El infierno huele a plástico quemado en lugar de azufre. Es un aroma metálico y químico, crudo, que no encuentra descanso siquiera cuando se enfrenta al hedor de los caños desbordados de mierda. Las ráfagas, en plena ola de frío al oeste de Montevideo, no hacen más que irradiar el tufo (y las bajas temperaturas) a las tres plantas del módulo 11 del exComcar. Un letrero en la puerta da la bienvenida: Instituto Nacional de Rehabilitación. Parece un chiste de mal gusto.
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Foto: Inés Guimaraens
Alejandro Chaves, el director de la unidad penitenciaria número 4 (exComcar), está acostumbrado a los insultos y las amenazas, aunque ello le haya costado un divorcio y alejarse de su Rivera natal. Los gritos, las patadas a las puertas de las celdas, las manos apretando con ira los barrotes son parte del paisaje de este módulo, de alta seguridad en la clasificación oficial, al que llaman “el último círculo del infierno” o “la regresión”.
En el módulo 11 se avanza para atrás. Allí van a parar aquellos que son castigados, los que hirieron a otro privado de libertad, los que la sociedad los encasilló como “los más violentos”. Hay 498 plazas, pero este miércoles son 701, 702, 711 presos. Las cifras cambian con la velocidad de las horas.
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Foto: Inés Guimaraens
En el "último círculo del infierno" sobrevive la séptima parte de la población del exComcar, la cárcel más poblada de Uruguay. Un año y monedas después del retorno a la democracia, las autoridades de la época inauguraron la unidad. Primero eran unos pocos bloques de ladrillo visto, luego otros de concreto y otros… otros. En el exComcar habita más gente que en buena parte de los poblados de Uruguay.
—¡Cheves, sacanos de acá! ¡Esto no da para más! ¡Dejen de sacar fotos y vengan a vivir unos días con nosotros!
No hay ventanas que aíslen el olor a quemado ni canaletas que permitan el desagüe de una cañería abarrotada por la falta de mantenimiento y hacinamiento. No hay suficientes funcionarios siquiera para garantizar las horas mínimas de patio.
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Foto: Inés Guimaraens
En la idea romántica de los políticos de turno —hace algo más de una década— los módulos 10 y 11 servirían como “módulos dormitorio”. Pero en lugar de usarse solo para dormir, el día transcurre en el encierro. Menos de la décima parte trabaja. Ninguno estudia (los alumnos pasaron al módulo 10). Y hay un 40% que no recibe visitas, ni paquetes ni mensajes que lo hagan sentir humano.
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Foto: Inés Guimaraens
El Comisionado Parlamentario Penitenciario lo reitera en cada informe: en el exComcar hay módulos con “tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
En las celdas del módulo 4 —de mediana seguridad— un simple estornudo equivale al comienzo de una gripe generalizada. En habitaciones diseñadas para tres o cuatro, duermen nueve o diez. Los de las cuchetas superiores no pueden tener pesadillas, porque cualquiera levantada a las apuradas es un chichón asegurado al impactar contra el techo.
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Foto: Inés Guimaraens
Cada 200 uruguayos, uno está preso. Eso convierte al país como el Estado de Sudamérica con más encarcelados per cápita, y sitúa a Uruguay como el décimo país en el mundo con la tasa más alta de prisionización.
Ana Juanche, la nueva directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, irá este jueves va al Parlamento para convencer a los legisladores sobre la necesidad de un “cambio profundo” del sistema, incluyendo un “cambio del sistema criminal” local.
—Acá hay muchos presos que no tendrían que estar presos. No lo tendrían que estar por el tipo de delito que cometieron y porque no revisten peligro alguno para el resto de la sociedad.
Juanche acompaña a El Observador en la visita al exComcar, luego de casi dos décadas en que los módulos de mayor hacinamiento fueron cerrados al contralor de la prensa.
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Foto: Inés Guimaraens
¿El aumento de la cantidad de personas presas es negativo para la sociedad? El Observador y académicos de la Universidad de la República hicieron esa pregunta en su última encuesta, cuyos resultados se publicarán en unos días. Pero una revisión de los datos preliminares permite observan que la opinión pública está “muy dividida” al respecto.
Juanche es consciente que un cambio profundo del sistema “implica muchas veces ir contra la opinión pública”, “lleva años” (a Suecia le llevó medio siglo), y requiere medidas alternativas a la prisión.
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Foto: Inés Guimaraens
Cada preso costó el año pasado, en promedio, 39.000 pesos uruguayos por mes. Pero la saturación del sistema está implicando gastos todavía mayores: más de la mitad de las personas en situación de calle pasaron por la prisión, dos tercios de los privados de libertad reinciden en menos de tres años de haber sido liberados (puerta giratoria), y, según los académicos, el Estado corre riesgo de perder el control.
No es solo lo que pasa detrás de las rejas, sino cómo los grupos criminales pueden fortalecerse ante el "encarcelamiento masivo", la baja del ratio funcionarios-usuarios, y la quita de herramientas de rehabilitación.
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Foto: Inés Guimaraens
En el exComcar hay palomas y palomas. La comida en descomposición atrae a decenas de aves que sobrevuelan, pero también hay cuerdas colgando que en la jerga tumbera se llaman “palomas”.
—Es una manera de comunicación. Unos a otros se pasan así lo legal y lo ilegal.
Juanche no oculta que, ante tamaña precariedad, la droga, los celulares y las armas sean parte de la circulación cotidiana.
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Foto: Inés Guimaraens
En cada una de las requisas los guardias recolectan decenas de objetos que jamás debieron haber entrado. Pero la quita de los mismos es, al decir del director Chaves, la chispa que pueden abrasar un problema mayor:
—Cuando a un adicto se le quita toda su droga, terminás creando la necesidad. Eso genera más reacciones violentas, más estado de alerta, más gritos… como una olla a presión.
La sola presencia de la cámara de fotos de El Observador es motivo para encender el griterío. Y lo que empieza como un sonido aislado que se cuela entre los barrotes, a lo lejos, al rato es el coro de decenas puteando, agitando sábanas rotas, tirando aguas servidas.
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Foto: Inés Guimaraens
Poco después de haber visitado las cárceles de Uruguay, cuando iban camino a convertirse en ese “infierno”, el relator de Naciones Unidas Manfred Nowak dijo: “La manera en que una sociedad trata a sus personas privadas de libertad es uno de los mejores indicadores de su cultura de respeto a los derechos humanos”.
Es el Uruguay que Uruguay no quiere ver, hasta que se quema un colchón, mueren cuatro y, al menos por un rato, algo recuerda que el “infierno” está a treinta minutos del Centro de Montevideo. Con olor a plástico quemado y todo.
