El capitán Nelson Duarte, sometido a retiro obligatorio del Ejército, instaló junto con su esposa y abogada, un consultorio de asesoramiento jurídico para integrantes de las fuerzas armadas y policiales que se sientan perjudicados, perseguidos o acosados por las autoridades.
“Vamos a ofrecer servicios de asesoramiento jurídico, con énfasis en la salud y seguridad ocupacional. Entendemos que el personal militar y policial ha sido el más castigado por la falta de aplicación del derecho”, dijo Duarte a El Observador.
“Muchas veces la falta de conocimiento y también la arbitrariedad lleva que no se aplique la normativa y no se respeten los derechos fundamentales que tiene cada funcionario”, agregó.
Para Duarte, “es importante que haya alguien que por lo menos oriente y le brinde al personal una herramienta para poder hacer valer sus derechos frente a situaciones de falta de garantías y de falta de respeto a sus derechos individuales”.
Tras ser obligado a retirarse del Ejército, Duarte se recibió de ingeniero tecnológico prevencionista en la Universidad del Trabajo del Uruguay. El nuevo emprendimiento nació de una idea que presentó en su trabajo académico final para obtener el título.
Su socia en el proyecto es Natalia Martínez, su esposa y abogada, quien sigue litigando en contra de las resoluciones que terminaron por obligar a Duarte a dejar el Ejército.
Según una gacetilla del emprendimiento, “se busca brindar apoyo técnico y jurídico a quienes atraviesan situaciones administrativas complejas, sanciones, sumarios, acoso, vulneración de derechos, problemas de condiciones de trabajo, salud mental y seguridad ocupacional en el ámbito público”.
Duarte y Martínez apuestan a “crear un espacio que combine asesoramiento jurídico con prevención técnica, especialmente orientado a personal militar, policial y funcionarios públicos que muchas veces enfrentan situaciones complejas de acoso, arbitrariedad administrativa, sanciones, afectación de su salud mental o vulneración de sus garantías funcionales”.
Entre la gama de problemas que plantean atender se encuentran sanciones sin debido respaldo, expedientes mal tramitados, falta de vista o acceso a actuaciones, problemas en notificaciones, demoras irrazonables, afectación de carrera funcional, violencia y acoso, desprotección frente a riesgos laborales, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, afectación de salud mental y ausencia de adaptación del trabajo a las capacidades reales de la persona.
Duarte –conocido como “teniente Duarte” por el grado que ostentaba cuando comenzó a hacer denuncias de corrupción en el Ejército- fue sometido a retiro obligatorio tras un largo periplo de traslados, sanciones y hasta encarcelamientos.
En 2013 denunció que desde hacía años personal militar se empleaba irregularmente para instalar las piscinas de la empresa Akesse, sin que existiera ningún convenio vigente en ese sentido. Los pagos los recibían oficiales fuera de todo contralor y contabilidad. Duarte denunció también que en su unidad se fabricaban porteras para la carpintería de un coronel y se traían bebidas de contrabando del Chuy en vehículos militares.
Aunque las denuncias se demostraron verdaderas, el único realmente perjudicado fue Duarte, que a partir de ese momento comenzó a padecer todo tipo de sanciones, traslados y humillaciones, y estuvo una década sin lograr un ascenso.
En 2021 Duarte presentó otra serie de denuncias, con filmaciones y fotos de hechos de contrabando –cargamentos de refrescos y bebidas alcohólicas se depositaban en el despacho del jefe del Comando de Apoyo Logístico del Ejército- y otras irregularidades en el uso de combustibles y neumáticos.
Sin embargo, y salvo un par de sanciones menores, nada pasó. Duarte, en cambio, recibió la orden de dejar de presentarse a trabajar y estuvo tres años cobrando su salario, pero impedido de ingresar a su lugar de trabajo. Se le pagaba el sueldo para que se quedara en su casa. También fue sancionado con un mes de arresto a rigor por presentar su caso en el programa Desayunos Informales.
En 2024, siendo Javier García ministro de Defensa, se le dio el primer ascenso desde el comienzo de sus denuncias, permitiéndole acceder al grado de capitán. Sin embargo y al mismo tiempo, se aceleró el proceso para obligarlo a retirarse.
El retiro obligatorio se concretó en febrero de 2025, poco antes del fin del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.
Una reciente resolución firmada por la ministra Sandra Lazo estableció que Duarte fue víctima de acoso laboral en el Ejército durante el anterior gobierno.
Tal resolución se tomó luego de que Martínez denunciara ante la Inspección General del Trabajo en diciembre de 2023 que Duarte había sido víctima de acoso laboral por parte de los exministros García y Armando Castaingdebat y el comandante en jefe del Ejército, general Mario Stevenazzi, entre otros jerarcas y funcionarios.
