Con el bolívar en caída libre frente al dólar, los venezolanos presencian una nueva aceleración inflacionaria que se extiende a los alimentos básicos y a servicios esenciales como el transporte público. Este ciclo de deterioro golpea a una población cuyos ingresos laborales siguen siendo exiguos, con una capacidad cada vez más limitada para absorber el impacto.
Según el portal Crónica Uno, el precio del kilo de carne en los mercados populares de Caracas aumentó 27,5% en septiembre, medido en dólares. En paralelo, comerciantes reportan que en las últimas ocho semanas el costo del pollo, las verduras, las frutas y el queso blanco -insumo cotidiano en las arepas venezolanas- se ha incrementado más de 10%. A esta dinámica se suma el ajuste en el transporte público, que tras permanecer congelado desde abril, subió 60% en moneda local.
El alza de los precios recae sobre una población con salarios insuficientes. El ingreso mínimo, percibido por la mayoría de los trabajadores de menor rango en la administración pública equivale a tan solo 160 dólares mensuales, sumando salario y bonos. En la pequeña y mediana industria privada, los obreros reciben en promedio el equivalente a 228 dólares.
El Banco Central de Venezuela mantiene ocultas las cifras de inflación desde octubre de 2024 y el régimen de Nicolás Maduro ha bloqueado la difusión de estimaciones privadas. Sin embargo, la depreciación acelerada del bolívar frente al dólar expone la fragilidad estructural de la economía.
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En lo que va de año, la cotización oficial del dólar ha aumentado 238%, en un contexto donde la demanda de divisas se ha desbordado y supera ampliamente a la oferta. Al mismo tiempo, opera un mercado basado en criptomonedas, donde el dólar se ha disparado con tal fuerza que su cotización supera en 65% al tipo de cambio oficial.
La cotización del dólar incide directamente en el precio de insumos y materias primas importadas, pero también influye en las expectativas y se traslada con rapidez a los precios finales. Tras el episodio de hiperinflación vivido entre 2017 y 2018, comenzó a operar una dolarización de facto: la moneda estadounidense se utiliza para fijar precios y en parte de las transacciones cotidianas.
El impacto de la brecha
La ilegitimidad internacional del gobierno de Maduro le impide acceder a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, cerrando toda posibilidad de financiamiento externo. En este escenario de aislamiento, las reservas del Banco Central son insuficientes y buena parte del petróleo se vende con descuento, en operaciones opacas, para sortear las sanciones de Estados Unidos. Con recursos limitados, la oferta oficial de divisas se concentra en las importaciones que el Gobierno cataloga como prioritarias.
Una franja significativa de la economía opera en torno al mercado paralelo, que recientemente ha incorporado las criptomonedas como modalidad de intercambio. Sin embargo, no todas las empresas pueden trasladar a sus precios la cotización del dólar paralelo: hacerlo implicaría una caída abrupta en las ventas, en un entorno donde el consumo es frágil.
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“Mis proveedores me venden los insumos al tipo de cambio paralelo, pero no puedo trasladar por completo esos costos al consumidor: si lo hiciera, las ventas caerían drásticamente. Por eso, estoy operando con un margen de rentabilidad cada vez más estrecho”, explica el gerente general de una empresa de embutidos.
Los trabajadores perciben con claridad el desajuste. Ante la escasez de dólares, muchas empresas eliminaron los bonos en divisas y los sustituyeron por pagos en bolívares indexados al dólar. El problema es que una parte de ellas utiliza el tipo de cambio oficial para calcularlos, mientras una porción relevante de los precios, a distintas velocidades, se ajustan según el dólar paralelo.
“De acuerdo con el tipo de cambio oficial mi ingreso se mantiene en 450 dólares mensuales, pero si miro al tipo de cambio paralelo son 270 dólares. Estoy consciente de que mi sueldo real está entre esos dos valores, es falso que sigo ganando 450 dólares al mes. Al mismo tiempo todo sube, ir al supermercado es estresante”, dice Verónica Rodríguez, técnico en computación.
Moneda destruida
Economistas coinciden en que la aceleración inflacionaria tiene como causa estructural la emisión de dinero por parte de la administración de Maduro para cubrir gastos. Una vez ese dinero ingresa a la economía, se canaliza rápidamente hacia la compra de dólares o bienes, en un contexto donde la confianza en la moneda nacional se ha deteriorado de forma sostenida.
Los venezolanos no utilizan el bolívar ni para ahorrar ni para fijar precios. Su uso en las transacciones diarias responde al desequilibrio cambiario: empresas y particulares venden sus dólares en el mercado paralelo, donde la cotización es más alta que en el mercado oficial, y luego realizan pagos en bolívares en el comercio formal, donde el Gobierno presiona para que los precios se ajusten a la tasa oficial.
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Un mural refleja la crisis cambiaria en las calles de Caracas
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José Guerra, ex gerente del Banco Central y miembro de la oposición, explicó en un video que “la economía está viviendo un colapso del bolívar que se está expresando en una aceleración muy pronunciada de la inflación”.
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), solo en el primer semestre de 2025 la inflación acumulada alcanzó el 123%.
Guerra advierte que la escasez de divisas en Venezuela no tiene una solución estrictamente económica. “La solución sería obtener dólares, ¿de dónde se obtienen los dólares? Del financiamiento externo. Está cerrado”, señala.
La línea de crédito en organismos multilaterales y en la banca internacional no existe para el país, que además mantiene 5.000 millones de dólares congelados en el FMI, el cual no reconoce a Maduro como gobernante legítimo. En este contexto, Guerra concluye que “hay que resolver el problema político”.
