La Unión de Policías de la Guardia Republicana presentó una denuncia contra el comisario mayor retirado Mario A. Vázquez, docente de la Escuela Nacional de Policía e integrante del Programa de Justicia Restaurativa, por presuntas irregularidades ocurridas durante la comparecencia de un funcionario policial afiliado al sindicato.
Según surge del escrito presentado ante la Dirección de Asuntos Internos, y al que accedió El Observador, el gremio denunció que el jerarca habría mantenido una actitud "hostil, desconsiderada y obstructiva respecto de la actuación de la defensa", además de manifestar expresiones orientadas a "ignorar sus intervenciones y desconociendo en los hechos el rol que legalmente le corresponde desempeñar".
La comparecencia contó con la participación de la abogada Elizabeth Frogge, quien asistió al funcionario policial en representación del sindicato.
La denuncia por el presunto acceso a información de la abogada defensora
De acuerdo con la denuncia, durante la diligencia también se habría accedido y exhibido información obtenida del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) correspondiente a la propia defensora.
La organización señaló que la profesional no era la persona investigada ni denunciada en el procedimiento, por lo que cuestionó la legalidad y la finalidad del eventual acceso a esos registros. Según el escrito, resulta "particularmente grave" que se hubiera consultado y exhibido documentación vinculada a la abogada, pese a que no revestía "calidad de indagada, denunciada, investigada ni sujeto de procedimiento alguno".
Asimismo, el sindicato sostuvo que la impresión observada por la profesional contendría información obtenida de sistemas policiales cuya utilización se encuentra sometida a principios de "legalidad, necesidad, finalidad, proporcionalidad, reserva y trazabilidad".
En ese sentido, la denuncia advierte que, de confirmarse los hechos relatados, podrían existir "irregularidades de significativa gravedad vinculadas al acceso, consulta, impresión o utilización de información reservada sin una finalidad funcional legítima y debidamente documentada".
En diálogo con El Observador, el presidente del sindicato, Carlos Piedra, sostuvo que durante la comparecencia se habría impreso documentación extraída del Sistema de Gestión de Seguridad Pública correspondiente a la abogada defensora y cuestionó la pertinencia de esa actuación.
"Imprimió la ficha de antecedentes que se saca del sistema de gestión de la abogada, que no corresponde porque no es indagada", afirmó. Según el dirigente sindical, la exhibición de esa documentación sobre el escritorio habría tenido un efecto intimidatorio. "Es como una manera de amedrentar más cuando la ponés sobre el escritorio", señaló.
Piedra aseguró además que el sindicato consultó a distintos actores antes de presentar la denuncia. "Hemos consultado a magistrados, hemos consultado a abogados, hemos consultado a senadores y no corresponde de ninguna manera", sostuvo. Por ese motivo, el gremio resolvió solicitar una investigación administrativa y una auditoría sobre los accesos realizados a los sistemas policiales durante la actuación denunciada.
El planteo de posible prejuzgamiento
El escrito, procesado por El Observador, también plantea que existió un posible prejuzgamiento respecto del funcionario policial compareciente.
Según el gremio, durante la actuación el jerarca habría realizado manifestaciones que "podrían interpretarse como un adelantamiento de juicio respecto de la responsabilidad del funcionario citado", afectando "principios elementales de objetividad, imparcialidad y presunción de inocencia".
"A criterio de esta organización sindical, los hechos relatados no solamente podrían constituir un agravio hacia una profesional en ejercicio de su función, sino que además podrían afectar directamente el derecho de defensa del funcionario policial asistido, comprometiendo la regularidad y garantías de la actuación administrativa desarrollada", agrega la denuncia.
Ante estos hechos, el sindicato solicitó una investigación administrativa, una auditoría informática sobre los accesos realizados a los sistemas policiales y la preservación de toda la evidencia documental, informática y audiovisual vinculada al caso.
Entre otras medidas, pidió determinar qué funcionarios accedieron a los sistemas vinculados a la diligencia, qué información fue consultada o impresa, desde qué terminales se realizaron los accesos y si existía alguna orden funcional, administrativa, fiscal o judicial que justificara dichas consultas.
También reclamó que se investigue si existieron "vulneraciones a protocolos de acceso, confidencialidad y tratamiento de información reservada", además de preservar logs de acceso, registros de impresión, auditorías de sistema, filmaciones y cualquier otro elemento probatorio relacionado con los hechos denunciados.
El reclamo del sindicato
"Ningún funcionario policial puede ser privado de una defensa efectiva. Ningún abogado puede ser hostigado por ejercer su profesión", expresó el sindicato en un comunicado difundido en redes sociales.
La organización también sostuvo que la situación genera interrogantes sobre las garantías institucionales y reclamó el esclarecimiento de lo ocurrido.
En la denuncia presentada ante Asuntos Internos, el sindicato solicitó además que, en caso de surgir elementos con apariencia delictiva, los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía competente.
