecho, la policía espera para dentro de unos seis meses nuevos blindados similares a los que ya usa.
Dando por sobreentendido el conocimiento de esta discusión interna –que Negro dio por cerrada pero Sandra Lazo la consideró abierta– Orsi dijo este martes que había “algunas” opciones que necesitaban personal del Ejército y “otras que de repente pueden ser conducidas por gente del Ministerio del Interior".
Más allá de esto, un asunto de conversación en la interna del gobierno refiere a que los vehículos fueron donados por Estados Unidos en el marco de la Iniciativa de Operaciones Globales de Mantenimiento de la Paz (GPOI) del Departamento de Estado.
La resolución, firmada en 2024 por Luis Lacalle Pou y Javier García, reconoce que el “propósito del donante es colaborar” con el Ejército en las misiones de paz, por lo que ahora hay integrantes del oficialismo que se preguntan si es necesaria una nueva que modifique el uso de los bienes o si alcanza con una comunicación informal que bien puede ser realizada por Orsi al embajador Lou Rinaldi con quien tiene un muy buen vínculo.
Actualmente, la policía recibe apoyo de la Fuerza Aérea en algunos operativos específicos, principalmente cuando sus helicópteros no están funcionando.
A estos asuntos se suma la posibilidad de que los militares que hagan esta tarea reciban una compensación, algo que ya ocurre con quienes están en los perímetros de cárceles o hacen patrullaje de frontera.
Tomando la experiencia de estos dos casos, desde la oposición señalaron que se necesita un marco legal específico que dé resguardo a la actuación de los militares. “En líneas generales la ley los autoriza, pero no alcanza. Tiene que haber una específica y un protocolo de actuación”, dijo el exministro García, que también pidió que estén armados para poder repeler un delito.
El senador recordó que los militares comenzaron a estar en el perímetro de las cárceles durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, momento en que no se hizo ninguna norma pero luego hubo que actuar de “apuro” –con un decreto y una ley– para evitar que un soldado fuera a prisión por dispararle a un preso que se estaba escapando.
El artículo 20 de la ley marco de Defensa Nacional dispone que “en tiempos de paz y bajo autorización expresa” los militares podrán “prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública les sean solicitadas y sin que ello implique detrimento en el cumplimiento de su misión fundamental”.
A su vez, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas señala en su artículo 24 que “en el marco de sus competencias y en forma conjunta con otros órganos del Estado”, los militares pueden efectuar “las acciones que les encomiende el Poder Ejecutivo en áreas que por su especialidad, conveniencia o relevancia fueran de interés público”.
Por último, la ley de vigilancia en la frontera excluye en el artículo 2 los “centros poblados” de las zonas que pueden ser patrulladas por los militares. Esta ley establece específicamente que el marco de actuación son los veinte kilómetros desde la frontera y autoriza a los militares a realizar patrullajes, identificación de personas y control de vehículos, y detener a personas en “caso de flagrante delito”.
