Uruguay llegó a los 15.000 presos: un crecimiento sostenido durante 20 años que genera cuestionamientos

En menos de una vuelta entera del minutero de un reloj entra una persona a la cárcel en Uruguay. Eso “goteo” constante, que supera a aquellos que salen en el mismo tiempo, va trazando la ladera de una montaña que viene en ascenso desde hace al menos tres décadas. Es así que el lunes se contabilizaron 15.000 reclusos, una cifra que no dista demasiado de la observada el domingo o el martes, pero que, por su simbolismo, puso el tema en la agenda nuevamente.

Uruguay es el país con más presos per cápita de América Latina. Es, en relación al tamaño de su población, el décimo con más reclusos de todo el mundo. Tiene —sin narcoestado, sin guerra y sin dictadura— una tasa de encarcelamiento superior al régimen venezolano, a China o a Nicaragua.

Todo esto con el agravante de que las plazas en las cárceles crecen a un ritmo inferior a la población que ingresa, que, según cifras preliminares, la reincidencia ronda el 80%, y que casi la mitad de los presos robó sin violencia (por lo que, a priori, no supone un peligro inminente para la sociedad).

Es así que el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, pidió que se reduzca la pena del delito de microtráfico (el que había elevado, sobre todo, el incremento de presas mujeres en un sistema penitenciario en que más del 90% son hombres). También sugirió la entrega de tarjetas de alimentación para los recién liberados, con la intención de reducir la reincidencia inmediata (la estimación oficial es que la mitad de los que reincide lo hace a menos de seis meses de haber quedado libre). Y apoyó las medidas sustitutivas a la cárcel,  una misma estrategia que había promovido el “GACH de seguridad” que reunió el exministro del Interior, Jorge Larrañaga.

Uno de los integrantes de ese grupo de expertos, el criminólogo Nicolás Trajtenberg, había ejemplificado con lo que sucede en Australia: allí “hay una pirámide: primero persuadís, luego castigás de manera suave y sin encierro, y las cárceles se destinan solo para los realmente peligrosos para la sociedad”.

Al respecto, a fines de mayo se realizó en la Universidad Católica del Uruguay una presentación de investigaciones del Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana. En el momento de las preguntas, desde el público surgió una recomendación: ¿por qué Uruguay no implementa un sistema en que, ante la falta de cupos, para permitir entrar un nuevo preso hay que liberar sí o sí a otro?

Quien propuso esta estrategia comparó con el equilibrio de oferta y demanda de camas en un CTI: por más que se amplíe, no se atiende un nuevo paciente hasta que no se libere un cupo.

En los lugares en que se implementan estas estrategias, se confeccionan índices, estilo colores del semáforo, que tienen en cuenta cuánto tiempo le queda al posible liberado para el cumplimiento de su pena, cuál es su comportamiento y su nivel de peligrosidad para el resto de la sociedad.

Esta medida, dicen los técnicos, podría cambiar la actitud de fiscales y jueces cuando ordenan la prisión como medida única y, a fin de cuentas, conduciría a que las cárceles uruguayas concentren a aquellos que de manera más justificada deberían estar detrás de rejas.

Y es entonces que empieza la discusión ideológica y política.

“A medida que la gente reclama más castigos, el político tiende a reaccionar y legislar a favor de esos reclamos”, había explicado a El Observador el criminólogo Trajtenberg. De hecho, dijo, los últimos gobiernos, cualquiera fuera su color partidario, tendieron al aumento de las penas y la prisionización como estrategia de seguridad. Incluso la legalización del mercado de marihuana, que cumple diez años, había sido propuesta al Parlamento junto a una batería de agravamiento de penas tras el asesinato del trabajador de La Pasiva.

En esta línea, el “GACH de seguridad” había explicado que el aumento de la población carcelaria no necesariamente refleja un éxito en la gestión, como habían defendido los políticos de antes y de ahora. Sin embargo, ese discurso de asociar el “castigo” al éxito sigue vigente en parte del elenco político. Poco antes de renunciar a su cargo, el exdirector de Convivencia, Santiago González, había argumentado que el incremento de presos se explica por compromisos “en la campaña electoral, y la LUC iba por esa línea, a ser más eficaces en el trabajo contra el delito”.

En este contexto, el Parlamento uruguayo también tiene a estudio una iniciativa que discute la prisión domiciliaria de los adultos mayores de 65 años. Una nueva redacción dada por la senadora nacionalista Carmen Asiaín recoge las recomendaciones del comisionado parlamentario para las cárceles de que sea un juez quien estudie caso a caso.

Ese filtro es alcanzable dado que menos de 200 presos tienen esa edad. El grueso son jóvenes entre 25 y 44 años.

De esos jóvenes van acumulándose y algunos módulos penitenciarios tienen un hacinamiento que casi duplica la capacidad locativa. Sobre todo en las prisiones de mujeres asociadas al delito de microtráfico. Petit lo explicó: “Mientras que la densidad promedio masculina nos muestra que hay 128 reclusos cada 100 plazas, en el caso femenino hay en promedio 158 mujeres privadas de libertad por cada 100 lugares”.

Según el comisionado paralmentario, “estos niveles de superpoblación y hacinamiento, además de representar condiciones que significan una sería vulneración de derechos, que no hacen otra cosa que consolidar trayectorias de privación y transgresión generando más reincidencia, también implican importantes dificultades logísticas y de infraestructura para el desarrollo de programas. Hay muchos lugares con hacinamiento crítico, lo que va de la mano de condiciones de vida y rehabilitación totalmente inadecuadas. La Unidad No. 5, Centro Metropolitano Femenino, tiene 165% de densidad, la cárcel de Canelones tiene 142%, el Comcar 138%, Salto 239%, Artigas 199%, Maldonado 169%, entre otros”.

El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, lo reconoció en la comisión que estudia el proyecto de Rendición de Cuentas: “Tengo un déficit de 2.138 plazas de hombres y 387 de mujeres. Esas son las plazas que me faltan para que cada uno viva en un lugar de acuerdo a la reglamentación de Naciones Unidas, respetando la dignidad humana, no para salir del paso, como hacemos hoy e hicimos antes”.

El gobierno prevé que al finalizar el período va a tener 2.481 plazas nuevas para hombres y 566 para mujeres. "Al terminar el período están previstas 2.481 plazas legales de hombres, y se precisan 2.138. Tengo un espacio por si aumenta la población, aunque últimamente viene desacelerando. De mujeres faltan 387 y vamos a terminar el período con 566", explicó Mendoza.