Empresarios advierten que excepción propuesta en la ley de presupuesto podría favorecer a multinacionales y poner en riesgo a productores locales
Imagen creada con inteligencia artificial.
Un cambio incluido en la ley de Presupuesto quinquenal que está siendo analizado por el Parlamento plantea derogar una prohibición vigente desde 1957. De aprobarse, podría “ocasionar serios perjuicios” a las industrias nacionales, según empresarios.
Actualmente, el artículo 228 de la ley 15.851 prohíbe a toda persona física o jurídica que desarrolle actividades de carácter civil, comercial o industrial otorgar premios en efectivo o en especie a los consumidores de sus productos y servicios, cualquiera que sea el procedimiento empleado.
El proyecto del Poder Ejecutivo propone agregar un inciso con una excepción a esta prohibición, cuando se establezca un mecanismo de participación sin obligación de compra, y siempre que se haya recabado la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, con informe favorable de la Unidad Defensa del Consumidor.
La semana pasada, una delegación de la Compañía Oleaginosa Uruguaya (Cousa) expuso sobre el tema en comisión de Diputados.
El directivo de la empresa, Danilo Castellano, recordó que originalmente la prohibición de otorgar premios en efectivo o en cualquier especie a los consumidores o adquirentes de productos tuvo varias razones.
Una de ellas estaba relacionada con las empresas nacionales, muchas de las cuales no tenían capacidad económica en comparación a multinacionales u otras firmas, para mantener una equivalencia en el otorgamiento de premios.
“La consecuencia que esto podía traer era que se ponía en riesgo la continuidad de las empresas, porque podía transformarse en una práctica predatoria para capturar mercados, lo que en efecto sucedió”, afirmó Castellano.
Otra razón, además de proteger a las empresas y fuentes de trabajo, era que, según estudios, el consumidor podía ver “alterado” su análisis sobre calidad o precio de un producto en función del tipo de premio que podía recibir como incentivo si adquiría otro, según recordó.
El régimen de prohibición para otorgar premios y hacer promociones se mantuvo vigente por más de 30 años, hasta que en abril de 1986 se derogó. “Los perjuicios para la industria nacional fueron tan grandes que nueve meses después, se reinstaló la prohibición legal de otorgar premios”, recordó el empresario ante la subcomisión de la Comisión de Presupuesto Integrada con la de Hacienda de Diputados.
Además, señaló que pese a esa prohibición legal, en 1995 se dictó un decreto que está vigente (n° 449) que establece criterios para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorice promociones.
Por su parte, el director de Cousa, Jorge Mario Gard, recordó que en la década de 1990 cuando nació el Mercosur, comenzaron promociones regionales con sorteos. “Primero eran 50 bicicletas, después eran 150 bicicletas, luego una casa y, finalmente, estuvo a punto de entrar ´El millón de Susana (Giménez)’; yo no sé si ustedes recuerdan: se rifaba US$ 1 millón”, expuso.
“Empresas multinacionales que son regionales y globales se pueden dar el lujo de decir: ‘Vamos a poner US$ 1 millón en el programa de Susana y hacemos una campaña que abarque Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay’. Pueden hacerlo porque distribuyen entre 300 millones de consumidores", afirmo Gard a modo de ejemplo.
"Pero ninguna empresa uruguaya está en condiciones de competir con ese tipo de publicidades, ninguna, porque no tenemos la escala. Sin embargo, esta norma autoriza, habilita precisamente ese tipo de promociones”, añadió.
Los directivos de Cousa expresaron que antes que comenzara ese tipo de promociones funcionaban seis aceiteras en el país, y hoy solo queda una.
“Cuando salían estas promociones fuertes lo notábamos en las ventas. Insisto: las ventas prácticamente desaparecían, porque, ¡claro!, había una motivación para comprar otra marca: participar en un sorteo que podía ser por una bicicleta, pero de repente era por US$ 1 millón. En Argentina, la promoción de US$ 1 millón se hizo con aceite, pero no se llegó a concretar en Uruguay donde, obviamente, si se hubiera realizado nadie iba a vender un litro de aceite que no fuese de la marca de la promoción”, afirmó Gard según la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
Los empresarios también destacaron que desde 1985, “sin importar el partido político” en el gobierno, en todos los proyectos de presupuesto y en varias rendiciones de cuenta se ha incluido un artículo para “intentar” levantar la prohibición legal. “Esta iniciativa nunca fue aceptada en el Parlamento por las argumentaciones que estamos dando: el daño que genera a la industria nacional y a las fuentes de trabajo vinculadas”, concluyó Castellano.