El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló total o parcialmente varios artículos del Decreto 91/2024, que establecía el catalán como única lengua vehicular en el sistema educativo catalán.
La sentencia, que todavía puede ser recurrida, da parcialmente la razón al recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).
El decreto, aprobado por el gobierno en funciones de ERC en mayo de 2024, queda así parcialmente desactivado con un fallo que afecta a una decena de artículos.
Concretamente son los 2, 4, 6, 7.2, 9.3b, 10, 18.a, 19, 24, 33 y 34.1, que regulaban el uso del catalán y del aranés en el Vall d’Aran como lenguas vehiculares exclusivas en la enseñanza, la comunicación institucional con las familias, los materiales didácticos y las evaluaciones escolares.
También queda invalidado el uso prioritario del catalán como lengua auxiliar en la enseñanza de idiomas extranjeros y como única lengua de acogida para alumnos recién llegados, al no contemplarse mecanismos para el aprendizaje equilibrado del castellano.
En cambio, el tribunal ratificó la validez de otros artículos relacionados con cuestiones organizativas, como la proyección externa de los centros, la acreditación lingüística del personal no docente o los procesos selectivos, al considerar que no vulneran derechos fundamentales como el de la educación.
cataluña dos
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. EUROPA PRESS
El recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe
La AEB exigió al Gobierno catalán que acate la resolución judicial "sin demora" y que "reformule el modelo educativo" para respetar los derechos lingüísticos de todos los alumnos.
Además, instó al Estado a ejercer sus competencias mediante la Alta Inspección de Educación para garantizar la aplicación del fallo en todos los centros públicos y concertados de Cataluña.
La asociación interpuso el recurso contencioso-administrativo en mayo, considerando el decreto “inconstitucional”, “ilegal” y “antipedagógico”.
El gobierno regional había fundamentado la norma en la ley de 2022 sobre el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, y en un decreto ley del mismo año que regulaba los proyectos lingüísticos de los centros educativos.
Cabe recordar que en marzo de este año, el TSJC ya desestimó un recurso del Gobierno regional que pretendía revocar la obligación de impartir un 25% de clases en castellano en varias escuelas, alegando que la nueva ley no establece porcentajes concretos en la enseñanza de lenguas oficiales.
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional continúa revisando la ley de 2022, aprobada con el respaldo de PSC, ERC, Junts y En Comú Podem.
La consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, expresó recientemente su confianza en que el alto tribunal validará la norma: "Esperamos que el Constitucional valide la ley", afirmó con motivo del inicio del nuevo curso escolar.
