El Parlamento Europeo debatió este jueves un informe preliminar sobre la creciente crisis de vivienda que afecta a millones de ciudadanos en Europa, incluyendo a un número cada vez mayor de españoles.
El documento, presentado en la Comisión de Vivienda, propone una serie de medidas para frenar la escalada de precios y mejorar el acceso a un hogar, especialmente entre la población joven.
En un informe reciente, el Banco de España advirtió que el déficit de vivienda en el país alcanzará las 700.000 unidades este año, y de ese total la mitad se concentra en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga.
El informe, redactado por el eurodiputado popular Borja Giménez, parte de un diagnóstico claro: los precios de la vivienda no dejaron de subir en los últimos ocho años.
Según los datos citados, el costo de compra creció un 48%, mientras que los alquileres subieron un 18%.
"La situación es urgente, la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, lo que nos obliga a actuar", señaló Giménez.
Propuestas para paliar la dificultad de acceso a la vivienda
Entre las propuestas destacadas figura la agilización de la construcción de viviendas mediante la simplificación de permisos, la movilización de suelo público y el fomento de la construcción industrializada e innovadora. Además, se aboga por reforzar la colaboración público-privada para dinamizar el sector.
Uno de los ejes centrales del informe es la situación de los jóvenes, quienes enfrentan serias dificultades para independizarse y acceder a su primera vivienda.
El texto propone medidas concretas como facilitar el acceso a hipotecas con tipos de interés bajos, reducir impuestos para los compradores jóvenes y establecer exenciones fiscales en las transacciones de primera vivienda.
El borrador también plantea reformas fiscales orientadas a reducir la carga sobre los propietarios y subraya la necesidad de una estrategia europea común para combatir la ocupación ilegal de inmuebles.
Entre las medidas sugeridas, se incluye la creación de un registro europeo de ocupación ilegal para mejorar la cooperación entre Estados miembros, recopilar datos y detectar patrones delictivos relacionados.
El informe, que está en una fase de borrador, deberá ahora sumar las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios en las próximas semanas antes de avanzar hacia su posible aprobación definitiva.
