Uruguay ocupa el lugar número 10 en el mundo en cuanto mayor porcentaje de población carcelaria en relación a la población total

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Una vergüenza nacional

La población carcelaria se multiplicó por 3 veces desde el año 2000, y que desde 2020 a la fecha creció un 25%, es decir, unos 3000 reclusos más
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10 de junio de 2023 a las 05:03

En un informe del diario El País del pasado domingo sobre el sistema carcelario uruguayo se arrojan datos demoledores a los que los uruguayos queremos hacer la vista gorda. El notable incremento del número de personas privadas de libertad, el hacinamiento en las cárceles, la falta de seguridad -sobre todo para los primarios que son extorsionados-, buenos cuidados sanitarios internos, la circulación de drogas, la falta de programas de rehabilitación que realmente rehabiliten y no hagan de las cárceles una "universidad del delito”, como se dice acertadamente.

Al domingo pasado había 14.903 reclusos, y dos semanas antes 14.796. A esa cifra ya muy cercana a 15.000, hay que agregar  las casi 20.000 personas que cumplen su condena con medidas alternativas al encierro. Para poner esas cifras en perspectiva, el informe mencionado señala que la población carcelaria se multiplicó por 3 veces desde el año 2000, y que desde 2020 a la fecha creció un 25%, es decir, unos 3000 reclusos más. Y, lo que es más grave, que Uruguay ocupa el lugar número 10 en el mundo en cuanto mayor porcentaje de población carcelaria en relación a la población total. Uruguay es el tercer país de América Latina por detrás de El Salvador y Brasil.

Mucha gente, que admira secreta o abiertamente los métodos represivos del presidente Bukele en El Salvador para construir una cárcel de alta seguridad y poner allí a más de 50.000 presos, pensará: “qué bueno que 3.000 delincuentes estén presos, si están es porque se lo merecen, no me importa en qué condiciones están”. Son pocos los que piensan cómo han llegado, qué condiciones les faltaron en la niñez y la adolescencia, qué educación no tuvieron, de qué afectos y estabilidad familiar y emocional carecieron a lo largo de su vida.

Incluso mirando las cosas de un punto de vista estrictamente económico pocos piensan que son 3.000 personas más para alojar, para alimentar, para cuidar. Se requieren más edificios, más guardias. Más de todo. Y cuando se pide presupuesto para el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) son muchos los que miran para el costado. En los últimos 20 años son pocas las obras que se han hecho. Destaca Punta Rieles hecha con el sistema de Participación Publico Privada (las famosas PPP que ahora han caído en desuso) y poco más.

Esto ha llevado a una superpoblación del 118,7% para todo el sistema. O, como dice el informe de El País, 2.336 privados de libertad no tienen una cama.

Ese es un problema grave. Con todo el más grave es el avance del narcotráfico. Muchos de los reclusos consumen drogas y ya se puede imaginar el lector lo que ello significa en cuanto a trasiego, compraventa, explotación y falta de ganas de rehabilitarse.

Hace un par de años, Juan Miguel Petit, el Comisionado Penitenciario Parlamentario (una institución sumamente útil) señaló con singular acierto “que cuando no hay acceso a la educación, se dan condiciones de hacinamiento y de insalubridad, no hay actividad física ni laboral, y «existe un trato deshumano y degradante». Es muy frecuente que los privados de libertad tengan una historia de deserción educativa muy temprana y de malas condiciones de crianza, en especial en la primera infancia. Muchas veces la transgresión delictiva se acompaña del consumo de drogas y deterioro progresivo de la salud mental. Por eso es necesaria la intervención temprana: «la convivencia pacífica comienza en la cuna», el afecto es la base y cuando no está, se generan rajaduras que son difíciles de soldar”.

Difícil de añadir algo más a las palabras del Comisionado Petit. Es una radiografía completa del sistema carcelario uruguayo y de cómo se ha deteriorado con el paso de los años y con el paso de los gobiernos. La opinión pública no ayuda con su visión superepresiva. Se piensa que la seguridad se mejora con mayor represión, mayores penas y mayor número de encarcelados. Y esto no es así. Las cifras del Uruguay lo demuestran: hemos triplicado la población carcelaria con relación al año 2000 y el problema de la seguridad está claramente peor.

Petit señalaba en esa exposición “que aunque la creencia general es que cuánto más presos, mayor seguridad, y que con medidas más  represivas se delinque menos, en la práctica se ha demostrado lo contrario”. Aquí y en el mundo.

Por tanto, Uruguay enfrenta dos problemas. Por un lado, mejorar todo lo referente al sistema carcelario para tratar con la debida dignidad a los detenidos y procurar su rehabilitación mediante trabajo y educación. Por otro, trabajar muy fuertemente en la mejora del sistema educativo y en los cuidados de la primera infancia, que es donde se definen muchos de los rasgos de la personalidad. Cuidados que van desde la adecuada alimentación hasta el fortalecimiento de los vínculos familiares, tan vitales para la inserción social, y que lamentablemente cada vez se ponen más en cuestión con políticas públicas que buscan deteriorarlos.

Y, de paso, sería bueno lograr un cambio del sentir de la opinión pública respecto a la relación entre seguridad y número de presos. Ello ayudaría enormemente a implementar las dos políticas anteriormente enunciadas y que, por supuesto, deben ser políticas de estado. Así nuestro sistema carcelario dejara de ser una vergüenza nacional, a la que nadie quiere atender porque votos no da.

 

 

 

 

 

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