Los senadores nacionalistas Martín Lema y Carlos Camy volverán a convocar al Parlamento a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, luego de que en la comparecencia de este martes les quedaran diversas dudas acerca de las razones por las que la jerarca rebajó de cinco años a tres años las suspensión a una anestesista que cometió una mala praxis que llevó a la muerte a un paciente. Esa decisión derivó en la renuncia de buena parte de los 13 miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública quienes rechazaron la decisión de Lustemberg-
"La sesión (de la Comisión de Salud Pública del Senado) de este martes fue muy entreverada, muy confusa, y quedaron más dudas que respuestas. Por eso la vamos a convocar otra vez para que responda sobre las renuncias en la Comisión Honoraria y sobre otros asuntos que quedaron pendientes como los tiempos de espera, la salud mental y los medicamentos de alto costo", dijo Lema a El Observador.
El parlamentario blanco sostuvo que tras la sesión no pudo dejar de pensar que "el Ministerio de Salud Pública está fallando en su conducción".
El caso que preocupa a los nacionalistas se viene arrastrando desde el año 2023 cuando una pediatra sufrió un paro cardíaco mientras era operada de la vesícula. La paciente no tenía complicaciones previas y luego del paro sufrió un agravio encefálico que la dejó en estado casi vegetativo por diez meses hasta que falleció.
Su familia denunció la situación en Fiscalía, pero también ante la mutualista SMI y en la oficina de atención al usuario del Ministerio de Salud Pública (MSP), señalando a una anestesista como responsable por haberse ausentado del block quirúrgico en medio de la intervención, tal como informó El País que siguió todo el caso. En ese entonces, El Observador informó que una de las hipótesis era que la médica había ido a drogarse con fentanilo al baño.
Tras una larga investigación, en diciembre de 2024 la Comisión Honoraria de Salud Pública la sancionó con una inhabilitación de 5 años por encontrarla responsable de una mala praxis.
La resolución también estableció que la anestesista debía someterse a una “reevaluación profesional” cuando se venciera el plazo estipulado.
La comisión actúa como tribunal disciplinario en base al artículo 26 de la ley orgánica de Salud Pública, que establece que le corresponde “juzgar y reprimir las faltas cometidas por los médicos y los que ejercen profesiones anexas en el ejercicio de su profesión, cuando éstos se aparten del cumplimiento de las normas generales que determinen las ordenanzas y reglamentos”.
Asesorada por el estudio Delpiazzo, la médica presentó recursos de revocación y jerárquicos cuestionando el fallo por razones de forma y señalando que sus argumentos no se habían considerado.
La comisión rechazó la revocación, pero al momento del cambio de gobierno el Ministerio de Salud Pública no se había pronunciado sobre el jerárquico, por lo que el caso quedó en manos de Lustemberg.
Según reconstruyó El Observador con fuentes del MSP, tras analizarlo junto a su equipo, la ministra resolvió bajarle dos años la pena porque ponderó que la profesional será “reevaluada” por la cátedra de anestesiología para poder volver a ejercer, pero también porque consideró que había “riesgo” de que la sanción cayera por falencias en el procedimiento administrativo. Como tercera razón, el equipo valoró que la mujer había recibido una condena de 24 meses en la Justicia mediante proceso abreviado en el que asumió su culpabilidad y que fue consensuado con la familia de la víctima.
Sin embargo, la jerarca no comunicó el cambio a la comisión, algo que molestó a varios de sus integrantes que habían llegado a una sanción después de trabajosas discusiones en las que algunos incluso llegaron a promover que la pena fuera de diez años por la magnitud de lo ocurrido.
Integrantes de la comisión consultados por El Observador relataron que se enteraron de la modificación en marzo, fecha en la que comenzaron a discutir cómo reaccionar.
La molestia tenía que ver con que no fueron informados, pero también por la baja, ya que entendían que un juicio de notables por un caso de mala praxis médica no podía ni tenía por qué equipararse a una sanción penal ya que cada uno juzga un asunto distinto.
Algunos manifestaron en círculos médicos su enojo porque entendían que la familia de la anestesista había logrado influir en el MSP a partir de la cercanía con algunas autoridades, algo negado por el MSP. También que era una "contradicción" rebajar una sanción mientras se busca mejorar la práctica médica.
A su vez, plantearon que el caso se sumaba a la disconformidad que arrastraban porque la ministra no había ido siquiera a una de las reuniones –son dos por mes–, algo que interpretaban como un desplante que se alejaba de la buena tradición que tuvieron sus antecesores
Tras las conversaciones, el 14 de abril tres integrantes del grupo mantuvieron un encuentro con la ministra en el que hablaron del caso. Luego varios comunicaron sus renuncias.
