Abogados, policías, enfermeros y gestores fueron detenidos cuando amanecía este martes. La investigación liderada por la fiscal de Toledo Sabrina Massaferro permitió obtener pruebas sobre 16 personas que entiende conforman una red delictiva para conseguir clientes de accidentes de tránsito ilegalmente.
La organización, que funcionaba en todo el país, funcionaba de la siguiente manera: cada vez que ocurría un accidente de tránsito con personas heridas graves o con fallecidos, un policía (de distintas reparticiones) o un enfermero de una emergencia móvil se comunicaba con alguno de los abogados o con algún gestor para informarles del caso y pasarle los datos de las víctimas del accidente. Con esa información los abogados se comunicaban luego con las personas y le ofrecían sus servicios.
A cambio de obtener esa información tanto los policías como las enfermeras recibían una suma de dinero.
La irregularidad está en que los abogados obtenían los datos de los potenciales clientes ilegalmente y los trabajadores, tanto de la seguridad como de la salud, entregaban información confidencial y además cobraban por esa tarea, lo que lo convierte en un delito de cohecho calificado (lo comete el funcionario público que acepta dinero, regalos o promesas para retrasar, omitir un trámite o hacer algo contrario a sus deberes). La fiscalía investiga también un delito de asociación para delinquir, tanto para los funcionarios públicos como para los abogados y gestores. A estos últimos también se los indaga por soborno, por ofrecer, dar, solicitar o recibir algo de valor para influir de manera ilegal en las decisiones o acciones de una persona en posición de poder o autoridad.
Otros posibles delitos son los de revelación de documentos secretos, que implica "sin justa causa, revelar el contenido de los documentos que hayan llegado a su conocimiento, o revelación de secretos, lo comete el funcionario público que, con abuso de sus funciones, revele hechos, o difunda documentos, por él conocidos en razón de su empleo actual o anterior.
Este martes en la tarde se realizaría la audiencia de control de detención que los jueces están obligados a hacer para verificar que la detención se haya realizado legalmente y este miércoles se espera que se formalice la investigación, según informaron a El Observador los abogados Paula Barbosa y Nicolás Noguera, que defienden a gestores.
A pedido de la fiscalía, la Justicia de Crimen Organizado reservó las actuaciones, por lo que los abogados declinaron en dar mayor información.
El tenor del caso generó que el caso lo asumiera ese juzgado especializado y por eso se dio la particularidad de que la fiscal Massaferro interrogó a los indagados en la sede de la fiscalia de Cerrito y Misiones, en lugar de hacerlo en Toledo.
La investigación se inició hace meses por un caso de Toledo en el que una víctima de un accidente de tránsito que tuvo una discrepancia con su abogado por el monto de lo que le debía pagar.
