Los vecinos de Bolívar, un pequeño pueblo ubicado en Canelones que cuenta con menos de 200 habitantes, llegaron al Parlamento para expresar el "miedo", la "alarma" y la preocupación que sienten por la construcción de la represa de Casupá, que se proyecta para la cuenca alta del arroyo que lleva el mismo nombre, afluente del río Santa Lucía Grande, entre los departamentos de Florida y Lavalleja.
El motivo de la preocupación —además de que el proyecto va a "aniquilar 450 hectáreas de monte nativo"— radica principalmente en los tiempos de evacuación que manejó el estudio de la empresa Typsa-Engecorps para esta obra en caso de que se produzca "un siniestro de cualquier naturaleza en la represa de Casupá", señaló el ingeniero Enrique Valdez, que concurrió a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados en representación de los vecinos de Bolívar el pasado martes.
Allí, Valdez señaló la preocupación por el hecho de que el pueblo —al igual que sucedería con algunos otros que quedarán bajo la zona de influencia de la represa de Casupá— "tendría 30 minutos para ser evacuado".
"No me equivoqué: dije 30 minutos para ser evacuado. No lo decimos nosotros, sino el estudio de este consorcio", dijo en relación al insumo de Typsa-Engecorps, según consta en la versión taquigráfica.
El gobierno de Yamandú Orsi decidió avanzar en la construcción de la represa de Casupá (que se ubicará a pocos kilómetros de la localidad floridense que lleva el mismo nombre) luego de decidir dejar sin efecto el proyecto Neptuno que venía del gobierno de Luis Lacalle Pou y que se preveía construir en Arazatí (San José).
El objetivo de la represa de Casupá —que se sumará a las obras para una potabilizadora en Aguas Corrientes, en Canelones— es asegurar el correcto abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana, pero a diferencia del proyecto Neptuno (que planteaba tomar agua del Río de la Plata), la fuente principal será el río Santa Lucía.
Valdez graficó la preocupación de los vecinos —que ascienden a 187 habitantes en un pueblo que cuenta con 180 casas (porque hay personas que tienen estadía temporal)— se basa también en los antecedentes de 1986, cuando una creciente "hizo desaparecer a la localidad".
"La gente mayor recuerda que en aquella oportunidad hubo que abrir la represa de Minas debido a fuertes precipitaciones. Esa represa, comparándola con la que se presenta ahora, es una alcantarilla. La que ahora se proyecta en Casupá es una represa sumamente importante", comparó Valdez.
En la comisión, el representante de los vecinos pidió a los legisladores imaginarse cómo se podría evacuar un "edificio de dos pisos en 30 minutos". Según Valdez, Bolívar sería el pueblo "más afectado", aunque también habría impactos en Fray Marcos, una localidad floridense que vería 30% de su territorio afectado en caso de un siniestro que implique una rápida inundación.
Valdez reclamó que las autoridades del Ministerio de Ambiente y de OSE no hayan concurrido al pueblo para brindar explicaciones, y que la empresa pública —que lleva adelante el proyecto— haya respondido que se "implementará un plan de acción de emergencia" que incluirá "sistemas de alerta temprana para pemitir evacuaciones", pero que esto se va a instrumentar "después de que la obra esté realizada".
"En principio, asusta un poco", lamentó el ingeniero, que aseguró que en el pueblo "nadie fue consultado".
También citó estudios que dan cuenta que la roca en la zona donde se prevé instalar la represa es "sumamente fragmentada" y que los requisitos para construir este tipo de proyectos con "cemento compactado con cilindro" establecen la necesidad de hacerlo sobre una "roca sumamente consolidada".
"Uno se sorprende, y permítanme decir que uno se alarma frente al hecho de que la figura principal de este ministerio (por el de Ambiente) parecería ser la figura que está más deslumbrada, yo diría abanderada con el proyecto", sostuvo Valdez en relación a Edgardo Ortuño.
"Eso nos da alarma, nos da miedo", agregó.
"Si llega a pasar algo más, el pueblo va a desaparecer"
El alcalde de Tala, Leonardo Pérez, acompañó a los representantes de Bolívar a la Comisión de Ambiente.
Pérez, electo en las elecciones de 2025 por la Coalición Republicana, sostuvo que existe "incertidumbre" por "no saber qué puede pasar si hay una tormenta".
"Si eso ocurre, en 30 a minutos va a tener que abandonar su hogar. Y sabemos que es casi imposible", señaló.
Bolívar —continuó Pérez— es una localidad con una "situación económica bastante compleja", donde no se haría fácil "tratar de sacar a toda esa gente en media hora".
"A nosotros, como gobierno, se nos haría imposible, ya que tendríamos que contar con los instrumentos y las herramientas en ese momento y en ese lugar como para poder sacar a toda esa gente", dijo Pérez, quien agregó que, "de por sí", el pueblo suele sufrir inundaciones.
"Si llega a pasar algo más, el pueblo va a desaparecer, y al desaparecer, debido a que el tiempo no va a dar, también van a desaparecer las personas, porque media hora no es tiempo suficiente como para rescatar a nadie; vamos a decir las cosas como son", alertó. "Todavía estamos a tiempo de que nos den información".
