La Masonería informó que la filtración provino de un integrante de la organización y que no fue un hackeo, por lo que juzgará el caso puertas adentro
La Gran Logia de la Masonería no realizará la denuncia penal por la filtración de 13 GB de datos internos, que aseguran provino de un integrante de la organización, y será un tribunal interno el que analizará el caso.
Dicho tribunal determinará si hubo responsabilidad del integrante apuntado y si amerita su expulsión, informó el semanario Búsqueda y confirmó El Observador con fuentes de la Masonería.
El tribunal integrado por juristas también podrá suspender al integrante en cuestión o dar cuenta a la Justicia si entiende que hay un delito, agregaron las fuentes.
Según informó el semanario Búsqueda el tribunal estará compuesto por tres miembros titulares y tres suplentes.
La información filtrada por el grupo LaPampaLeaks y contenía archivos confidenciales, incluyendo listas de miembros, documentos internos y datos personales de postulantes, entre otros documentos.
Poco después del hecho, la Masonería emitió un comunicado en el que afirmó que su web no había sido hackeada y que los datos habían sido brindados por un integrante de la organización.
El comunicado concluía que “el acceso siempre provenía del mismo usuario que pertenece a un hermano de la orden”. “Este acceso era legítimo, es decir, que fue realizado con la doble autenticación (clave y dispositivo móvil) y no fue una vulneración, ya que constan los registros de su normal acceso”, indicaron.
“Este usuario accedió por primera vez a la web el 19 de marzo. Desde ese día y hasta el 28 de marzo se detectó la correlación entre el acceso a la información y los archivos filtrados”, sentenció la organización.
