La fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas argumentó que testigos y funcionarios policiales de la investigación penal sobre Charles Carrera se habían sentido amedrentados, luego de que se los llamara a declarar en una investigación administrativa que está realizando Servicio Civil, a pedido del Ministerio del Interior, a raíz de una denuncia del exsenador del MPP.
Además dijo que la defensa de Carrera adjuntó en esa investigación un pendrive con audios tomadas de la investigación penal, lo que implicaba -para su "asombro"- que se violó el principio de reserva del caso. En la audiencia, que El Observador presenció, la fiscal afirmó que el camino para agregar esa prueba debió haber sido que se pidiera a la fiscalía desde el Ministerio del Interior o Servicio Civil.
Bajo esos argumentos, Fleitas planteó que la conducta de Carrera implicaba una obstaculización de la investigación y pidió prisión domiciliaria total así como que se le prohibiera hacer comentarios sobre el caso, acercarse y comunicarse "por cualquier medio" con un listado de testigos, entre ellos el oficial del caso de Asuntos Internos Luis Acosta Guillén, los denunciantes del caso los hermanos Hernández, al exdirector de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior, Leonardo Anzalone, y otros policías.
Acosta le denunció a Fleitas que había sido citado a declarar en la investigación administrativa y que no se le había informado si era en calidad de investigado o sumariado.
La fiscal lo planteó como "un hecho nuevo" en la investigación por el que ameritaba pedir prisión y modificar las medidas cautelares fijadas hasta el 5 de febrero de 2026, que han sido apeladas y que están a estudio del tribunal de apelaciones, lo que fue rebatido por la defensa.
Fleitas pidió también "un correctivo" o sanción de la jueza para el defensor de Carrera, Juan Manuel González Rossi, por haber entregado los audios de la carpeta a Servicio Civil y anunció que dio cuenta a la oficina que asigna las denuncias penales para que otra fiscalía penal investigue si se cometió un delito. Asimismo informó a la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre la situación de "vulneración" en que se encuentran los testigos del caso ya que varios están sometidos a jerarquía del Ministerio del Interior y se sintieron amedrentados.
Fiscal Sandra Fleitas- caso Carrera
Diego Lafalche/ FocoUy
Fleitas cuestionó: "Se cita a la denunciante, Dra Silvia Carabajal, se cita al oficial del caso y a otros testigos como Anzalone y se los empieza a interrogar respecto al objeto del proceso en la investigación penal en curso", lo que la llevó a concluir que "se está llevando adelante una investigación paralela a la penal en curso".
La fiscalía argumentó que la instructora de esa investigación hizo "juicios de valor" y se pronunció sobre "las autorizaciones especiales para hacer uso de servicios del Hospital policial y uso de los tiques de alimentación".
Defensa de Carrera: "corrupción policial" y dos ámbitos diferentes
La denuncia que presentó Carrera el 4 de abril ante el Ministerio del Interior apuntaba a que Acosta Guillén, había trabajado en recabar información de su caso sin formar parte de la investigación como auxiliar de la fiscalía. En una comunicación que dirigió a la fiscal de Corte Mónica Ferrero mencionó "gran animosidad" de algunos oficiales de Asuntos Internos.
En la audiencia de este martes su abogado González Rossi dijo que al acceder a la carpeta de fiscalía, cuando la fiscal era Silvia Porteiro, tomaron conocimiento del testimonio de otro de los oficiales de Asuntos Internos, Mauricio Barcellos quien "planteó frente a la fiscalía hechos de corrupción" cuando afirmó que "el director de Recursos Humanos de Asuntos Internos (Acosta) que no tiene que ver con esta investigación, está participando y fue a Rocha".
El comisario mayor Barcellos había sido designado como director del Comando Unificado en marzo por el ministro del Interior Carlos Negro pero no llegó a asumir debido a que es indagado en la investigación por la muerte del secretario general del sindicato policial Fabricio Ríos. Esa investigación está a cargo del fiscal Diego Pérez y aún no ha tenido definiciones.
En la audiencia, el defensor de Carrera dijo que la propia fiscal Porteiro había evaluado como "muy grave" el hecho de que Acosta hubiera participado de la investigación sin ser designado pero no lo investigó y fue por eso que ellos lo denunciaron ante Interior.
Carrera sostiene y lo ha dicho en reiteradas oportunidades que su causa fue "armada" por el entonces ministro Luis Alberto Heber. En la audiencia sumó que Acosta colaboró con el ministro en esa causa.
Antes de ello, en una larga exposición que había hecho la defensora Lucía Fernández rechazó el planteo de la fiscalía de entorpecimiento de la investigación y dijo que no existió "ni siquiera potencialmente". La abogada señaló que Carrera presentó esa denuncia en su derecho a hacerla y luego no se enteró de qué tratamiento se le dio por lo que no se lo puede acusar de amedrentar testigos. Rechazó también el término de "investigación paralela" y precisó que se trataba de una investigación formalizada en el ámbito de la justicia penal y otra en la órbita administrativa.
Fernández afirmó que las medidas solicitadas por fiscalía van en contra de "los principios de legalidad, de excepcionalidad de las medidas cautelares -no es pedir por pedir- contra la libertad ambulatoria y la libertad de expresión". Recordó que la imputación a Carrera no está firme ya que fue apelada y que "no existe una relación lógica entre lo ocurrido y lo que se pide". "No se entiende si lo que se pretende es que no hable, que no se exprese como e lograría privándolo de libertad y no se entiende como se lograría el éxito en la investigación".
La defensa y fiscalía mantuvieron una discusión sobre pruebas que no le habían sido entregadas al acceder a la carpeta pero finalmente la fiscalía demostró que la información había sido entregada. Ante la duda en determinado momento la jueza Diovanet Olivera, gran defensora de las garantías para las partes quiso hacer un cuarto intermedio para que la defensa pudiera revisar la información que se relacionaba con la investigación administrativa tramitada en Servicio Civil. Finalmente Fernández y González Rossi dijeron que no era necesario y la audiencia continuó.
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González Rossi cuestionó la denuncia penal en su contra. "Me encuentro que además tengo que ejercer una defensa sobre lo que hice en otra instancia".
El fallo de la jueza: "Medidas desproporcionadas"
La jueza Olivera enmarcó su decisión de rechazar las medidas planteadas por la fiscalía en que los argumentos que se han manejado para pedir la prisión eran "desproporcionados" en relación con lo que se quiere resguardar.
La magistrada fundó su fallo citando al jurista italiano Luigi Ferrajoli, quien visitó Uruguay días atrás y afirmó que "un juez es legítimamente un juez en tanto tiene la fuerza gracias a su independencia de absolver en ausencia de prueba en materia penal cuando todos, el gobierno, la prensa, la opinión pública, quieren la condena. Y también es gracias a su independencia que tiene la fuerza de condenar a un poderoso, por ejemplo, cuando todos, el gobierno, la prensa o la opinión pública requieren la absolución. Ese es el papel del juez".
De acuerdo con ello Olivera sentenció que existe el derecho humano a libertad de expresión, y sería censura prohibirle comunicarse y expresarse sobre su causa.
20250217 Diovanet Olivera, jueza (der). Primera audiencia de Conexión Ganadera.
Foto: Inés Guimaraens
En opinión de la jueza si existió algún tipo de entorpecimiento o amedrentamiento a los testigos eso corrió por parte de quien realiza la investigación administrativa, no por parte de Carrera que hizo la denuncia. "Si se realizó una investigación paralela, serán imputables a quienes realizaron esas actividades".
Si bien la fiscal adjunta Verónica García apeló en la audiencia y argumentó "la gravedad" de "una investigación paralela" porque Carrera presenta una denuncia frente al MI y el objeto de la denuncia es la ambivalencia entre dos dependencias de esa cartera sobre como interpretaron la conducta de Carrera. Agregó que se le toma declaración a testigos de la fiscalía y lo interpretan como una forma de "controlar anticipadamente los testimonios de los testigos que en su mayora están sometidos a jerarquía" en el Ministerio del Interior.
"Se está reconstituyendo prueba que va a poder ser objeto de un eventual juicio", sostuvo.
Además dijo que no se puede desconocer que Carrera "no es un ciudadano común, es un exsenador de la República y no se le puede desconocer que tiene influencias inherentes al cargo que ocupaba" en Interior.
La defensora Fernández cuestionó esa última frase afirmando que esperaba que fuera tratado como un ciudadano común por el principio de igualdad. "Son valoraciones de la fiscalía",dijo.
La jueza rechazó la apelación por lo que también resolverá el tribunal de apelaciones.
