Bajo el lema "construir sin destruir", el Partido Nacional (PN) divulgó en las últimas horas un documento a la opinión pública cuestionando el accionar del actual gobierno.
"A un año del inicio del gobierno de Yamandú Orsi comienza a consolidarse una percepción cada vez más visible: una parte relevante de la energía política del Ejecutivo ha estado concentrada en revisar, revertir o desmontar decisiones adoptadas por la administración anterior antes que en consolidar una agenda propia orientada al futuro", comenzaron cuestionando en el escrito que fue divulgado en primera instancia por el expresidente Luis Lacalle Pou.
Desde filas blancas entienden que la "alternancia democrática" permite la "corrección de políticas" públicas; sin embargo, apuntan que lo que no legitima es la "desarticulación sistemática de decisiones previas cuando esa marcha atrás no está acompañada por alternativas superiores en calidad, eficacia o estabilidad".
En cuanto a esto, criticaron la decisión de "abandonar el proyecto Neptuno", la suspensión de la reglamentación de la Ley de Medios aprobada al final del gobierno de Lacalle Pou, la derogación del marco regulatorio que ordenaba la educación terciaria privada y la posterior revisión de autorizaciones definitivas otorgadas a instituciones, la rescisión del contrato con el astillero Cardama o el cambio de metodología de fijación de precios de los combustibles, entre otras.
"Uruguay ha construido su estabilidad sobre continuidad institucional y certidumbre jurídica. Debilitar esos activos tiene costos que exceden el debate partidario", sostuvieron.
Por otra parte, señalaron la existencia de una "brecha" entre las "promesas" planteadas en campaña y la "gestión" del gobierno.
"Durante la campaña se afirmó reiteradamente que no habría aumentos impositivos como instrumento de gestión. Sin embargo, el primer tramo de gobierno ha incorporado incrementos y ajustes tributarios que contrastan con ese compromiso (gravando rentas del capital y del exterior, incluyendo cambios en el IRPF, IRAE, IRNR, zonas francas, la implementación del Impuesto Mínimo Global y el impuesto TEMU). La discusión no es exclusivamente técnica ni fiscal: es institucional. La palabra empeñada constituye un componente esencial del contrato político con la ciudadanía", manifestaron.
En materia de seguridad se refirieron a la promesa de incorporar 2 mil nuevos efectivos policiales y criticaron que, a un año de gestión, "ese compromiso no muestra avances equivalentes a la expectativa generada".
"A estas inconsistencias se suma otro elemento relevante: la distancia entre las promesas programáticas y su viabilidad real. Parte del programa presentado durante la campaña incluía compromisos de gasto y expansión estatal que ahora son calificados como 'impagables' por el propio gobierno, y cuya implementación ha demostrado carecer de sustento financiero razonable (educación, seguridad, ciencia y tecnología entre otros)", continuaron.
"Más allá del debate técnico, lo relevante es el impacto político: cuando las propuestas formuladas para obtener respaldo electoral resultan materialmente inviables, la conclusión inevitable es que la ciudadanía fue convocada a decidir sobre bases que no podían cumplirse en los términos anunciados. En otras palabras, fueron engañados", agregaron.
Después, cuestionaron que la actual gestión, "lejos de exhibir una hoja de ruta clara", ha decidido derivar en "la apertura sucesiva de instancias de diálogo, mesas de trabajo y ámbitos de discusión sobre múltiples áreas estratégicas".
"El diálogo es valioso cuando complementa un rumbo definido; pero cuando sustituye la toma de decisiones o la planificación previa, evidencia una carencia de preparación programática. La acumulación de procesos deliberativos sugiere que el esfuerzo principal estuvo orientado a ganar la elección y no a estructurar un plan de gobierno listo para ser ejecutado", aseguran.
Tras esto, apuntaron contra el trabajo en materia económica y fiscal, las decisiones en materia laboral y salarial, la falta de "acción" en materia de seguridad pública, la existencia de una política exterior "menos independiente y más condicionada por afinidades ideológicas" y la presencia de una "tendencia preocupante a restringir el acceso a información pública relevante mediante la clasificación o reserva de actuaciones que, por su naturaleza, deberían estar sometidas al escrutinio ciudadano".
"Las señales observadas en infraestructura, regulación, política social, inserción internacional, mercado laboral, transparencia y seguridad no muestran la consolidación de un rumbo propio claramente definido. En su lugar, predomina una dinámica donde la energía política se orienta a desandar decisiones heredadas sin que emerjan alternativas más eficaces, más robustas o más sostenibles", manifestaron.
"Gobernar implica construir sobre lo existente, no reiniciar permanentemente. Implica asumir responsabilidad por el futuro más que administrar el pasado. El desafío del actual gobierno no reside en demostrar que lo anterior estaba equivocado, sino en evidenciar que posee un proyecto superador, coherente y ejecutable. Uruguay necesita dirección, no revisión; ejecución, no pausa; construcción, no demolición", añadieron para cerrar.
