Diputados blancos, colorados y de Identidad Soberana presentarán este jueves una denuncia penal ante la Justicia por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). La adquisición, anunciada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, durante el sepelio de José Mujica, costó US$ 32,5 millones.
Según informó el semanario Búsqueda y confirmó El Observador, el reclamo formal ante la Fiscalía es por presuntos delitos de abuso de funciones, falsificación ideológica de documento público, fraude y conjunción del interés personal y público.
El diputado de Identidad Sobreana, Gustavo Salle, anunció que radicará la denuncia luego de que Cabildo Abierto y el Frente Amplio resolvieran aplazar la comisión investigadora sobre la compra de la estancia.
El pedido fue hecho por el diputado Álvaro Perrone, quien en esa instancia parlamentaria comentó que si los demás partidos tenían apuro por investigar el tema, se podía hacer la denuncia ante la Fiscalía.
Salle comunicó que presentaría la denuncia al margen de que luego se concrete o no la comisión investigadora en Diputados. Tras esto, el legislador colorado en esa cámara Juan Martín Jorge –quien solicitó en primera instancia una investigación en el ámbito parlamentario– dijo que acompañaría la decisión del dirigente de Identidad Soberana.
Días después, desde la bancada del Partido Nacional analizaron el tema y resolvieron que también se sumarían.
Entre los argumentos que manejan los denunciantes, aseguran que la estancia fue adquirida en el marco de “un presunto desvío de los fines de la administración, utilización ilegítima de facultades y medios del cargo público, y perjuicio económico directo para el Estado”.
También aseguran que cuando se compró la estancia, el departamento de Liquidación del INC no tenía el suficiente presupuesto para afrontar el gasto. Esto lleva a una “posible vulneración de las normas financieras aplicables y evidencia un posible actuar arbitrario y con abuso de funciones en perjuicio de la administración”.
Con respecto a la presunta comisión de la falsificación ideológica, los opositores aseguran que la compra “se dictó sin contar con el informe técnico preceptivo previsto en el artículo 28 de la ley 11.029”.
Dicho documento, que fue agregado “con fecha antedatada al 28 de abril de 2025”, tenía reparos “sustantivos que no fueron tenidos en cuenta en la decisión final”. También apuntan que no se “realizó un estudio económico integral de explotación regular y la documentación fue presumiblemente manipulada para dar apariencia de legalidad a una decisión ya adoptada”.
Con respecto a la acusación de fraude, la oposición apunta a que la compra se resolvió solo con tres votos pese a que el Tribunal de Cuentas exige que sean cuatro. También agregan que existe “la contratación irregular de un informe profesional externo”.
Por último, en lo que refiere a la conjunción del interés público y privado, dos integrantes del director del INC eran colonos por lo que no debían votar la compra de la estancia.
