La indagatoria por la muerte del secretario del sindicato policial Fabricio Ríos continúa con respecto a otros indagados y a hechos vinculados a un caso de presunta corrupción policial, por lo que la fiscalía pidió, y la justicia lo concedió, prorrogar hasta el 24 de noviembre la prisión domiciliaria para la única imputada hasta el momento, la policía que disparó el arma.
Las derivaciones que ha tenido el caso generaron que uno de los jerarcas policiales que iba a ser designado por el ministro del Interior Carlos Negro, no pudiera asumir. El comisario mayor Mauricio Barcellos había sido propuesto en el cargo de director del Centro de Comando Unificado y hasta se había sacado la foto oficial con otros jerarcas pero al tomar conocimiento de que podría ser imputado, se decidió sustituirlo y finalmente asumió el comisario mayor Víctor Torres.
Por otra parte, quien era el oficial del caso que dirigía la indagatoria policial bajo las órdenes del fiscal Diego Pérez, Luis Acosta se apartó del caso recientemente.
Extendieron prisión domiciliaria a la imputada
La jueza Marcela Vargas accedió al pedido del fiscal Diego Pérez de prórroga de la prisión domiciliaria de la policía que disparó el arma y mató a Ríos.
Según surge de la audiencia que se realizó el 16 de julio, a cuyo audio accedió El Observador, el fiscal Pérez planteó que si bien la policía está imputada por un delito a título de culpa (accidental) “no se puede descartar otra hipótesis que sería la posibilidad de que hubiera sido un delito intencional”.
Ríos murió en julio de 2024 por un disparo accidental durante un entrenamiento sobre técnicas y tácticas policiales organizado por el sindicato. La alumna a la que se le disparó el arma declaró que se estaba yendo a su casa cuando la llamaron para hacer un ejercicio más por lo que había cargado el arma antes.
El fiscal argumentó también que tanto él como la defensa están a la espera de una pericia que es la reconstrucción de la escena del hecho para la que se utilizó una nueva tecnología que reconstruye en 360 grados la escena. Ese informe que está siendo realizado por Policía Científica, aún no concluyó.
La defensa de la imputada no se opuso a la prórroga de la prisión domiciliaria. En la audiencia dijo que “todas las solicitudes de prueba que esta defensa hizo a la Fiscalía, la misma la llevó adelante. Hemos estado en declaraciones de testigos ofrecidos por esta defensa, hemos estado en la diligencia que el doctor recalcó, fueron muchas horas, sabemos que todavía no está la información, no está ni para la Fiscalía ni para esta defensa, motivo por el cual nos parece lógico el plazo solicitado de cuatro meses”.
Las otras derivaciones del caso
El fiscal Pérez se refirió en la misma audiencia a “otras derivaciones que podrían tener incidencia y que hacen que gran parte del equipo de la Dirección de Asuntos Internos esté investigado, en especial el comisario mayor”.
“Se pidieron allanamientos con el fin de incautar celulares y en un caso concreto hubo un celular que no se incautó y que según se ha podido establecer tendría información relevante que podría estar vinculada a este caso”, dijo el fiscal Pérez.
La orden de allanar ese celular la recibió Barcellos, mientras otros oficiales de la Policía en forma simultánea realizaban otros allanamientos. Según supo El Observador en ese celular había información sobre manejo de los fondos del sindicato y resultó sospechoso que no lo incautara.
La versión que han dado allegados a Barcellos es que su superior en ese momento, que era la comisario Fagúndez le ordenó realizar el procedimiento de incautar el teléfono, pero al llegar al lugar había dos celulares, y como uno de ellos lo había adquirido hacia poco dudó. Como prácticamente no tenía información, Barcellos le preguntó a Fagúndez a ver si lo llevaba y ella le dijo que no pero luego en la Unidad le reprochó no haberlo traído y le planteó el tema al fiscal Péreez.
Ese hecho derivó en que Barcellos recusara al oficial del caso, el comisario mayor Luis Acosta alegando que tenía un problema personal con él y que es muy cercano a la comisaria Fagúndez. Si bien aún no se pronunció el Ministerio del Interior, Acosta se allanó y se apartó del caso. Por su parte, Fagúndez es otra de las indagadas en la investigación.
Acosta también es el oficial del caso del exsenador del Frente Amplio, Charles Carrera, imputado por el caso del Hospital Policial. Según informó La Diaria, uno de los oficiales que ocupó un cargo jerárquico en Asuntos Internos, planteó que el oficial del caso Carrera era Adrián Álvarez pero fue desplazado de la investigación por Acosta, quien era jefe del departamento de Recursos Humanos del Ministerio del Interior.
Por eso caso Acosta fue denunciado y Servicio Civil lleva adelante una investigación.
Por otra parte, es hermano del saliente director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Eugenio Acosta, quien renunció al cargo para poner fin al conflicto que tenía paralizado al directorio, después de que el presidente de la institución, Jaime Saavedra, le planteó al gobierno que no quería seguir trabajando con él por diferencias en la conducción, como informó El Observador.
