Cuando acabe el actual gobierno, tres de cada cuatro jóvenes de entre 21 y 23 años tienen que tener el bachillerato terminado. Esa es la meta que se fijó la actual administración y que, reconocen sus propias autoridades, “a este ritmo” es difícil que se cumpla. Es la misma meta que había establecido la anterior gestión (con otro signo político) también sabiendo que se incumpliría. Y es la misma meta que trazó la administración del segundo mandato de Tabaré Vázquez, estando al tanto que era (casi) un imposible.
Acabar la educación obligatoria (el bachillerato) fue convirtiéndose, más allá de dar cumplimiento a la ley, en una especie de mantra político: fue (y es) servil para demostrar con un solo indicador que Uruguay fue perdiendo pie frente a sus pares de la región y ahora está “entre los peores” de América Latina.
La gráfica es sencilla. Tras la salida de la dictadura, Uruguay estaba en este indicador a la par de países como Paraguay o Brasil, mejor que Perú y no tan lejos de Argentina. Con el correr de los años —del “efecto inercia” y de la extensión de la obligatoriedad— todos fueron mejorando. Solo que Uruguay lo hizo más lento y, a este ritmo, recién en 2045 el país estará igualando las cifras que Argentina ostentó en los 90.
Esa fue la imagen disparadora de una presentación que el sociólogo Pablo Menese les hizo la semana pasada a figuras clave en la política educativa, no como representantes de instituciones, sino como una manera de “provocar y generar debate”. Y fue entonces que aportó la relevancia del indicador por fuera del viru viru político: “El sistema educativo es la verdadera malla de protección social que tienen los niños y adolescentes en Uruguay”.
—¿Por qué Uruguay crece más lento que el resto de su clase en el egreso de la enseñanza obligatoria?
—Hay varias hipótesis. Pero la más potente es que el resto de países hizo verdaderas reformas que Uruguay no. La estabilidad institucional que tiene Uruguay, que es una ventaja en términos de democracia, a veces conspira para hacer cambios profundos. Cuesta repensar el diseño, el para qué tal o cuál institución. Entonces, en Uruguay la autonomía que tiene Primaria de Secundaria o UTU, y a su vez la ANEP de otros organismos como ASSE o INAU, termina haciendo que las reformas sean parciales, con efectos de muy corto plazo. Es imposible planificar una política educativa si solo la ANEP tiene como cinco equipos de planificación (en referencia a los subsistemas y la sede central).
—¿Eso en qué afecta a un estudiante cualquiera?
—En que existe un desgaste emocional (ya lo demostró en una investigación reciente el psicólogo Daniel Trias). En que por más seguimiento de la trayectoria el estudiante queda perdido. En que hay barrios o localidades que tiene un liceo cerca de donde vive el alumno, pero no una UTU (o al revés). O que no están todas las orientaciones del bachillerato en todos lados. O que cambian las reglas de juego a la mitad. Es decir: es un estudiante que padece, hasta en la convivencia, la fragmentación del propio sistema.
—¿Por qué el indicador de acabar el bachillerato debería importarle a la sociedad más de lo que se piensa?
—Por una razón sencilla: la protección social de los adolescentes y jóvenes.
—¿Qué significa?
—El sistema educativo es el único agente de bienestar universal extendido y con llegada a todo el territorio. Más tarde o más temprano, casi todo nacido en Uruguay o recién llegado va a pasar por un centro educativo. Por eso se usa al centro educativo en el control pediátrico y de vacunas, en la alimentación, en constatar que no haya negligencia de los padres, en qué hacer en las vacaciones. Salirte del sistema educativo obligatorio equivale a salirse de la malla de protección social. A la escuela, a la UTU y al liceo se va a aprender, a socializar, a ser feliz, pero también a estar protegido. En Uruguay no le va tan mal en los resultados educativos de PISA si se compara con la región. No mejor, pero tampoco empeora. El problema es que eso es a los alumnos de 15 años, y poco después el sistema pierde a casi la mitad. Los deja a la buena de Dios.
—Hay quienes dicen: “el peor indicador educativo es la inasistencia”. Otros señalan: “pasan años sin que mejores los resultados de aprendizajes”. ¿Esos no son los indicadores clave?
—En parte sí. Solo que con los resultados de aprendizajes hay dos lecturas. La negativa es que Uruguay no mejora. La positiva es que cada vez incorpora a más gente al sistema (en el sentido de que antes el liceo era todavía menos universal) y los resultados no caen. En PISA 2006 tenías cerca de un 20% de los alumnos de 15 años fuera del sistema, en 2022 tenías a solo el 5% fuera. ¿Cómo salen de aprendizajes quienes terminan el bachillerato? No lo sabemos. Ahí Uruguay tiene un debe, más allá de lo que se quejen algunos servicios universitarios sobre qué perfiles de alumnos reciben. Lo cierto es que el indicador de egreso del bachillerato tiene ese otro componente relevante de protección que va más allá de aprendizajes.
—En tu tesis de maestría decías: “acabar el liceo no hace la diferencia”. En el sentido que para el mercado laboral formal (ni que hablar en el informal) da lo mismo acreditar bachillerato o ciclo básico. ¿Seguís pensando el tema por lo económico?
—Ahora tenemos más datos. Ser pobre no es causa necesaria ni suficiente para abandonar el sistema educativo uruguayo. Porque si bien los pobres abandonan más, los datos muestras que cerca del 30% de los más ricos tampoco acaban el bachillerato. Aquello de la paga del mercado fue una primera hipótesis. Pero hay otros elementos en juego. Con el tiempo fue viendo que los aspectos de convivencia, de sentirse parte de un proyecto o una comunidad, lo emocional, el autocontrol juega un rol clave en esa permanencia en un centro educativo, en no ser tentado a un laburo, o ser madre adolescente, ni que hablar por el narco.
—Decías: “ni que hablar que el narco” le compite al bachillerato. ¿Qué puede hacer el sistema en ese sentido?
—En lo económico no le vas a competir. Las becas no le hacen cosquillas a lo que te pueden ofrecer por ser parte de una banda. Pero podés proteger al máximo la trayectoria para que esté bajo cobijo, para que el Estado no pierda pie, y para que llegado a la universidad ahí sí les va a empezar a hacer la diferencia para la movilidad social el haber estudiado.
—Ese cansancio y desmotivación en el aula aplica también para los docentes…
—Ahí está uno de los nudos centrales. El sistema educativo es la malla de protección social principal, pero no quiere decir que todo deba cargar el maestro. ¿Por qué una maestra tiene que estar en el comedor y no puede pensarse en educadores alimenticios? ¿O integrar psicólogos? ¿O que instituciones trabajen juntos como INAU, ASSE, Mides, MEC? Hablo de trabajar juntos de verdad, no crear comisiones, o proyectos, o tener diálogo. Sino que sea una verdadera tarea conjunta. Extender el tiempo pedagógico no significa siempre más de lo mismo. Tal vez pueda pensarse en algo mucho más compartido con otras instituciones del Estado o del barrio. Hay que aprovechar el sistema educativo para focalizar, lo que no significa que esa carga la tengan que asumir toda los docentes (mucho menos ante tamaña rotación y elección de horas) y la ANEP tal cual está.
—¿El problema es cómo se reparte la plata por incisos en lugar de pensar en la malla de protección en su conjunto y que el dinero vaya al estudiante y no muera en la burocracia?
—No sé si es solo un tema de presupuesto, sino en esa fragmentación institucional que existe hasta adentro de la propia ANEP. Es imposible que sigamos con lógicas de que un estudiante pasa de un sistema a otro (escuela a liceo, o ciclo básico a bachillerato) como si fuera un estudiante diferente.
—Pero, en los papeles, la última transformación curricular habla de educación básica integral.
—La preocupación por cuidar las trayectorias de los estudiantes no es del actual gobierno, ni del anterior, viene de antes. Pero los impactos son de corto plazo y la fragmentación institucional sigue estando por más que se haga un cambio de nombre. El liceo sigue siendo el liceo por más que ahora sea séptimo, octavo…
—¿La transformación no transformó?
—Hizo algunos aportes, pero no fue una transformación de términos estrictos. Mejoró en algo la navegabilidad entre Secundaria y UTU, puso a discutir un poco a los subsistemas y les quitó el exceso de descentralización, pero nada hace pensar que sacuda la estantería.
—¿A qué refiere?
—Cuando uno ve la película más larga del indicador de egreso en el bachillerato, las reformas que se intentaron dan un impacto pequeño, de dos o tres años, y luego sigue la marcha normal. No hay sacudones como hizo Perú que mejoró en PISA y también en egresos.
—¿Por qué desaparece tan rápido el efecto de las reformas?
—Por dos cosas. En la primera me voy a repetir: la desarticulación de los sistemas hace que se piense más en lógicas de ciclos, o partes de un puzle y no mirar el todo. La segunda es que hay políticas educativas que a veces no resisten siquiera un solo gobierno. Le pasó al Frente Amplio, al Partido Colorado, a lo que quería en los papeles la Coalición Republicana y lo que efectivamente logró hacer. Es probable que Uruguay ya se esté metiendo en una reforma (si se puede llamar reforma) cuando ni siquiera terminó una anterior. Y la razón de por qué no se da la gran reforma es por la economía política.
—¿Qué signfica?
—Tenés muchos actores involucrados que en realidad están completamente convencidos que las cosas funcionan. Y no estoy hablando solamente de sindicatos, estoy hablando de familias, estoy hablando de políticos. En el Uruguay de la nostalgia, además, sigue pesando aquello de “todo tiempo pasado fue mejor”. Se piensa que antes se aprendía más, pero se dejaba a buena parte de la población por fuera y el bachillerato era solo preparatorio para quienes irían a la universidad. Entonces, hay que cambiar el chip. A veces esos cambios implican meterse con fuentes laborales, con corporativismos, y eso en la penillanura equivale a un lío en puerta que las autoridades (de ahora y antes) no quieren comprarse. Equivale a exigir a gente de psicología que esté más en las escuelas y menos en sus clínicas privadas. Equivale a transformar cómo se protege de verdad al joven hasta que acaba lo que sociedad acordamos: la obligatoriedad de la educación hasta acreditar el bachillerato.
