Se ha inaugurado un nuevo centro de detención de inmigrantes en el norte de Florida, llamado "Deportation Depot" por el gobernador Ron DeSantis y el fiscal general no electo, James Uthmeier, a quien DeSantis designó para impulsar su agenda. Al mismo tiempo, Alligator Alcatraz reanuda sus operaciones tras la suspensión de una orden judicial temporal dictada por la jueza federal Kathleen Williams, que ordenó la suspensión de más traslados a las instalaciones de los Everglades, así como su desmantelamiento en un plazo de 60 días debido a su impacto ambiental perjudicial.
El estado de Florida no se detiene ahí. Como si acabaran de descubrir la aliteración, planean abrir un tercer centro de detención cerca de Pensacola, al que DeSantis llamó "Panhandle Pokey" en una reciente conferencia de prensa.
Ron DeSantis - abril 2025 - AFP.jpg
El gobernador de Florida, Ron DeSantis
AFP
DeSantis y Uthmeier afirman que estas instalaciones son necesarias para detener al creciente número de inmigrantes indocumentados detenidos en el estado no solo por las autoridades migratorias federales, sino también por policías estatales como la Patrulla de Carreteras de Florida, designada, en virtud de un acuerdo 287g, como una patrulla cuya misión es parar a personas para preguntarles "muéstrame tus papeles".
Estos centros de detención son una solución en busca de un problema, y ese problema ha sido creado deliberadamente por el estado de Florida mediante sus políticas migratorias excesivamente estrictas. El objetivo final es simple: desviar cientos de millones de dólares en fondos públicos a empresas con conexiones políticas que operarán estas instalaciones mediante contratos sin licitación.
Contratos millonarios y sin licitación
Según registros reportados por el periodista Jason García, el gobierno estatal de Florida ha adjudicado contratos por más de 350 millones de dólares a empresas relacionadas con Alligator Alcatraz, y la administración de DeSantis ya ha admitido ante un tribunal que se han gastado 218 millones de dólares en la operación de ese centro de detención. Una empresa desconocida de Jacksonville, pero con conexiones, obtuvo un contrato de 78 millones de dólares para brindar diversos servicios en el sitio, incluyendo personal, capacitación y seguridad.
El desembolso de estos contratos multimillonarios a menudo precedía a cuantiosas donaciones políticas. Tal fue el caso de IRG Global Emergency Management Inc., una empresa de gestión de emergencias con sede en Texas que donó 10.000 dólares al Partido Republicano de Florida y, en cuestión de horas, recibió un contrato de 1,1 millones de dólares para prestar servicios de apoyo operativo en Alligator Alcatraz. La empresa pronto recibió dos contratos más, por un total de 5,1 millones de dólares.
Alligator Alcatraz - AP
El centro de detención de migrantes fue construido en una pista de aterrizaje abandonada en los Everglades
AP
Existen muchos otros casos de este aparente quid pro quo, en el que las empresas evaden los requisitos de licitación al haber sido seleccionadas de un grupo de proveedores ya aprobados por la División de Gestión de Emergencias de Florida, que opera el centro estatal Alligator Alcatraz.
DeSantis también ha instrumentalizado y recientemente prorrogado una orden de emergencia vigente desde hace dos años y medio, utilizándose para confiscar terrenos del condado de Miami-Dade, evadir los requisitos de permisos y eludir los procesos de licitación, sin siquiera molestarse en firmar acuerdos legales federales para operar un centro de detención de inmigrantes.
Gastos desmedidos y un posible déficit
El telón de fondo de todo esto son las desalentadoras proyecciones financieras de Florida, donde los economistas estatales predicen un déficit de 1.520 millones en los años 2027-2028, que podría dispararse a 6.570 millones tan solo un año después.
Este tipo de gasto desmedido condujo a la prolongada sesión legislativa de Florida a principios de este año, en la que funcionarios estatales del Senado, la Cámara de Representantes y la oficina del gobernador se enfrentaron por recortes presupuestarios para evitar un déficit de 2.800 millones de dólares proyectado para el próximo año.
Protestas para pedir el cierre de Alligator Alcatraz - AFP
Protestas contra Alligator Alcatraz
AFP
A pesar de ello, seguimos viendo cómo cientos de millones de dólares de los contribuyentes se desperdician rutinariamente en controles migratorios y centros de detención sin sentido, en un momento en que Florida sufre una grave escasez de mano de obra y una desaceleración del crecimiento poblacional que, según la propia Oficina de Investigación Económica y Demográfica del estado, sólo puede aliviarse mediante la migración.
Si queremos erradicar el despilfarro, el fraude y el abuso a nivel estatal en Florida, deberíamos empezar por los cientos de millones de dólares que se han desviado a contratos sin licitación en Alligator Alcatraz y evitar volver a cometer ese error. Desafortunadamente, la corrupción parece ser el objetivo. Personas con conexiones políticas se están enriqueciendo enormemente gracias a la operación de estos centros de detención de inmigrantes que proliferan actualmente en el Estado del Sol.
