Y los vecinos tenían razón. Cuando el Estado adquirió el predio en 2017 y firmó la escritura de compraventa en agosto de 2018, la situación ambiental se desconocía. Es que no se solicitaron cateos previos de suelo ni de aguas subterráneas.
La contaminación se confirmó años después. Según una solicitud de acceso a la información pública realizada por El Observador, los primeros estudios oficiales del predio se realizaron recién en la segunda mitad de 2021 a través de la consultora GeoAmbiente SRL.
La conclusión fue que existía una afectación generalizada por plomo en todo el terreno, pero especialmente en las cercanías de los tanques de combustible, donde durante décadas se filtró hidrocarburo a la tierra y al agua subterránea. Los valores máximos alcanzaron los 2.222 miligramos de plomo por kilo de tierra (mg/kg) en las cercanías de los tanques, superando ampliamente el valor de referencia de uso residencial fijado en 120 mg/kg.
A esto se sumaron otros pasivos ambientales graves: en la zona donde estaba el taller de ómnibus se sobrepasaron los límites admisibles de cadmio (un metal pesado tóxico), mientras que en el agua subterránea se hallaron hidrocarburos y compuestos orgánicos volátiles como benceno y xileno por encima de las normas permitidas. Asimismo, sobre el agua flotaba una capa de combustible puro que llegó a registrar hasta 1,34 metros de espesor.
Así explicó los motivos GeoAmbiente SRL en su informe de octubre de 2021: "Hasta la fecha existen surtidores, tres tanques enterrados de gasoil y demás equipamiento conexos que estan fuera de servicio. Derrames, fugas en tanques y fugas de líneas de distribución afectaron el sitio contaminando el suelo circundante de forma acumulativa".
Por este motivo, el predio fue categorizado como una "amenaza a largo plazo" (de dos años o más tiempo), lo que implicaba riesgos para la salud de las familias que residan en el lugar en un escenario futuro si no se remediaba el terreno.
Por tanto, el informe técnico consideró necesaria "la implementación de medidas de remediación y/o remoción del suelo afectado, y remediación del agua subterránea".
El laberinto burocrático
El camino hacia la vivienda propia se convirtió, desde entonces, en un campo de obstáculos.
Luego de los estudios, el MVOT ordenó retirar los tres tanques enterrados de combustible, algo que ocurrió entre agosto y setiembre de 2022.
Además, en 2023 la empresa Buresil S.A. ganó la licitación para realizar el fraccionamiento, la elaboración de proyectos ejecutivos, la ejecución de obras de infraestructura física (demolición, red vial, desagües pluviales, saneamiento, agua potable, alumbrado y espacios verdes) y la remediación del terreno. La obra marcaba un plazo total de 360 días calendario, pero ni siquiera comenzó.
En agosto, el director de Vivienda, Milton Machado, dijo a El Observador que las obras de instalación de servicios públicos podrían comenzar en "octubre o noviembre". Sin embargo, eso no pasó. Aún hoy, el terreno continúa funcionando en parte como estacionamiento y de la cooperativa UCOT.
Desde el Ministerio de Vivienda indicaron a El Observador que la demora actual responde a un atasco burocrático. “Las obras no han comenzado aún debido a distintos trámites correspondientes a los permisos de construcción de las obras de infraestructura con la Intendencia de Montevideo (IM) y con UTE. Respecto a la IM está pendiente la aprobación del proyecto de evacuación de pluviales, el proyecto vial y de espacios públicos, el de alumbrado público y el permiso de demolición. Con la UTE está pendiente la aprobación de la subestación. Cuándo comenzarán, está sujeto a plazos de los trámites en la IM”, justificaron desde la cartera.
Respecto a los trabajos de remediación ambiental, el MVOT informó que “se continúa con la etapa 3, que consiste en adoptar las recomendaciones para abordar la contaminación de aguas subterráneas por hidrocarburos totales”.
Mientras los expedientes pasan de oficina en oficina, la paciencia se agota. Julio Camacho tiene 63 años, es referente de la cooperativa Covifasol y espera que el trámite de jubilación le salga antes que la casa propia: “Porque al paso que vamos con la cooperativa…”.
“Entré hace nueve años. Cuando empezamos era una grandísima ilusión, pero ha sido un constante sacrificio que te lleva muchas veces a pensar en dejar, en bajarse. Hoy en día está todo muy en el aire. Todos los días se suma algún problema”, relató.
Según Camacho, ya les han dado fechas de inicio cuatro veces y han modificado los proyectos cinco veces, manteniendo reuniones con todos los ministros y directores de Vivienda que pasaron por la cartera. “Siempre hay problemas con los papeles. Y llevamos un montón de años y de dinero invertido, porque tenés una cuota social todos los meses”, lamentó.
El cansancio se traduce en deserciones. Por la cooperativa de Camacho (proyectada para 34 viviendas) ya pasaron casi 90 personas. Decenas, ante la incertidumbre, optaron por irse. “Hubo un momento en que llegamos a quedar 9 socios nada más. Pasa que tampoco tenés qué ofrecerle a la gente. Llega un momento en que te aburrís. Hace tres días se fue el referente de una de las cooperativas; estaba desde el principio y dijo que no podía seguir perdiendo el tiempo”, contó.
“Con 63 años, como tengo yo, no hay muchas chances más de llegar a una vivienda propia. Es el último tren. Ese tren tiene como destino mi vivienda, que en el día de mañana le pienso dejar a mi hija. Llega un momento en que decís: llevo 7 años luchando por esto, ahora no me voy a bajar”, sentenció sobre por qué seguía adelante.
La misma impotencia siente Jonathan Gadea (36 años), presidente de la cooperativa del Plan de Vivienda Sindical del PIT-CNT, a la que ingresó en febrero de 2022. “La administración anterior nos había dado un cronograma de obra. Ese fue un golpe durísimo, porque nos dijeron que en determinada cantidad de meses podíamos empezar a construir, y no pasó. En esta administración volvieron a hacer estudios porque querían estar seguros. Cambia la administración y se cae todo”, explicó Gadea.
Los nuevos estudios del gobierno actual obligaron a modificar el plano de construcción. Se debió quitar las dos cooperativas que estaban ubicadas sobre la calle Ramón Castriz, la zona más contaminada, y reubicarlas donde iban los edificios de jubilados y realojados, que no se construirán.
Gadea advierte que el 70% de las integrantes de su cooperativa son mujeres jefas de hogar, además de otros cooperativistas que están viviendo “de prestado” con familiares o alargando alquileres que no pensaban pagar. “Ahora estamos en un buen momento, pero si llega diciembre y no arranca la obra, la gente ya sabe que hay licencia en la construcción, y eso te tira un mes más para adelante. Si no tuviera este cargo de presidente, sinceramente quizá me iría en diciembre”, confesó.
Los US$ 4 millones
Para la compra del terreno en el remate de 2017, el MVOT invirtió US$ 1.725.000, siendo el único oferente. Según consta en el expediente, las autoridades entendieron que la manzana tenía una "gran capacidad de edificabilidad" y estaba muy bien ubicada en la trama urbana.
Pero lo que había debajo de la tierra multiplicó el gasto. Los estudios ambientales, el retiro de los tanques de combustible y las primeras remediaciones del terreno (como el bombeo del combustible flotante) tuvieron un costo de $ 6.260.480. Esta etapa incluyó el traslado y disposición final de 216.240 kilos de suelo contaminado al vertedero municipal.
Luego, en 2023, la empresa Buresil S.A. ganó la licitación para las obras de infraestructura y remediación general por un monto total de $ 97.465.714.
Sumando todos los contratos, el Estado comprometió al menos $ 103.726.194 (unos US$ 2,5 millones al tipo de cambio de los períodos de adjudicación) en consultorías, pozos y obras. Por tanto, sumado al precio de compra, la inversión total ya sobrepasa los 4 millones de dólares. Y la cuenta podría seguir subiendo. Desde el MVOT aclararon a El Observador que, dado que la remediación no finalizó (de hecho, no comenzó en su fase civil), el proceso “puede requerir otras inversiones”.
¿Cuántas familias vivirán allí?
Con el paso de los años, y los rediseños obligados por el plomo, la cantidad de familias que pasarían a ocupar el ex predio de Raincoop se fue reduciendo.
Cuando se compró el terreno, el entonces director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, había anunciado la construcción de “unas 600 viviendas”. Luego, cuando se presentaron los planos técnicos y el Proyecto Urbano de Detalle aprobado por la Intendencia de Montevideo, la cifra estimada bajó a poco más de 500.
En 2023, al ratificarse la licitación de obras de infraestructura, una resolución de Presidencia estableció la meta habitacional definitiva en 412 familias.
Sin embargo, las estimaciones en el terreno son aún más conservadoras. Hoy, tanto los cooperativistas como los proyectos en revisión estiman que entre 200 y 300 familias terminarán ocupando el terreno. Al ser consultados, desde el MVOT se limitaron a señalar que la cantidad final de viviendas “dependerá del proyecto ejecutivo de cada cooperativa”.