Los cuestionamientos de la oposición a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, no cesan, empujados por la decisión de la jerarca de rebajar de cinco a tres años la suspensión de una anestesista que cometió una mala praxis que llevó a la muerte a una paciente. Esa decisión derivó en la renuncia de buena parte de los miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública quienes rechazaron la decisión de Lustemberg.
Esta vez fue el diputado blanco y exsubsecretario de Salud, José Luis Satdjian, quien se ocupó del asunto y envió al MSP un pedido de informes con el que intenta conocer los pormenores que llevaron a la polémica decisión.
“Estamos reforzando el control de la gestión del MSP ante posturas confusas e insuficientes. No quedaron claras las explicaciones en comisión de salud del Senado y por eso definimos un doble control. A la convocatoria ya anunciada de senadores a comisiones le agregamos este pedido de informes. Por la sensibilidad del tema tienen que ser claros y transparentes”, dijo Satdjian a El Observador.
Los senadores nacionalistas Martín Lema y Carlos Camy habían resuelto volver a convocar a comisión del Parlamento a Lustemberg, luego de que en la comparecencia de este martes les quedaran diversas dudas sobre el tema.
En el pedido de informes de Satdjian se recuerda que, según diversos medios de prensa, “habrían renunciado 9 de 15 miembros de la Comisión de Salud Pública creada por Ley N° 9.202 y se señaló públicamente que dicha medida se debió a la reducción de una sanción a una anestesista que habría participado en una intervención quirúrgica que derivó en el fallecimiento de una paciente de SMI, pediatra de profesión, en octubre del año 2023”.
Por ello, el parlamentario pregunta cuántos miembros de la Comisión de Salud Pública se encontraban designados al momento de presentada la renuncia masiva, si existía algún cargo vacante y, en caso afirmativo, se indique el motivo por el cuál el órgano en cuestión no contaba con sus 15 miembros.
Satdjian pide además una copia de la carta de renuncia presentada por los miembros de la comisión, solicita que se aclare “si fue o no aceptada por el Poder Ejecutivo", así como acceder "al acto administrativo correspondiente". También pidió una copia de la resolución de la Comisión de Salud Pública que dispuso la suspensión por 5 años de la anestesista en cuestión y una copia completa de las actuaciones ministeriales previas y posteriores, “en especial de los informes técnicos en que se funda la Resolución Ministerial N° 173/025 de 1 de octubre de 2025”.
En esa resolución ministerial se señala que en la resolución de la Comisión de Salud Pública no existe “motivación suficiente para imponer una sanción tan gravosa”.
En ese sentido, el diputado blanco consulta si para el MSP “el fallecimiento de una joven paciente en una intervención, bajo las irregularidades constatadas (entre otras, demora en reintubar y trasladar a CTI, ausentarse para ir al baño dejando a la paciente sin vigilancia por tiempo indeterminado, registro tardío de la evolución de la anestesia en la Historia Clínica) no son fundamento suficiente para la imposición de la sanción revocada".
E insiste: “si la sanción de cinco años fue revocada por no surgir por escrito el fundamento del quantum (esto es, el fundamento por el cual se dispusieron “cinco años de suspensión”), ¿en qué pasaje de la resolución en cuestión surgen los fundamentos concretos del quantum de “tres años”? (esto es, por qué se impuso una sanción de tres años y no otra); la resolución Ministerial N° 173/025 señala que la sanción de cinco años “podría” estar viciada de “exceso de poder”, ¿cuál fue el vicio de exceso de poder y si, atento al condicional utilizado, efectivamente se constató el mismo, ¿existe desproporción en sancionar a una médica que según el propio Ministerio de Salud Pública actuó bajo las condiciones indicadas(…)”
Por último, Satdjian interroga sobre los “criterios y procedimientos que se utilizarán para designar a los nuevos miembros de la Comisión; si se ha considerado para la designación de miembros, hasta el momento, la recomendación escrita previa de la propia Comisión y en caso afirmativo, se adjunte la recomendación de los últimos cinco miembros designados, incluyendo la del Dr. Miguel Martínez”.
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José Luis Satdjian, imagen de archivo
Dante Fernández/ FocoUy
Los antecedentes
El caso que preocupa a los nacionalistas se viene arrastrando desde el año 2023 cuando una pediatra sufrió un paro cardíaco mientras era operada de la vesícula. La paciente no tenía complicaciones previas y luego del paro sufrió un agravio encefálico que la dejó en estado casi vegetativo por diez meses hasta que falleció.
Su familia denunció la situación en Fiscalía, pero también ante la mutualista SMI y en la oficina de atención al usuario del Ministerio de Salud Pública (MSP), señalando a una anestesista como responsable por haberse ausentado del block quirúrgico en medio de la intervención, tal como informó El País que siguió todo el caso. En ese entonces, El Observador informó que una de las hipótesis era que la médica había ido a drogarse con fentanilo al baño.
Tras una larga investigación, en diciembre de 2024 la Comisión Honoraria de Salud Pública la sancionó con una inhabilitación de 5 años por encontrarla responsable de una mala praxis.
La resolución también estableció que la anestesista debía someterse a una “reevaluación profesional” cuando se venciera el plazo estipulado.
La comisión actúa como tribunal disciplinario en base al artículo 26 de la ley orgánica de Salud Pública, que establece que le corresponde “juzgar y reprimir las faltas cometidas por los médicos y los que ejercen profesiones anexas en el ejercicio de su profesión, cuando éstos se aparten del cumplimiento de las normas generales que determinen las ordenanzas y reglamentos”.
Asesorada por el estudio Delpiazzo, la médica presentó recursos de revocación y jerárquicos cuestionando el fallo por razones de forma y señalando que sus argumentos no se habían considerado.
La comisión rechazó la revocación, pero al momento del cambio de gobierno el Ministerio de Salud Pública no se había pronunciado sobre el jerárquico, por lo que el caso quedó en manos de Lustemberg.
Según reconstruyó El Observador con fuentes del MSP, tras analizarlo junto a su equipo, la ministra resolvió bajarle dos años la pena porque ponderó que la profesional será “reevaluada” por la cátedra de anestesiología para poder volver a ejercer, pero también porque consideró que había “riesgo” de que la sanción cayera por falencias en el procedimiento administrativo. Como tercera razón, el equipo valoró que la mujer había recibido una condena de 24 meses en la Justicia mediante proceso abreviado en el que asumió su culpabilidad y que fue consensuado con la familia de la víctima.
Sin embargo, la jerarca no comunicó el cambio a la comisión, algo que molestó a varios de sus integrantes que habían llegado a una sanción después de trabajosas discusiones en las que algunos incluso llegaron a promover que la pena fuera de diez años por la magnitud de lo ocurrido.
Integrantes de la comisión consultados por El Observador relataron que se enteraron de la modificación en marzo, fecha en la que comenzaron a discutir cómo reaccionar.
La molestia tenía que ver con que no fueron informados, pero también por la baja, ya que entendían que un juicio de notables por un caso de mala praxis médica no podía ni tenía por qué equipararse a una sanción penal ya que cada uno juzga un asunto distinto.
Algunos manifestaron en círculos médicos su enojo porque entendían que la familia de la anestesista había logrado influir en el MSP a partir de la cercanía con algunas autoridades, algo negado por el MSP. También que era una "contradicción" rebajar una sanción mientras se busca mejorar la práctica médica.
A su vez, plantearon que el caso se sumaba a la disconformidad que arrastraban porque la ministra no había ido siquiera a una de las reuniones –son dos por mes–, algo que interpretaban como un desplante que se alejaba de la buena tradición que tuvieron sus antecesores
Tras las conversaciones, el 14 de abril tres integrantes del grupo mantuvieron un encuentro con la ministra en el que hablaron del caso. Luego varios comunicaron sus renuncias.
