La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno presentó la demanda acusatoria contra el exsenador del Frente Amplio Charles Carrera y solicitó que sea condenado a cuatro años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante tres años y el pago de una multa de 1.000 Unidades Reajustables, informó El País y confirmó El Observador con fuentes del caso.
De acuerdo con el medio, la acusación implica que, tras la etapa intermedia del proceso, el caso avanzará hacia un juicio oral.
Carrera está imputado por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada debido a su participación en la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial, pese a que no tenía derecho a recibir asistencia allí por tratarse de un civil. En ese momento, el dirigente frenteamplista se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior durante la gestión de Eduardo Bonomi.
Hernández recibió el impacto de una bala perdida en 2012 en La Paloma y quedó paralítico. La investigación apuntó a que el disparo habría salido de la vivienda de un policía donde se realizaba una fiesta, aunque eso nunca pudo probarse judicialmente.
Según la imputación inicial, Carrera habría falseado información para permitir que Hernández permaneciera durante tres años internado en el Hospital Policial sin abonar el servicio. Además, le otorgó a la familia tickets de alimentación por $ 20.000. El gasto total asumido por el Ministerio del Interior ascendió a US$ 260.000.
En febrero de este año, el Tribunal de Apelaciones de 2° Turno rechazó un pedido de la fiscal Sandra Fleitas para que Carrera cumpliera arresto domiciliario. La jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, Diovanet Olivera, ya había desestimado previamente esa solicitud.
Durante una audiencia realizada en octubre de 2025, Fleitas también pidió que al exsenador se le prohibiera dar entrevistas o expresarse en redes sociales sobre el caso, al considerar que podía influir sobre policías testigos de la causa. Sin embargo, Olivera rechazó el planteo y sostuvo que impedirle hablar implicaría “censura previa”. “Quizás sea un juez demasiado garantista en cuanto a estos derechos que para mí son fundamentales en una sociedad democrática como la que quiero que sea mi país”, afirmó la magistrada.
