Ante una consulta de uno de los abogados, la defensa de los imputados, encabezada por el penalista Jorge Barrera, aclaró que la voluntad es solucionar todo el conflicto. La jueza dijo que entendía razonable lo planteado por la fiscalía.
La fiscal Fleitas adelantó en audienica que la investigación sigue en curso y dijo que puede haber más involucrados en la asociación para delinquir. La socia de González Palombo, la uruguaya Tamara Taube Grunberg, sigue siendo indagada.
El relato de la fiscalía
En la audiencia, que presenció El Observador, la fiscal argumentó que los titulares se asociaron con Ignacio González Palombo —que fue imputado en febrero por estafa y falsificación de documento— para cometer delitos. "Los denunciantes confiaban en la empresa por su trayectoria y antigüedad y se aprovecharon" de ello para captar inversiones", añadió Fleitas en su fundamentación.
Además, consideró que producto de esa "asociación" obtuvieron "beneficios económicos", tanto para González Palombo que cobraba comisiones, sino también los Pérez.
González Palombo había sido empleado de Pérez Marexiano entre 2008 y 2015 realizando estados contables para presentarlos a auditores y controles antilavado hasta que fue despedido por no haber realizado aportes correspondientes. Sin embargo, a partir de esa fecha, dijo la fiscal, "empezó a capacitar a los empleados que lo suplantarían" y empezó a captar inversiones.
"La cartera de clientes se fue agrandando" y en 2020 se asoció con Tamara Taube, una uruguaya radicada en México que se dedicó a captar inversiones de ese país aunque también participaba con González Palombo en reuniones virtuales con clientes de Uruguay.
Para fundamentar "el aval" de los Pérez en todo lo que hacía González Palombo, la fiscal afirmó que este "daba directivas al operador" sobre las acciones que tenían que comprar y "el traider tenía que ejecutarlas". Agregó que llegó a dar directivas de compras de hasta US$ 1 millon.
"Cuando González Palombo traía un cliente, le daban la documentación y los Pérez decidían si se creaba la cuenta o no" dentro de la sociedad de bolsa. Además, Fleitas relató que le pagaban comisiones por orden de los socios cada dos o tres meses, algunas de hasta US$ 20 mil que se tomaban como "gastos propios" y se le transferían a la cuenta personal de González Palombo de Itaú o por cheques firmados por los Pérez.
Leonardo Carreño / FocoUY
En ese sentido dijo la fiscal que cuando el Banco Central les preguntó por el vínculo con González Palombo respondieron que había sido empleado nada más, "no se realizó ninguna mención a que actuaba como intermediario o que enviaba estados de cuenta a los clientes de la empresa" porque "sabían que estaban violando la ley de mercado de valores".
“Lo cierto es que de 652 clientes quetenía la firma, al tiempo de la intervención del BCU, 107 eran los vinculados a González Palombo", dijo Fleitas en base a la información que le proporcionó la interventora de Pérez Marexiano, la contadora Ana Chaves.
De acuerdo con los datos del BCU, la fiscal dijo que el total de saldos positivos de clientes era de US$ 2.140.000, que es elonto en efectivo que los clientes tienen derecho a percibir, de los cuales US$ 445.542 correspondían a la entidad y sus socios, por lo que se concluyó que se debía abonar a clientes de PM US$1.695.156.
A su vez, señaló que el patrimonio de la empresa en cuentas bancarias es US$ 927.564 por lo que resulta insuficiente para cubrir la deuda. "Esto se debe a que los accionistas realizaban retiros o compras de valores con fondos de cuentas de clientes", dijo la fiscal.
Fleitas relató que el equipo multidisciplinario que trabajó en el caso le reportó que "a los efectos de devolver a clientes sus posiciones en efectivo" los accionistas de PM deberían cubrir un monto de US$ 755.136. Aclaró que esa cifra sepodrá ver incrementada ya que se siguieron sumando denuncias.
Señaló que en algunos casos se detectó que los clientes depositaron sus inversiones en la cuenta BROU de Pérez Marexiano pero en lugar de ser acreditado en sus cuentas correspondientes, un total de US$ 576.548 fueron a parar a otras cuentas vincualadas a González Palombo. Se trata de dos montos. Por un lado US$ 322.622, de los cuales US$ 153 mil fueron a una cuenta de González Palombo; US$ 133 mil a nombre de María José González Palombo (hermana); US$ 27 mil a Verónica Albert (esposa en ese momento). Lo mismo ocurrió con otros US$ 254 mil que fueron a cuentas de esas tres personas.
Por todo ello, la fiscal Fleitas dijo que la falta de controles y las irregularidades detectadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) no fueron "meros olvidos" o errores de principiantes sino que "avalaron la gestión de González, abonando sus comisiones, y dándole carta abierta para que dispusiera del dinero de los damnificados. Todo lo cual significó importantes beneficios económicos para ambos imputados, en perjuicio de los denunciantes, desde que cobraban buenas comisiones por una gestión deficiente y disponían de dineros ajenos, realizando transacciones no solicitadas por los inversores".
Por todo ello, pidió imputarles la asociación para delinquir, Fleitas reiteró: "Se le permite además traer clientes a la empresa. No se entiende como un ex empleado podía llevar adelante operaciones de quien se dedica a la actividad bursátil. Pone de manifiesto que hay un concierto y un conocimiento", agregó.
Barrera no se opuso pero dijo que tiene otra teoría del caso
Barrera no se opuso a la imputación porque consideró que dar el debate sobre el relato de la fiscalía no era acorde para esta etapa del proceso además de que el código establece un estándar bajo para formalizar la investigación. Sin embargo, manifestó durante la audiencia que no estaba de acuerdo "ni con el delito ni con los hechos".
"Asistimos a 45 minutos de un relato coherente, contundente en cuanto a la sistematización interna. Pero no es ni probado ni verídico. Yo podría hacer un relato verídico de situaciones que no puedo probar o no son ciertas", dijo y agregó que tiene "otra teoría del caso", además de "otra evidencia".
"La forma de probar la inocencia de mis defendidos es habilitando el juicio", afirmó pero aclaró que aceptar la imputación no implicaba asumir ninguna responsabilidad por parte de sus defendidos. Aprovechó a cuestionar el proceso penal y dijo que espera que las normas "cambien y se modifiquen".
Jorge Barrera, abogado de Pérez Marexiano con las fiscales Elisa Guper con Verónica García
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Además, a modo de "catarsis" afirmó que se afilia a la doctrina jurídica que sostiene que para que exista el delito de asociación para delinquir se exigen determinados requisitos, que no basta el concierto de dos personas y no basta la pluriparticipación.
La jueza Olivera dijo al respecto que existen dos posiciones sobre el delito de asociación para delinquir, y así como Barrera citó a Miguel Langón, existe la posición de Milton Cairoli que sostien que habilita tipificar la asociación para delinquir cuando se utilizó como medio para la comisión de los otros delitos, en este caso la estafa.
Sobre las cifras del BCU, del monto a pagar de US$ 1,6 millones, se redujo considerablemente porque los Pérez pusieron a disposición para que se liquidara todo el patrimonio "tanto de ellos, como sus cónyuges y descendientes", orden que fue admitida por el Banco Central "por lo que la cifra se estaría reduciendo a US$ 320 mil". Además dijo que hay una cifra de custodia de la empresa que ya pagó a sus titulares que son US$ 220 mil y cada corredor de bolsa estableció una garantía por lo que dijo estar convencido de que cuando el banco ejecute esas acciones, "la cifra va a llegar a cero".
Los Pérez tenían medidas cautelares desde diciembre de 2025 y hasta el 20 de junio, a pedido de la fiscalía que había argumentado que informes del Banco Central y de la Secretaría Antilavado daban cuenta de transferencias a una empresa de cajeros automáticos de Miami por US$ 200 mil.
En esa audiencia de diciembre, la fiscal también se refirió a que uno de los indagados le había vendido los autos a sus hijas, autos de alta gama, y que justo los traspasó después de que comenzaron a presentarse las denuncias por la estafa de la corredora de bolsa. Esos transferencias no fueron mencionadas en la audiencia de este jueves.
González Palombo fue imputado el 26 de febrero pasado por un delito continuado de estafa y falsificación de documento. La fiscalía alegó que González creó un "escenario de humo", en el que captó inversiones pero nunca creó cuentas de los clientes y el dinero depositado "nunca se recuperó".
