La Justicia condenó este miércoles a Marcos Ledesma, pareja de Jairo Larrarte, a 24 meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida en calidad de cómplice, tras un acuerdo alcanzado entre su defensa y la Fiscalía de Delitos Económicos, que había sido adelantado por El Observador.
Según la sentencia, dictada por la jueza suplente Naama Cóccaro, Ledesma deberá cumplir 10 meses de prisión efectiva y los 14 meses restantes bajo el régimen de libertad a prueba. Durante ese período deberá fijar domicilio en Cerro Largo, donde vive, someterse al control de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), presentarse semanalmente en una seccional policial y cumplir arresto domiciliario nocturno durante cuatro meses. Luego, deberá realizar cuatro horas semanales de servicio comunitario durante cuatro meses.
La Fiscalía acusó a Ledesma como cómplice de un delito continuado de apropiación indebida, en grado consumado y a título de dolo directo. La jueza consideró que la pena solicitada estaba dentro de los márgenes legales y que correspondía admitirla.
El cuestionamiento de las víctimas
Durante la audiencia, el abogado de las víctimas, Juan Pablo Decia, cuestionó el acuerdo alcanzado entre Fiscalía y la defensa de Ledesma y sostuvo que las víctimas "no se sienten representadas ni tuteladas" por la resolución.
"Las víctimas no se sienten representadas ni tuteladas en sus derechos por este acuerdo. Es más, están indignadas. Sienten que el Estado les falló nuevamente”, afirmó Decia.
El abogado sostuvo que, a su entender, la participación de Ledesma en la maniobra investigada fue de mayor relevancia que la que finalmente quedó reflejada en la imputación. Según planteó, Ledesma era socio y pareja de Jairo Larrarte y "diseñó y participó en la maniobra delictiva junto con Jairo desde el principio y hasta el final".
En ese sentido, cuestionó que la respuesta penal para Ledesma haya sido una condena de 24 meses, con 10 de prisión efectiva y 14 de libertad a prueba, frente al perjuicio que, según sostuvo, alcanzó a cientos de inversores. "Probado está que desde su lugar contribuyó material y formalmente a estafar a cientos de familias uruguayas en más de 15 millones de dólares", afirmó Decia.
El abogado también cuestionó el lugar que las víctimas ocuparon durante la negociación del proceso abreviado, en especial, remarcó que la Justicia le está dando "un mensaje" a la sociedad que "no es bueno, sino que, y muy por el contrario, no es para nada auspicioso y me animaría hasta decir que es peligroso", aseguró.
Decia sostuvo que las víctimas no tuvieron participación en la elaboración del acuerdo y cuestionó que tampoco cuenten con herramientas para impugnarlo: "Finalmente nos preguntamos: ¿Para qué se cita a la víctima a esta audiencia? ¿Para hacer catarsis como estamos haciendo?", planteó.
"No podemos impugnar, no podemos participar siquiera en la gestación del acuerdo, no podemos hacer en definitiva absolutamente nada contra esto que consideramos una profunda injusticia. Este es el rol que el proceso penal le da a la víctima, un rol nulo, que claramente tiene que cambia", concluyó.