Ejercía en una policlínica de cardiología en Treinta y Tres sin tener el posgrado terminado
La imputación de una conocida médica de Treinta y Tres por el delito de usurpación de título ha generado conmoción en esa ciudad y en todo el sistema de salud por las consecuencias que podría tener este enjuiciamiento.
La médica ejercía como cardióloga y fue imputada por la justicia del departamento a raíz de una denuncia de usurpación de título presentada por el Ministerio de Salud Pública en 2024, durante la anterior administración. La situación fue informada por Revista Cero y confirmada por El Observador.
La acusada está cursando el posgrado en cardiología y le resta aprobar el último trimestre de la especialización y rendir el examen final, explicó Gustavo Alonso, presidente de la Federación Médica del Interior. Alonso agregó que la imputación de la profesional “es un tema muy sensible” para la gremial y preocupa porque “hay muchísima gente trabajando en iguales condiciones”.
Según los datos de FEMI, el 25% de los cargos de especialistas en el interior están cubiertos por médicos en situaciones similares a la de la doctora imputada en Treinta y Tres. La falta de especialistas en distintos puntos del país impulsa la situación –dijo Alonso- aunque en Montevideo también existen casos.
“Si los médicos que tienen estudios de posgrado avanzados pero no finalizados no atendieran especialidades, sería imposible que el sistema de salud cubriera todo el territorio del país”, dijo Alonso.
Las autoridades de FEMI pretenden reunirse con la ministra Cristina Lustemberg para analizar el caso. “Tenemos que ver cómo seguimos adelante, porque este caso puede llevar a que el sistema de salud tenga muchas dificultades”.
Alonso mostró que en varios llamados de ASSE se aceptan los médicos sin posgrado terminado.
Por ejemplo, un reciente llamado para un cargo de urólogo también en Treinta y Tres fue dirigido a urólogos o médicos “cursando el último año de la especialidad en urología”. Otro llamado para un puesto de cardiólogo en el mismo departamento, también convocó a médicos que estén cursando el último año de la especialización, sin haberla terminado.
Fuentes médicas dijeron que en estos casos los estudiantes avanzados de posgrado consiguen un aval de la cátedra de que están en condiciones de desempeñar los cargos.
José Minarrieta, presidente del Sindicato Médico, dijo que existe una tensión entre un problema real de falta de especialistas y la necesidad de no desvalorizar los títulos. Relató que en algún caso se han otorgado cargos a estudiantes de posgrado avanzados pero con un plazo perentorio para que aprueben los créditos que les faltan para titularse como especialistas.
La presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Gabriela Pradere, manifestó que el peor efecto de este caso sería “que la gente sintiera alarma respecto de la atención que recibe”.
“En términos generales, cuando uno analiza los resultados de sistema de salud se aprecia que son buenos. Pero tenemos que mejorar la transparencia y la calidad de la información”, reconoció. “La gente tiene derecho a saber con quién se está atendiendo”.
Pradere prefirió no opinar sobre el caso concreto, ya que está en manos de la justicia y se confía en su actuación. “La información que tenemos dice que la doctora figuraba como responsable de una policlínica en cardiología. La justicia deberá determinar si existió la usurpación de título”.
La jerarca agregó que en muchas especialidades no existe una reglamentación taxativa que indique qué actos puede realizar o no un médico. “Un niño puede ser atendido por un pediatra, pero también por un médico general o un médico de familia”, ejemplificó. En cambio, en otras especialidades, como la de médico intensivista, sí tienen reglamentado que solo quienes tienen la especialidad terminada pueden ejercerla.
Pradere insistió en la necesidad de que la gente se informe sobre la titulación de los médicos, recurriendo a la web Info Título, que brinda esos datos.
Por su parte del decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, tampoco quiso opinar sobre el caso concreto de Treinta y Tres, por desconocer sus pormenores. Pero reivindicó el valor del título que expiden las universidades como garantía para los pacientes y el sistema.
“Sé que hay médicos que están avanzando en el estudio de la especialidad y que cubren puestos de especialistas. Pero no deberíamos avalarlo tan sencillamente”, afirmó el decano. “Nosotros tenemos una instancia muy clara que es la validación académica: alguien adquiere las competencias y se le da el título. La propia cátedra fijó los requisitos. Y si la unidad académica te avala la práctica sin haber cumplido todos los requisitos que la propia unidad académica fijó, quiere decir entonces que hay requisitos que serían prescindibles”.
Briva recordó que el Consejo de la Facultad de Medicina llevó recientemente de tres a cuatro años los años del posgrado en cardiología porque se entendió que se necesitaba más formación.
“Entonces esa misma unidad académica no me puede decir que alguien con tres años y medio o tres años y 364 días o con todos los días cursados pero no habiendo cumplido alguna etapa académica, puede hacer la práctica de la especialidad. Yo en eso soy bastante firme”.
Briva dijo que si el MSP llegara a decretar un estado de emergencia por falta de determinados especialistas, las cátedras podrían avalar que, en ese marco concreto, médicos con los estudios de posgrado avanzados atendieran algunos puestos, pero “con un plan concreto para que a la brevedad tengan el título”.
El caso que terminó con la imputación de la médica de Treinta y Tres comenzó con la denuncia de mala praxis por parte de la familia de un paciente fallecido en el hospital local. La mala praxis no pudo ser probada, pero la familia denunció que la cardióloga no estaba recibida ante el MSP.
Pradere dijo que durante la administración anterior el departamento jurídico del Ministerio derivó la denuncia a la Fiscalía.
Minarrieta, sin entrar en consideraciones sobre el fondo del asunto por estar en manos de la justicia, lamentó el modo en que la médica fue detenida en su lugar de trabajo, trasladada en un patrullero e incomunicada: “Hubo una cuota de violencia en la situación que no parecía necesaria”.
