El gremio denunció a la administración anterior por presupuestar a 27 personas que militaban en los partidos Nacional y Colorado
A fines de 2023, la administración de Luis Lacalle Pou resolvió la presupuestación de 27 personas que habían ingresado sin concurso al Ministerio de Ambiente en los años previos.
Lo hizo amparado en un artículo de la Rendición de Cuentas que habilitó a Ambiente a dejarlos como funcionarios públicos a los que habían entrado hasta el último día de 2021 y que fue votado únicamente por la coalición de gobierno con el rechazo explícito del sindicato del ministerio y el Frente Amplio.
El gremio asistió al Parlamento para manifestar su disconformidad porque se estaba privilegiando a los que ingresaron sin concurso sobre otros que habían concursado y que tenían contratos precarios que no se renovarían.
En ese entonces, cuestionó que muchos de los presupuestados eran militantes blancos y colorados, y tiempo después anunció que recorrería todos los caminos para dejarlos sin efecto.
Según supo El Observador por fuentes judiciales, ese planteo tendrá una instancia importante este martes 12 ya que el exministro de Ambiente y actual director de AFE por la oposición, Robert Bouvier, está citado a declarar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
La demanda fue presentada tiempo atrás por el abogado Juan Raúl Williman en representación de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama). Ya declararon tres gerentes del período anterior.
En el escrito, el sindicato señaló que había una ilegitimidad manifiesta que violentaba las reglas de transparencia e igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, y que hubo desviación de poder porque las designaciones obedecieron a afinidades políticas con las autoridades ministeriales de turno y no a criterios técnicos de idoneidad.
"La presupuestación realizada no se basó en ningún tipo de concurso, evaluación de desempeño u otros instrumentos de calificación que permitiera evaluar las capacidades de los cargos presupuestados respecto a otros posibles, lo que la hace incurrir en una arbitrariedad, que solo resulta explicable por la estrecha vinculación política entre las autoridades del Ministerio de Ambiente y los referidos cargos", dice el documento.
Como prueba de esto, Atrama adjuntó declaraciones del exsubsecretario Gerardo Amarilla en el Parlamento en las que expresó que se abocaron a "conseguir los currículos" aunque "algunos estaban en poder de los propios funcionarios del ministerio y otros fueron proveídos por las autoridades".
Considera que hubo un “uso perverso” de las estructuras del Estado para favorecer de forma “ilegal e indebida” a personas afines políticamente o cualquier otro motivo, por sobre otras con iguales derechos y expectativas de acceder a un cargo público".
También manifiesta que la presupuestación tuvo como objetivo "colocar" a personas por "designación directa y con clara vinculación política con las autoridades", por encima de otras que habían entrado por concurso y cumplían con requisitos como para quedar fijos.
A su vez, para el sindicato hubo un incumplimiento de la ley de negociación colectiva porque la administración omitió la participación del gremio en el proceso de rediseño organizacional que derivó en estas presupuestaciones, y se afectaron fondos de inversión del inciso, los cuales –según señalan– fueron desviados al rubro de salarios para financiar estas vacantes perjudicando el potencial de compensaciones para los funcionarios de carrera.
Más allá de las declaraciones, una de las pruebas que el sindicato pidió incorporar –y fue aceptada por el tribunal– fue un oficio de la Corte Electoral detallando cuántos de los 27 estuvieron en listas en los últimos dos ciclos electorales.
En la sentencia sobre este punto, el TCA señaló que admitía la prueba propuesta considerando que si bien le asistía razón al ministerio en cuanto a que la actividad proselitista fuera de los lugares y horas de trabajo no le está vedada a los funcionarios públicos, la admisión de este medio probatorio se hace plausible “a la luz de la causal de impugnación de la resolución que nos convoca, es decir, la legalidad de contrataciones directas”.
El tribunal fundamentó esta decisión en la necesidad de salvaguardar el Código de Ética en la Función Pública, señalando que es pertinente investigar si existieron "fines, intenciones o móviles espurios" que pudieran viciar de nulidad la motivación del acto administrativo.
En todo el proceso, el Poder Ejecutivo –representado por el gerente de Jurídica de Ambiente, Marcelo Cousillas– ha defendido la validez del acto administrativo señalando que fue aprobado por la Rendición de Cuentas de 2022.
Según la defensa, dicha norma facultó específicamente al Poder Ejecutivo a presupuestar en el último grado del escalafón a personal que ya desempeñaba tareas permanentes de carácter sustantivo en el MA al 31 de diciembre de 2021.
A su vez, ha expresado que las designaciones no son arbitrarias, sino que respondieron a la necesidad imperiosa de consolidar la estructura de la dirección general de Secretaría del ministerio tras la separación de Vivienda.
Además, ha interpuesto una excepción de falta de legitimación activa de los demandantes, sosteniendo que ni el sindicato ni los funcionarios individuales han acreditado un perjuicio directo, personal y legítimo que los habilite a accionar, dado que las designaciones se realizaron en cargos vacantes de nueva creación que no obstaculizan la carrera administrativa.
