La Constitución habilita a que los entes autónomos envíen al Parlamento sus propios mensajes presupuestales. A la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) suele pasarle algo similar que la Universidad de la República: siempre piden más (mucho más) dinero que aquello que les pretende asignar el Poder Ejecutivo. Y esta oportunidad no parece ser la excepción: la ANEP solicita un incremento al término del quinquenio que supera los 600 millones de dólares.
Dicho así puede parecer mucho o poco, por eso vale un simple ejercicio: ese dinero es cerca de 0,75 puntos del PIB de Uruguay. Y ahí cobra más sentido cuando se tiene en cuenta el viejo reclamo de los sindicatos de la educación —y apoyado por el programa del Frente Amplio— de alcanzar el 6% del PIB para el gasto público en educación (donde la ANEP se lleva dos tercios de participación).
Antes del comienzo del año lectivo, todos los escolares de enseñanza pública recibirán un bono de $ 2.500 (el gobierno ya hizo una entrega al 37% de los alumnos, de los contextos más desfavorecidos, al término de las vacaciones de invierno de este 2025). Ese artículo (el número 6 de los 20 que están asociados a gastos), es el que se lleva el mayor monto incremental para 2026. Son unos 20 millones de dólares incrementales cada año.
El que le sigue en magnitud es una de las mayores apuestas de la actual administración: la extensión del tiempo pedagógico (17 millones de dólares en 2026, sube cada año y en 2029 son unos 88 millones).
Hay cuatro metas concretas que se fija esta ANEP para incrementar la cantidad de alumnos en propuestas de tiempo extendido. En cualquiera de ellas el resultado a 2029 sería una duplicación de la cantidad de alumnos frente al escenario actual.
Atados a esas y otras propuestas se piden cargos nuevos o más horarios, aunque no se habla de salarios como a veces se mencionan en las propuestas presupuestales.
Donde hubo un aumento de las metas considerable frente a la administración anterior —aunque ello no se refleje tanto en dinero solicitado, sino en resultados a alcanzar— es en la asistencia escolar. Ahí está buena parte del desvelo educativo.
Por ejemplo: la cuarta parte de los alumnos de primaria falta más del 20% de los días lectivos. Y la ANEP quiere llegar a que los que falten ese porcentaje sean un 16%.
La universalización de tres años, que implica la “caza” de unos 4.500 niños de esa edad que no están en ningún tipo de centro educativo, a priori no implica “tanto” dinero: menos de 50 millones de dólares en los años de mayor incremento. Y casi todo es para pagar en servicios personales (porque en infraestructura no se requiere tanta obra nueva).
Para 2026 la ANEP pretende alcanzar 71 centros educativos con ampliaciones o modificaciones. ¿El objetivo de parte de esas obras? Atender la diversidad estudiantil. Y eso no implica solo accesibilidad, sino también los cambios de diseños en la extensión de los tiempos pedagógicos (sobre todo en liceos y UTU).
Existen varias metas (13) que apuntan a la mejora de los desempeños y resultados de aprendizajes en distintas pruebas, por más que la ANEP también va a probar pilotos de nuevas formas de evaluación que van más allá de lo estandarizado por INEED u organismos internacionales. Pero en casi todas esas metas los objetivos de mejora son moderados, dado que la evidencia muestra que Uruguay está estancado “hace décadas” en sus resultados y mover cada punto porcentual no parece tarea sencilla.
La meta que se sabe será difícil de alcanzar pero seguirá estando, como la estuvo en las dos últimas administraciones incluso sabiendo que no se lograría, es que el 75% de los jóvenes de 21 a 23 años tengan acabado el bachillerato. ¿Por qué no se baja la cifra? Porque ya es una cuestión política y porque en ese indicador, incluso superándolo, Uruguay es uno de los países peores posicionados en la región.
Las posibles polémicas
La actual administración ya puso en marcha un plan para rever parte de la transformación curricular, empezando por los programas de estudio. Entre 2027 y 2029 se elaborarán los nuevos documentos curriculares.
En esa elaboración hay un mensaje (también político) claro: la ANEP quiere incluir más la voz de los docentes y las comunidades.
Dentro de los programas que aprobó el gobierno anterior, una de las polémicas era el abordaje del terrorismo de Estado, el pasado reciente y la incorporación en la bibliografía de personajes que (si bien fueron actores clave en la época) no son historiadores. El ejemplo más claro es el libro del expresidente Julio María Sanguinetti y, como contraste, la quita de parte de las investigaciones de Carlos Demasi.
En el proyecto de Presupuesto se propone: “Desarrollo del área de Memoria y territorio en perspectiva de diversidad e interculturalidad. Esta línea supone el trabajo en las temáticas de memoria y derechos humanos con miras a fortalecer la participación y el conocimiento de la comunidad a la vez que contribuir a fortalecer la continuidad educativa. Se apunta a construir una pedagogía de la memoria en torno a la relación la comunidad local, el pasado reciente y la memoria en articulación con las Direcciones de Derechos Humanos del MEC y la Secretaría de Presidencia para el pasado reciente”.
Entre las acciones concretas se van a desarrollar circuitos de memoria y el énfasis en los detenidos-desaparecidos en la última dictadura.
Otra de las posibles polémicas está en la educación sexual. La ley de Educación es clara y lo mantiene como un eje transversal. Pero en la pasada administración esa área quedó reducida a una mínima expresión, incluso Cabildo Abierto estaba en contra de algunos lineamientos y tenía una representante en el consejo.
La nueva administración quiere volver a rearmar esa unidad y la contratación de 23 referentes para educación sexual integral para desempeñarse en todas las regiones del país, en forma transversal. Eso sí implica dinero.
Otros cambios, como quiénes podrán recibir donaciones especiales o que los docentes jubilados pueden volver a trabajar para investigación o asesoramiento técnico, van escritos en una seguidilla de siete artículos sin asignación presupuestal.
Los cambios a la ley de urgente consideración del gobierno pasado (más conocida por su sigla LUC), vinculados por ejemplo a la gobernanza de la educación, entrarán al Parlamento en el proyecto del Ejecutivo, por el Ministerio de Educación, y no en el mensaje de ANEP.
