El gobierno presentó una Estrategia Nacional de Control de Armas y Municiones que incluye nuevas restricciones para la tenencia de pistolas, límites a la compra de municiones y la prohibición de armas fabricadas mediante impresión 3D. El objetivo es reducir el desvío de armas hacia la delincuencia y disminuir la letalidad de la violencia.
Según el documento, cerca de siete de cada diez homicidios en Uruguay se cometen con armas de fuego. Entre 2013 y 2025 se denunciaron unos 16.000 hurtos de armas, mientras que los casos de tenencia y porte ilegal se duplicaron.
La estrategia combina cambios legislativos aprobados en la Rendición de Cuentas, un decreto de control de armas y municiones y mejoras en la coordinación entre organismos del Estado.
Un máximo de dos pistolas por usuario
El decreto contempla mantener el límite general de ocho armas por usuario, pero establecer un máximo de cuatro armas cortas o de puño, de las cuales hasta dos podrán ser pistolas. La propuesta, a la que accedió El Observador, fundamenta esta medida en el riesgo de desvío hacia mercados ilegales y su utilización en delitos.
Los nuevos límites no se aplicarán a quienes, al entrar en vigor el decreto, ya tengan una cantidad superior de pistolas o armas cortas legalmente registradas.
También se prevé prohibir la importación, fabricación, ensamblaje, adquisición y utilización de armas y componentes producidos mediante tecnologías digitales, incluidas las armas fabricadas con impresión 3D.
Límites para comprar municiones
La propuesta crea dos categorías del Título de Habilitación para la Tenencia de Armas (THATA): una para usuarios regulares y otra para usuarios intensivos.
La adquisición de municiones tendrá límites diferenciados según la categoría, con excepciones específicas para tiradores federados. El documento no detalla cuáles serán esos topes, aunque señala que los correspondientes a usuarios intensivos fueron acordados con asociaciones del sector.
Según los diagnósticos citados en el documento, Uruguay es el único país del Mercosur que no establece límites cuantitativos para la compra de municiones por civiles.
El decreto también contempla regular la compra, tenencia, comercialización, almacenamiento y recarga de municiones, pólvora y fulminantes. La compraventa de municiones entre particulares quedará habilitada en circunstancias excepcionales y bajo condiciones reguladas.
Más controles sobre armas y municiones
Otra medida es el marcaje obligatorio de las municiones utilizadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para mejorar su identificación y seguimiento.
Además, se exigirá que las armas importadas cuenten con marcas ajustadas a estándares internacionales. Se prohibirá la importación de aquellas cuyo marcaje se haya realizado exclusivamente mediante láser cuando eso comprometa su trazabilidad.
Los importadores de municiones y componentes deberán entregar muestras al Departamento de Balística Forense de la Policía Nacional para su registro y caracterización. También se exigirán marcas de identificación en los envases y embalajes de municiones importadas.
La propuesta incluye un procedimiento permanente para regularizar armas no registradas, siempre que no tengan números de serie alterados o eliminados ni estén vinculadas a actividades ilícitas.
Mayores sanciones e intercambio de información
Según la propuesta, los cambios aprobados en la Rendición de Cuentas aumentan las sanciones por tenencia y porte irregular de armas en espacios públicos, alteración o eliminación de números de serie, tráfico interno e internacional y omisión de denuncia por robo o extravío.
También regulan el uso de armas de gas o aire comprimido y de armas electromagnéticas portátiles.
Por otra parte, el Sistema Integrado de Control de Armas de Fuego (SICAF) permitirá intercambiar información en tiempo real entre el Ministerio del Interior y el Servicio de Material de Armamento del Ministerio de Defensa Nacional. Comprenderá datos sobre armas, usuarios, antecedentes y armas hurtadas o extraviadas.
La estrategia recoge diagnósticos de la OEA, el BID y el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR), que identificaron vacíos normativos y dificultades de fiscalización, trazabilidad e intercambio de información.
