El intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, declaró este lunes ante el fiscal de Durazno Diego Chaves, en la causa que lo tiene como indagado desde agosto de 2024 por delitos de corrupción como conjunción del interés personal y del público y tráfico de influencias.
La Intendencia de Tacuarembó pidió a la Junta Departamental la declaración de interés de un proyecto maderero de capitales brasileños y antes había pedido al departamento de Ordenamiento Territorial de la intendencia la recategorización del campo de 14 hectáreas para que pasara de rural a suburbano industrial. El trámite de declaración de interés departamental ingresó sin que el intendente aclarara que el campo que se vendía era de su propiedad.
Al declarar en fiscalía, Ezquerra dijo que el pedido de declaración de interés lo planteó la empresa y no él. Afirmó que él únicamente le dio trámite y lo que se pedía declarar de interés era el proyecto, no el predio. También aclaró que la solicitud había sido presentado en una oficina que tiene la intendencia en Montevideo.
Según dijeron a El Observador fuentes del caso, Ezquerra dijo cuando el expediente pasó a estudio de la Junta Departamental él ya no era propietario del campo sino que lo había vendido.
El intendente, que declaró asesorado por los defensores Gustavo Bordes y Fernando Posada, aclaró al fiscal que cuando se envió la documentación a la junta para su tratamiento, se adjuntó el certificado notarial de la compraventa donde figuraba que él era el vendedor, por lo que su defensa hizo hincapié en que no hubo un ocultamiento.
En el relato de los hechos, se especificó que luego de que la junta aprobó la declaración de interés, el trámite siguió por otros ámbitos del gobierno central y fue la Dinagua la que determinó que no podrían sacar agua del arroyo Tres Cruces, el cauce de agua cercano al campo donde se instalaría el proyecto maderero, durante cuatro meses porque ya había otros emprendimientos operativos en la zona.
Qué plantea la denuncia contra Ezquerra por corrupción
En la denuncia penal se señaló que Ezquerra había firmado el boleto de reserva con Ballintoy SAS en febrero y la venta se había fijado para el 31 de mayo, “después de que ya había enviado a la junta la solicitud de declararlo de interés departamental. O sea que cuando el intendente pide la declaración de interés a la junta, el padrón todavía era de su propiedad”. Ezquerra vendió el campo en US$ 210.000. Lo había comprado en 2007 por US$ 32.000.
Según recoge la denuncia, el expediente ingresó a la Junta Departamental el 27 de mayo, días antes de que se efectivizara la compra-venta y se terminó votando el 5 de setiembre, ahí si cuando el terreno ya no era del intendente.
La edila del Partido Nacional del sector opositor al intendente, Ana Baraybar dijo a El Observador que "es mentira" que el intendente haya adjuntado el certificado notarial de compraventa. "Lo que adjuntó es la solicitud que hace la empresa y en la documentación que envía la empresa hay un certificado que menciona que existe un boleto de reserva a nombre de Ezquerra", afirmó.
Su compañera de bancada, la edila nacionalista Virginia Souza, dijo que Ezquerra omitió informar a la junta la implicancia en el caso cuando el Código de Ética de la función pública lo obliga a ello y fue por eso que también lo denunciaron ante la Jutep en un caso que no se ha movido, como tampoco ha sido tratado el tema en la Comisión de Ética del partido Nacional, dónde fue denunciado por el excandidato a la intendencia, John Duhalde, líder de la Lista 33 que integran las edilas Souza y Baraybar.
Entre las pruebas presentadas a la fiscalía se adjuntó una grabación de una entrevista que le realizaron al intendente en diciembre de 2023 en una radio local en la que aseguraba que "se necesitaban inversión privada" y estaba en conversaciones con dos grupos brasileños para que se instalaran en el departamento y llevaran adelante proyectos de inversión, lo que daba la pauta que estaba al tanto a quién le vendía el terreno y con qué fin, aunque declaró lo contrario.
"Están llegando dos aserraderos, uno se va a instalar en el barrio Godoy son 400 empleos directos, y están llegando otros inversores brasileños que estaban en la duda si Tacuarembó o Rivera y logramos que se instalen en Tacuarembó. Están en busca del lugar físico ya nos hemos reunidos unas cuantas veces con ellos, lo cual van a ser también 400 empleos directos", decía en entrevista con radio Tacuarembó.
La denuncia también señala que los empresarios fueron persuadidos por un funcionario de la intendencia para instalar el proyecto maderero en la zona donde estaba el campo de Ezquerra.
Finalmente, pese a que concretaron la compra, se instalaron en Rivera por la dificultad de extraer agua en esa zona de Tacuarembó.
La denuncia penal fue presentada por el periodista de Radio Kandela Sebastián Ríos en agosto de 2024 pero recién se le asignó fiscal de Durazno en marzo de este año ya que varios colegas tanto de Tacuarembó como de Paso de los Todos se abstuvieron de tomar el caso.
El fiscal Chavez ya le tomó declaración a comienzos de setiembre a las edilas Baraybar y Souza, así como a los frenteamplistas Saulo Díaz y Jorge Maneiro y Francisco Barrios (Cabildo Abierto).
Ahora, la defensa de Ezquerra entregará documentación que pruebe lo que declaró el intendente, dijo a la salida de la audiencia el defensor Bordes. "Creemos que fue muy satisfactoria la declaración", dijo.
Mientras Bordes declaraba Ezquerra se retiró de la fiscalía sin hacer declaraciones con una sonrisa en su rostro. La edila Souza dijo que "hizo una jugada" de ir en su camioneta hasta Durazno, y allí llegar a la fiscalía en un vehículo con matrícula del departamento con lo que despistó a los periodistas que hacían guardia para interceptarlo.
