La justicia uruguaya condena sin pruebas a los militares que actuaron en la dictadura. Esa fue la principal crítica que dos abogados defensores de los militares realizaron el miércoles en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, durante un foro sobre Uruguay organizado por eurodiputados de ultraderecha.
“Se está procesando sin pruebas, directamente no existe prueba”, dijo Graciela Figueredo, integrante del equipo de abogados del Centro Militar y defensora de decenas de militares y policías acusados de crímenes durante la dictadura.
Según Figueredo, hoy la justicia uruguaya ha eliminado la presunción de inocencia para los militares.
“Desde el minuto que se sienta frente a un juez y un fiscal porque fue citado a declarar, porque se lo está investigando como un indagado, tanto fiscalía como el juez actuante no presumen su inocencia, presumen su culpabilidad”, dijo. “Es culpable hasta que se demuestre lo contrario”.
Para Figueredo, hoy en los juzgados “la defensa se tiene que encargar de demostrar con prueba de que (el militar acusado) es inocente, lo que es imposible”. Los casos –agregó- están “armados” de antemano.
Otro de los abogados del Centro Militar, Emilio Mikolic, coincidió en su exposición: “Lo peor de la situación es que no se cuenta con elementos probatorios. No se cuenta con ningún elemento que en forma inequívoca pueda determinar, más allá de toda duda razonable, que tal o cual persona cometió los delitos por los cuales están privados de libertad hoy”.
Para Mikolic, la justicia hoy en Uruguay es “un órgano homologador de las opiniones del fiscal (especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo) Perciballe.
El panel que presidió el evento se completó con el periodista Álvaro Alfonso y los eurodiputados Markus Buchheit (Alternativa para Alemania) y Hermann Tertsch (Vox, España).
Tertsch, que también ejerce como periodista (fue columnista durante muchos años de El País de Madrid y otros medios), dijo que “lo que está sucediendo en Uruguay es un crimen contra estos militares y policías”.
“Híbrido para castigar” y el rol de Mujica
Mikolic se quejó de que es “imposible” ganar un caso sobre estos temas. Además, dedicó buena parta de su disertación a criticar que la justicia no acepte que los crímenes de la dictadura están prescriptos.
“En 2006 Uruguay sanciona la ley 18.026 que crea los delitos de lesa humanidad, pero esa ley no se podía aplicar en forma retroactiva. A la vez, Uruguay comenzó a suscribir determinados convenios y pactos internacionales, que hacían referencia a la investigación de estos hechos, y a la necesidad de castigo. Uruguay los incorpora a la legislación y tienen efectos hacia el futuro y nunca hacia el pasado. (…) Hay una característica de Uruguay y es que no condena a personas por delitos de lesa humanidad, sino que lo hace por delitos comunes -homicidio, lesiones graves, abuso de autoridad, privación de libertad- que tienen un régimen de prescriptibilidad común, que es relativamente corto y al amparo del cual ningún delito se pudo haber juzgado más allá de 2011, ni el más grave, que prescribía a los 20 años con un aumento de un tercio en función de la gravedad, o sea a los 26 años. Utilizan el delito que existía en la época en que presuntamente se cometieron y aplican la imprescriptibilidad de los organismos internacionales. Lo que hacen es un verdadero híbrido juntando lo peor de dos mundos para castigar”,
Mikolic agregó que “la chance de obtener una sentencia favorable por parte de las defensas es nula, cero”.
Sobre el final hubo una polémica en torno a la democracia uruguaya y al rol jugado por José Mujica durante su presidencia.
En medio de críticas generalizadas a la izquierda latinoamericana, buena parte de los expositores cargaron las tintas sobre Mujica. Tertsch, por ejemplo, lo acusó de “terrorista” y de mostrar al mundo una imagen falsa de sí mismo: “Logró convencer al mundo de que prácticamente él era una especie de santo varón de bondad infinita”.
El eurodiputado criticó a los partidos conservadores o de centroderecha por no resistir y enfrentar el “tsunami de la arrogancia moral” de la izquierda.
Sin embargo, uno de los uruguayos presentes en la platea discutió esos puntos de vista.
Fue Guillermo Castellá, hermano del general Daniel Castellá, condenado a trece años y medio de cárcel por el “caso Roslik” y también hermano de dos izquierdistas que fueron presos de la dictadura. Su intervención cerró el evento.
Castallá dijo estar “muy orgulloso” del Uruguay y su capacidad para manejar en forma política estos temas.
“No me molesta que Mujica haya sido un terrorista y haya llegado a la Presidencia. Al contrario, me enorgullece que con esos antecedentes un pueblo lo haya podido votar y sigamos en paz. Y después haya venido otro gobierno y no corrigió cosas que hicieron los gobiernos anteriores”.
Castellá dijo no coincidir con los análisis políticos escuchados durante la jornada, pero agregó que sí coincidía con Figueredo y Mikolic en sus críticas a los procesos judiciales contra los militares. “El Poder Judicial no está haciendo justicia como debería hacer”, señaló y reiteró el concepto que se está enviando gente a prisión sin pruebas.
Eso, dijo, compromete el estado de derecho en Uruguay.
Bucheit, uno de los organizadores de la mesa redonda, fue también el promotor de una carta enviada en marzo al presidente Yamandú Orsi reclamando la liberación de militares y policías presos por delitos cometidos en la dictadura.
Aquella misiva –que amenazaba con más acciones contra Uruguay en el Parlamento Europeo fue firmada por 31 diputados de cuatro grupos parlamentarios diferentes.
