La reacción de Carlos frente al televisor, es un enojo y parte de las emociones. De hecho, entre toda la batería de preguntas, la reincidencia de quien cometió un delito sexual luego de ser liberado, es la que genera más enfado colectivo.
Es un escenario intolerable para la inmensa mayoría, así como lo es también la liberación anticipada de personas que cometieron delitos graves (causa enojo, es emocional). En eso parece no haber medias tintas. Hay hambre de penalizar.
Trajtenberg reconoce que le sorprendió que la actitud emocional sea, en promedio, la más punitiva. “Las personas reaccionan con mucha más dureza cuando se les plantean situaciones concretas que cuando opinan sobre principios generales del castigo”.
En un asado familiar de domingo, la charla deriva inevitablemente hacia los robos en el barrio. Laura, que hace un mes sufrió el arrebato violento de su cartera, alza la voz: "Yo en las próximas elecciones voto al candidato que prometa más mano dura, no se puede vivir así". Sin embargo, cuando su tío sugiere que a los presos habría que someterlos a humillaciones públicas o castigos físicos severos, Laura lo frena en seco: "Tampoco la pavada, no somos animales. Que paguen, pero que estudien o trabajen ahí adentro".
La escena del asado encarna otra de las grandes conclusiones de la investigación (en este caso combinando dimensiones conductuales (votar a quien promete mano dura), cognitivas (creencias sobre el castigo como que el preso merece la humillación) y una situación que le afectó a la persona en su rutina. Haber sido víctima de un delito en el último año es el segundo gran motor del punitivismo, pero este impacto se canaliza principalmente en el plano conductual (la predisposición a votar opciones políticas de "mano dura" o expresar apoyo a leyes más severas).
El primer gran factor que impulsa el punitivismo es la ideología, incluso más que el haber sido víctima de un delito. No es un tema de partidos políticos, sino de cómo el ciudadano se siente más a la izquierda o a la derecha. Y cuanto más a la derecha, más mano dura reclama.
La sociedad uruguaya es como un péndulo, tiende a pasar más veces por el centro. Pero en este momento el termómetro de la encuesta marca que el posicionamiento colectivo, en promedio, está más corrido a la centro derecha.
Mano dura a la uruguaya
Cuando en ese asado de domingo Laura corta en seco a su tío y le explica que se le va la moto al exigir la humillación de los presos o castigos que no permitan la rehabilitación, en realidad está resumiendo otro de los hallazgos del estudio en base a la encuesta de El Observador, la UMAD y el estadístico Juan Pablo Ferreira: la sociedad uruguaya traza una línea roja innegociable. Todo tiene su límite.
“Humillar a los presos” es la medida que menos apoyo recibe de toda la encuesta (un bajísimo promedio de 1,84 sobre 5, con un fuerte rechazo del 41,8% de los consultados).
El ciudadano pide firmeza, pero rechaza la crueldad. De hecho, la enorme mayoría no siente ningún enojo frente a la idea de que los reclusos accedan a oportunidades de estudio o trabajo en prisión.
Carlos cambia de canal de televisión. Ahora mira en Subrayado a Ignacio Zuasnábar, de la consultora Equipos, explicando que Nayib Bukele es el líder internacional con mejor imagen y mayor simpatía entre los uruguayos, con un 45% de aceptación. Una aceptación que incluso es alta entre los votantes del Frente Amplio.
Es probable que algún político enseguida traduzca ese resultado en discursos de mano dura o de hacer lo que hicieron los sucesivos gobiernos: incrementar penas.
Para el criminólogo Trajtenberg esa es una lectura equivocada. La sociedad uruguaya está viendo solo una parte de Bukele —ni siquiera conoce el costo de su modelo y la falta de garantías que supone—, pero, sobre todo, la población local no está dispuesta a convertir las cárceles en la solución absoluta. Mucho menos si esas prisiones funcionan como hasta ahora: la mayoría entienden que deberían rehabilitar o castigar y rehabilitar a la vez, pero eso no es lo que perciben que sucede.
No es un asesor político. Pero no le tiembla el pulso para decir que “el principal error de un político que lee la nota sería pensar que la gente quiere más castigo y punto. Los resultados muestran una realidad más matizada. Hay apoyo a endurecer algunas respuestas frente al delito, pero también hay límites claros. Ojo con pensar que hay un cheque en blanco”.
El principal error de un político que lee la nota sería pensar que la gente quiere más castigo y punto El principal error de un político que lee la nota sería pensar que la gente quiere más castigo y punto
El perfil del que pide castigos
¿Quién es exactamente el ciudadano que exige penas más severas? Los datos del informe derriban mitos y trazan un perfil. Pero Trajtenberg advierte que incluso dentro de esos perfiles hay variantes. Y ese fue otra revelación que, aunque tenían indicios, los sorprendió: “Una misma persona podía ser muy punitiva en algunos aspectos y bastante menos en otros”, cuenta después de haber podido construir redes de conexión, como quien intenta explicar la mente humana en un gráfico con nodos que se vinculan.
La orientación ideológica es el predictor más fuerte de todos: cuanto más a la derecha se ubica un ciudadano, mayor es su demanda de políticas punitivas. La literatura tiene algo de evidencia al respecto, pero el estudio nuevo probó que incluso es bastante más potente que haber sido víctima de un delito reciente (cuando se supone que ese rol de víctima tiende a modificar la percepción por su propio impacto inmediato).
El mapa demográfico muestra a un simpatizante de la mano dura con características algo precisas, pero no heterogéneas: tiende a ser más joven, posee un menor nivel educativo formal, reside en el interior del país (como Carlos en nuestra primera escena) y, en términos de género, las mujeres muestran niveles de punitividad ligeramente superiores a los hombres.
La diferencia entre varones y mujeres no es tan marcada como para sacar grandes conclusiones ni titulares. Hay estudios que ya lo habían evidenciado. Pero para los criminólogos fue una sorpresa en el sentido que desde lo ideológico está habiendo cierto corrimiento de las mujeres a posturas más de izquierda y un posible efecto inverso de los varones. Eso también lo había contado otra encuesta de El Observador y los académicos de la Universidad de la República.
Paradójicamente, hay una cura parcial para este enojo social, y viene de la mano de las instituciones. El documento revela que aquellos ciudadanos que expresan mayor confianza o acuerdo con el Plan Nacional de Seguridad muestran niveles estadísticamente más bajos de punitividad en todas sus dimensiones. Tampoco es para sacar grandes conclusiones. El Plan no fue tan difundido desde lo político y es posible que haya llegado al público más informado que es el que tiene menos sed de castigo o que es capaz de pensar en soluciones dentro de las reglas democráticas. Pero es como la cola de una rata para tirar en un futuro de ella y ver si eso era un simple hilo o una rata como tal.
En palabras de Trajtenberg: “Si el objetivo es construir una política de seguridad ampliamente compartida, el desafío será cómo generar legitimidad también entre quienes tienen una visión más punitiva del delito y muestran menor acuerdo con el Plan. Cómo dialogar con ese sector, qué aspectos del Plan generan mayor distancia y qué tipo de mensajes o políticas podrían acercarlo son preguntas que esta encuesta no puede responder pero sí pone sobre la mesa como desafío para quienes diseñan e implementan políticas públicas”.
Los datos desmitifican la idea de una turba irracional pidiendo sangre. Parecen silenciar los insultos de comentarios extremistas o de la red social X en donde, al decir del informativista Aldo Silva, “hay que aprender a insultar”. Hablan de una ciudadanía cansada, asustada por el delito y dispuesta a apoyar liderazgos políticos severos en las urnas, pero que se resiste a perder su matriz humanista. Las cárceles no deben ser hoteles, parece gritar el uruguayo promedio, pero bajo ningún concepto toleraremos que se conviertan en cámaras de tortura.
El aporte científico
El Observador y los académicos podían haber publicado los resultados a cada pregunta sin mucha vuelta: qué porcentaje está a favor de la pena de muerte, cuántos de la cadena perpetua, la predisponían a votar a quien prometa mano dura. Pero eso sería más de lo mismo: nada muy noticiable y que aporte al lector.
El estudio de Trajtenberg tiene, al decir del propio criminólogo, dos aportes científicos. “Ayudamos a mostrar mejor que la punitividad es un fenómeno multidimensional. No alcanza con preguntar qué piensa una persona sobre el castigo (aspectos más cognitivos). También importa cómo reacciona emocionalmente o incluso qué estaría dispuesta a hacer a nivel de comportamientos”.
Pero hay un salto más. Trajtenberg lo dice con humildad y sin precipitarse antes de que esto ingrese a una revista científica auditada por pares: “Aplicamos más herramientas metodológicas para evaluar psciométricamente cómo son estas actitudes y cómo se relacionan entre sí”. Establecer esas redes, como neuronas que se van conectando en su sinapsis, “es bastante novedoso en criminología y permite entender mejor cómo se relacionan los distintos componentes de la punitividad”.
Sobre la encuesta
El Observador, la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de Ciencias Sociales (Udelar), y el profesor adjunto del Instituto de Estadística (Udelar) Juan Pablo Ferreira aplican a nivel masivo en Uruguay un monitoreo de la opinión pública con encuestas no probabilísticas que permiten inferencias a través de modelos alternativos.
Aquí puede ver algunas de las notas realizadas mediante estas técnicas.
Este proyecto de encuestas —anónimas y cuyos datos no son usados con otros fines que académicos y periodísticos— es una apuesta a la innovación en la aplicación de nuevos modelos de investigación social, la confección de trabajos comunicacionales de calidad e independientes (no reciben apoyo de empresas ni de políticos), y la elaboración de documentos académicos que permiten generar conocimiento.
Para este sondeo puntual fueron encuestados 3.473 voluntarios entre el 14 y el 29 de abril de 2026.
A continuación los detalles metodológicos:
