Diputados de la oposición presentaron la denuncia penal por la compra de la estancia María Dolores a manos del Instituto Nacional de Colonización (INC) ante la Fiscalía General de la Nación, a la que se sumó como firmante el único legislador del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.
El legislador se sumó al reclamo formal presentado por diputados del Partido Nacional, Colorado e Identidad Soberana, el partido de Gustavo Salle.
"Aparente comisión de los delitos de abuso de funciones, fraude, falsificación ideológica de documento público y conjunción del interés personal y público", son los delitos que denuncian los representantes.
La compra fue por un aproximado de US$ 32.500.000 por unas 4.400 hectáreas de campo ubicado en el departamento de Florida.
El texto recuerda que "el anuncio público de la compra fue realizado por el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, durante el cortejo fúnebre del expresidente José Mujica, señalando que la operación se llevaba adelante en 'honor' al exmandatario", el pasado 14 de mayo.
En cuanto a la acusación de abuso de funciones, se basan en que "la motivación de la adquisición se encuentra condicionada por fines ajenos a los intereses del organismo, específicamente un homenaje' al expresidente".
La denuncia habla de posible falsificación ideológica debido a que "la resolución de compra se dictó sin el informe técnico preceptivo previsto por el artículo 28 de la Ley N° 11.029" y a que "el informe requerido nunca fue elaborado conforme a la normativa vigente; en su lugar, se incorporó posteriormente un documento que solo resumía características del inmueble".
"La compra se adoptó sin cumplir el requisito legal de quórum, ya que el Acta N° 5740 refleja solo tres votos a favor frente a dos en contra, vulnerando el art. 146 de la Ley N° 11.029", fue otro punto establecido por la denuncia.
Eduardo Viera, presidente del Instituto Nacional de Colonización
Foto: Presidencia de la República
También la denuncia apunta a la condición del expresidente de Colonización Eduardo Viera como colono, polémica por la que terminó renunciando al cargo debido a que fue cuestionado por incumplir el artículo 200 de la Constitución de la República.
"Tanto Eduardo Viera como Karina Henderson actuaron estando legalmente inhibidos debido a su condición de colonos y, en el caso de Henderson, su intervención se produjo apenas 45 minutos después de asumir el cargo. Ambos omitieron declarar su conflicto de intereses, participando activamente en decisiones de las cuales tenían un interés privado, desviando así la actuación del INC de sus fines legítimos y comprometiendo la transparencia y legalidad administrativa", según el texto.
El texto también lleva la firma del diputado blanco Rodrigo Goñi, el colorado Juan Martín Jorge y de Salle. Este último había anunciado que radicaría la denuncia luego de que Cabildo Abierto y el Frente Amplio resolvieran aplazar la comisión investigadora sobre la compra de la estancia.
El pedido fue hecho por el diputado cabildante, Álvaro Perrone, quien en esa instancia parlamentaria comentó que si los demás partidos tenían apuro por investigar el tema, se podía hacer la denuncia ante la Fiscalía.
