El descuento de US$ 25 mil recibido por Yamandú Orsi al comprar la camioneta que utiliza para trasladarse días antes de asumir como presidente sigue generando repercusiones. La falta de explicaciones claras por parte del Poder Ejecutivo sumado a que la misma marca de autos fue utilizada el día de la asunción presidencial para trasladar a la fórmula presidencial generó la polémica.
Uno de los pocos integrantes del gobierno que habló en las últimas horas de este episodio fue el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien aseguró que el accionar del mandatario fue “ajustado al Código de Ética” de la función pública.
El presidente compró el 21 de febrero de 2024, a pocos días de asumir, una camioneta Hyundai Santa Fe cero kilómetro por US$ 54 mil pese a que el valor de mercado era de unos US$ 79 mil, según la información publicada por el programa Así nos va de radio Carve. Desde el entorno presidencial confirmaron a ese programa que en la operación existió una “rebaja o descuento” por cerca de US$ 25 mil.
El artículo 9 de la Ley 19.823, correspondiente al Código de Ética de la Función Pública, prohíbe a funcionarios públicos solicitar o recibir “obsequios, gratificaciones, recompensas o ventajas de terceros, para sí o para otros, por los actos específicos de su función. Consultado sobre esta norma, Díaz aseguró que los que hacen mención a ese artículo “cometen dos errores”.
"Voy a hacer de abogado del diablo; quienes defienden la aplicación del artículo creo que están cometiendo dos errores. El primero es que se trata de funcionarios públicos. Cuando Orsi hace esa compra, no lo era", dijo en diálogo con Desayunos Informales en referencia a que Orsi era por entonces presidente electo.
Sin embargo, otra norma nacional regula el mismo tema e incluye a los funcionarios electos. La Convención interamericana contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificado por el parlamento uruguayo en 1998, y por lo tanto con rango de ley, dice que los funcionarios públicos son los “funcionarios o empleados del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.
Y ese mismo convenio, en su artículo seis dice algo similar al Código de Ética de la función pública. Define como acto de corrupción “la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario (…) para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”.
El diputado colorado, Conrado Rodríguez, cuestionó al prosecretario de la Presidencia y aseguró que “se equivoca”. “El Prosecretario de Presidencia se equivoca en decir que el presidente Yamandú Orsi no está sujeto a las disposiciones de la ley sobre incompatibilidades y prohibiciones porque todavía no había asumido funciones. Uruguay ratificó la Convención Interamericana contra la corrupción, donde se define que los funcionarios electos se les considera funcionarios públicos y por tanto sujeto al régimen de prohibiciones”, dijo a El Observador.
El segundo error que menciona Díaz tiene que ver con la segunda parte de ambos artículos, tanto el del código como el de la convención, que dicen que tiene que haber habido alguna acción a raíz de ese regalo.
“Hasta donde yo sé no hay ninguna demostración de que el presidente haya realizado, luego de asumir, algún acto en el ejercicio de sus funciones por el que se le haya hecho ese obsequio", dijo Díaz.
Rodríguez dijo, en la misma línea, que “lo que hay que determinar es si recibiendo una dávida luego ejecutó de manera ilegal un acto para favorecer a un tercero. Pero eso por ahora no está probado”.
La duda que se planteó hasta ahora es si ese obsequio tuvo algo que ver con que el 1° de marzo Orsi y Carolina Cosse hicieran su recorrido entre el Palacio Legislativo y la Plaza Independencia en un auto de la marca Hyundai.
Sobre ese punto, Díaz aseguró que “la información que maneja” es que hubo un “proceso de selección” y que hay un “informe técnico” que avala la decisión.
"Eso va a quedar claramente demostrado una vez se agregue la documentación. Por ello me parece importante que se haga el pedido de informe (anunciado por el diputado Felipe Schipani), para que con la documentación a la vista se pueda informar. No tiene nada que ver una cosa con la otra", dijo Díaz. El semanario Búsqueda publicó este jueves que hubo otras marcas como ByD y Geely que presentaron ofertas y fueron evaluadas pero descartadas por distintos motivos.
