El general Daniel Castellá pidió permiso para despedir a su hermano Arturo, que integró el MLN; el magistrado Sebastián Puñales se lo negó
Un juez le negó a un militar preso en la cárcel de Domingo Arena el permiso para concurrir al entierro de su hermano, un exintegrante del MLN-Tupamaros, preso durante la dictadura.
El viernes 16 falleció Arturo Castellá, de 76 años, tupamaro que estuvo recluido desde 1972 y luego durante toda la dictadura hasta 1985. Uno de sus hermanos, el general retirado Daniel Castellá fue condenado en diciembre a 13 años y seis meses de prisión por la causa conocida como el “caso Roslik”. Se le imputaron delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves.
Daniel pidió permiso para que se le permitiera concurrir al velatorio y entierro de su hermano, pero el juez Sebastián Puñales se lo negó.
Puñales sustituye durante la feria judicial al juez Claudio de León, en cuyo despacho se tramitó esta causa.
El magistrado confirmó que rechazó otorgar el permiso, pero se negó a informar a El Observador de las razones que motivaron su decisión.
Guillermo Castellá, otro de los hermanos del difunto, señaló que Puñales tampoco informó a su hermano preso de las razones por las cuales le negó el permiso solicitado. Agregó que por supuesto la familia deseaba que Daniel fuera autorizado a concurrir al velatorio y entierro de su hermano Arturo. “Nosotros siempre fuimos muy unidos”, dijo.
Los Castellá eran siete hermanos, cuatro hombres y tres mujeres.
Otro de los hermanos, Gabriel Castellá, fallecido en 2011, fue militante del Frente Amplio y ocupó diversas responsabilidades en los dos primeros gobiernos de la coalición de izquierda. Entre otros cargos, fue subsecretario de Defensa en dos oportunidades: durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez y en la de José Mujica.
La negativa del juez Puñales fue criticada en diversos ámbitos y hasta logró algo que parecía imposible que algún día ocurriera: que los militares presos y las organizaciones que nuclean a los expresos de la dictadura tengan una coincidencia en algo.
Desde ambos sectores se criticó que el permiso no fuera concedido.
El coronel retirado Eduardo Ferro, también preso en la cárcel de Domingo Arena, hizo circular una carta en la cual califica de “desgraciada” la decisión de Puñales, señala que “lo ocurrido ante este duelo familiar es de una crueldad innecesaria” y acusó a la justicia de estar desbalanceada por el odio.
Desde una vereda opuesta, la decisión de Puñales también fue criticada por Gastón Grisoni, presidente de Crysol, la organización que nuclea a los expresos políticos de la dictadura y de la cual Arturo Castellá formaba parte.
Consultado por El Observador respecto a lo ocurrido en este episodio, Grisoni señaló que “los criminales del terrorismo de Estado no deben recibir ningún beneficio que suponga aliviar el castigo penal que les corresponde, pero despedir a los familiares es un acto humanitario”.
En ese sentido, señaló: “Rechazo totalmente la disposición judicial que le impidió asistir al velatorio”.