Este jueves aterrizará en el Aeropuerto de Ezeiza el primer vuelo de deportación de argentinos desde Estados Unidos. Serán 16 inmigrantes, algunos sin antecedentes penales, deportados en el marco del plan migratorio impulsado por Trump; el operativo se realiza en un vuelo rentado y con máximo hermetismo.
Paralelamente, el gobierno de Trump lanzó en marzo de este año una estrategia inédita: transformar la app CBP Home (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por sus siglas en inglés) en una vía para que migrantes se autodeporten voluntariamente. Quienes acepten la salida, según la página del Departamento de Seguridad Nacional, pueden recibir "asistencia financiera de hasta 1.000 dólares, el pasaje gratuito y preservar la potencial oportunidad de volver a los Estados Unidos bajo vías legales".
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En el caso de la Argentina, la campaña de propaganda fue lanzada durante la visita de la secretaria de dicha cartera, Kristi Noem, para empezar el proceso para que el país vuelva al Programa de Exención de Visa. Aunque se desconoce el costo total de la inversión de la campaña en la Argentina particularmente, Noem reveló que la estrategia implica un gasto de $200 millones de dólares en campañas publicitarias, por un plazo de dos años.
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No existen cifras oficiales actualizadas de cuántas personas han optado esta vía de salida del país norteamericano. NBC News logró obtener datos de las primeras cinco semanas tras el lanzamiento de la app, y arrojó que solo 356 personas la usaron para autodeportarse. En esta línea, el Departamento de Seguridad Nacional se ha negado a proporcionar los datos más recientes.
El contexto legal del fortalecimiento migratorio
La deportación de los argentinos, sumado al lanzamiento de campañas publicitarias para promover la "autodeportación", no son novedades aisladas. Estas políticas forman parte de una escalada más amplia, y que se endurecieron en el segundo mandato de Donald Trump. Órdenes ejecutivas como la Protecting the American People Against Invasion habilitan deportaciones exprés sin audiencia judicial, y programas como Operation Safeguard impulsan detenciones masivas en zonas urbanas.
A su vez, la One Big Beautiful Bill Act aprobó 170.000 millones de dólares en seguridad fronteriza, priorizando recursos para deportaciones masivas y una ampliación de centros de detención para inmigrantes ilegales. Con un control en ambas cámaras del Congreso estadounidense, existe un marco legal, cada vez más institucionalizado, que autoriza a la Administración Trump a seguir fortaleciendo su política migratoria.
¿Qué implica para Argentina?
Aunque la causa por la que los argentinos que regresan este jueves al país no sea la decisión de "autodeportarse" —algunos por haber cometido ilícitos en los Estados Unidos—, es un mecanismo que la gestión de Javier Milei debe seguir de cerca. La llegada del vuelo con 16 argentinos deportados es apenas la cara visible de un engranaje mucho más grande: la maquinaria migratoria que Trump volvió a poner en marcha, con más fuerza que en la primera gestión. Aunque en este caso los motivos incluyan delitos cometidos en EE.UU., el efecto arrastra a cualquier extranjero en situación irregular.