Un Tribunal de Apelaciones deberá decidir si deben ir a prisión preventiva mientras se sustancian los recursos presentados
Vladimir Roslik, médico uruguayo hijo de emigrantes rusos, nació en San Javier y murió torturado en el Batallón Nº 9 de Fray Bentos, el 16 de abril de 1984
Nueve militares retirados fueron condenados a penas de entre 11 y 15 años y seis meses de cárcel al concluir hoy el juicio oral por el “Caso Roslik” celebrado en la ciudad de Fray Bentos.
Ante una sala llena, el juez Claudio de León leyó durante más de cuatro horas una extensa y fundamentada sentencia y estableció las siguientes condenas:
Óscar Mario Roca, Dardo Ivo Morales y Abel Pérez fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión. Héctor Caubarrere y Jorge Soloviy fueron condenados a 14 años y seis meses. Daniel Castellá y Rodolfo Costas a 13 años y 6 meses. Luis Estebenet a 11 años y 6 meses.
Todos fueron encontrados culpables de reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves.
También fue condenado el médico militar Eduardo Saiz a 13 años de prisión, a quien se encontró culpable de haber participado de las sesiones de tortura, controlando el estado de los detenidos y su posibilidad de seguir recibiendo tormentos.
Las penas impuestas son las mismas que había solicitado el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.
El juez estableció que los delitos cometidos fueron de lesa humanidad. Además, especificó que los condenados deberán pagarle al Estado por sus gastos de alimentación, alojamiento y vestido.
El juicio no juzgó responsabilidades respecto al homicidio de Vladimir Roslik, médico de la localidad de San Javier, muerto en la tortura en 1984, en el último de los asesinatos de la dictadura, sino en dos causas conexas.
Cuando la Suprema Corte de Justicia determinó en 2021 que el asesinato de Roslik no podía reabrirse en la esfera penal porque ya había sido laudado por la Justicia Militar, el fiscal de delitos de lesa humanidad se centró en dos episodios conectados a aquel, pero distintos: una anterior detención que Roslik había sufrido en 1980, cuando también fue torturado, y las torturas sufridas por otros detenidos en la redada de 1984 que le terminó costando la vida al médico.
Algunos de los ahora condenados por estas dos causas también aparecían implicados en la muerte del médico.
Dardo Ivo Morales era, según la sentencia de la Justicia Militar, quien estaba “interrogando” a Roslik cuando murió con el hígado partido y líquido en sus pulmones, según se comprobaría después.
Saiz fue el médico que elaboró una primera autopsia, luego desestimada, donde se señalaba que había fallecido por causas naturales.
Castellá, que ascendió hasta general y fue presidente del Supremo Tribunal Militar, fue quien comandó la partida que detuvo a Roslik en 1984.
Según el fallo de la Justicia Militar sobre el caso, Soloviy, Castellá, Costas y Estebenet eran cuatro de los 11 oficiales presentes mientras Morales “interrogaba” a Roslik.
Caubarrere, que ya está en prisión por otra causa, era el segundo jefe del Batallón de Infantería 9, donde ocurrieron los hechos.
También Morales ya está preso, por su responsabilidad en otro caso ocurrido en San Javier, la prisión y tortura de la maestra Susana Zanoniani. En ese caso justamente este lunes recibió condena a 8 años de peniteciaría, dictada por la jueza Selva Siri.
Al leer la sentencia el juez De León pidió perdón en nombre del Estado uruguayo a las víctimas de las redadas de San Javier de 1980 y 1984. Señaló que todo el pueblo fue víctima de una política de hostigamiento y de castigo, con aplicación de múltiples torturas, debido a que buena parte de su población era de origen ruso.
Las defensas anunciaron que apelarán el fallo, por lo cual la sentencia todavía no queda firme.
La Fiscalía pidió que los condenados pasen a régimen de prisión preventiva. El juez derivó la resolución de ese punto a un Tribunal de Apelaciones en lo Penal.
El viernes el fiscal Perciballe había leído el alegato de la fiscalía reclamando las condenas.
“La colonia San Javier –señaló- fue un objetivo especial de persecución de las fuerzas represivas, por el origen ruso de la mayoría de sus habitantes, y el vínculo imaginario que las agencias de inteligencia pretendieron crear con la Unión Soviética en general y el Partido Comunista del Uruguay en particular”
También el viernes presentaron sus alegatos los abogados defensores, quienes sostuvieron que no existían pruebas suficientes condenar a cada uno de los acusados y que todo se basa en un relato histórico genérico. Uno de los abogados defensores dijo que desconocer la Ley de Caducidad, dos veces ratificada por votación popular, constituye “un golpe de Estado técnico”.
La audiencia, como las anteriores, fue transmitida en directo en el canal de YouTube de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Entre los presentes en la sala estaban Mary Zavalkin, viuda de Roslik, y el exsenador Ernesto Agazzi.