Un informe de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) publicado la semana pasada y que se centró en una división de la Dirección General de la Salud (Digesa) encontró riesgos –uno extremo y otros altos– en la fiscalización de sustancias controladas, que no permiten evitar el desvío al mercado ilegal.
"De la evaluación realizada se concluye que las actividades implementadas por la División de Sustancias Controladas (DSC) para controlar y fiscalizar no permiten asegurar razonablemente el uso legal de las sustancias y la prevención de su desvío al mercado ilícito, debilitando el ejercicio de la autoridad sanitaria", señala el informe, con fecha de agosto de este año.
La investigación de la AIN abarcó el período comprendido entre el 1° de enero de 2024 y el 28 de febrero de 2025, aunque en algunos aspectos puede haberse considerado un período más extenso, según aclara el informe publicado en la página web de la AIN el pasado 10 de setiembre.
Entre los hallazgos principales, el informe de auditoría señala que la DSC no cuenta con un registro completo de las empresas obligadas a reportar sus actividades por el manejo de sustancias controladas por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Según la AIN, no hay un relevamiento y un control sistemático que permita contar con un "registro íntegro".
Parte de este problema se debe a que los registros de información están fragmentados y en "diversos soportes", algo que no los hace "interoperables".
La AIN también apunta a la "falta de información íntegra, confiable y oportuna" para mantener la trazabilidad de las sustancias.
"Las actividades de fiscalización anualmente cubren un 3% del total del universo registrado en todo el país" y "las medidas implementadas para exigir el cumplimiento de las obligaciones de las empresas son insuficientes".
Con este panorama, el informe sugiere a la división del MSP adoptar "a la brevedad" medidas para "cumplir con los cometidos asignados".
En términos de "criticidad", es decir el nivel de riesgo que representan, el informe consideró que hay un riesgo extremo en el área de registro de usuarios de la DSC y riesgos altos en gestión de información, trazabilidad de sustancias, fiscalización de empresas e incumplimiento de obligados.
Sobre el primer punto (registro de usuarios), la AIN asegura que hay un "subregistro" y que faltan "mecanismos adecuados de intercambio de información". Sugiere, entonces, mejorar los criterios y acciones de intercambio de información, coordinar con otros organismos con competencia en la materia, actualizar el registro y evaluar la aprobación de un marco normativo que permita "abarcar el control de servicios de salud parcial".
Para el registro de los datos la AIN recomendó incorporar un sistema informático que permita visualizar mejor la información (y que no sea una planilla de Excel, como ahora), rediseñar lo que se le exige a las empresas para lograr que cumplan con las obligaciones y "exigir la presentación de información a los usuarios y en caso de detectar incumplimiento aplicar las sanciones respectivas".
También sugiere avanzar en la receta médica electrónica.
Sobre la trazabilidad de las sustancias, el informe concluye que "no es posible" conocer la cantidad total de sustancias que ingresaron al país por medio de las empresas, que no se cuenta con información sobre la comercialización y/o distribución de estas sustancias y que no hay evidencia de que existan actividades de control periódicas y sistemáticas.
Por eso recomienda implementar un sistema informático que mejore la trazabilidad, que se instrumenten las "libretas de vales de adquisición" y que se promueva el recetario electrónico.
En términos de fiscalización de empresas, la AIN sugiere al MSP tomar medidas para poder abarcar un universo mayor de fiscalización, entre otras acciones.
Por último, sobre el incumplimiento de los sujetos obligados en términos de sustancias controladas, la AIN recomendó tomar medidas para corregir las situaciones irregulares detectadas, fortalecer la imagen institucional y el "tratamiento equitativo" de los obligados.
