En busca de desactivar la polémica generada en torno a la libertad anticipada que se reestablecía en el proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal, el presidente Yamandú Orsi delegó en el Parlamento la búsqueda de acuerdos para hacer modificaciones a ese artículo. De lo contrario, si simplemente se lo saca del texto, quedaría vigente la redacción establecida en 2020 por el artículo 35 de la LUC, que eliminó esa posibilidad para quienes cometieron delitos graves (homicidio, copamiento, extorsión, violación, narcotráfico o rapiña, entre otros).
Ese artículo de la LUC fue de hecho uno de los 135 que el Frente Amplio y otras organizaciones sociales intentaron derogar por referéndum durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
El Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones que juntaron firmas contra 135 artículos de la LUC argumentaban que al incluir a la rapiña, al copamiento y a la extorsión en la lista de excepciones llevaría a “incrementar aún más la población carcelaria”.
El ministro del Tribunal de Apelaciones Marcelo Malvar, uno de los intengrantes del Grupo Asesor Técnico que redactó el proyecto, había señalado en una presentación del proyecto que se hizo en el paraninfo de la Universidad que con la nueva redacción se buscó un “término medio”, sin “ser demasiado benévolos como en los primeros tiempos del código, pero tampoco la posición tan dura de impedirlo”. El proyecto remitido al Senado por el gobierno de Orsi establecía que los condenados podían pedir la libertad tras cumplir tres cuartas partes de la pena.
Sin embargo, los reclamos no se hicieron esperar. Primero por organizaciones como Crysol y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y luego por planteos tanto de la bancada oficialista como de la oposición, Presidencia comunicó al grupo técnico que removería ese artículo ya que la fuerza política del gobierno no lo votaría.
Fuentes de Torre Ejecutiva apuntaron a El Observador que había “mucho ruido político” en torno a una disposición que fue tratada meramente como un tema técnico y que no se habían ponderado los efectos políticos que acarrearía defender un artículo de ese tipo en el Parlamento y ante la oposición.
Por otro lado, legisladores de la bancada oficialista consultados por El Observador opinaron bajo anonimato que sería razonable considerar que rapiñeros con tres cuartas partes de su pena puedan acceder a la libertad anticipada, pero que se hacía “muy difícil de digerir políticamente” que se incluyera en esa lista a violadores. La bancada del Frente Amplio pretende “dar la discusión” en la comisión y entienden que el tema no está cerrado, aunque sí ya dejó clara la negativa a llevar una redacción como la propuesta.
“Creo que el Senado va a sacar esa parte de un proyecto que es bastante más grueso, más pesado, porque generó reacciones encontradas o, por lo menos, rechazo”, reconoció Orsi este miércoles. “Si el Senado considera, si los legisladores de mi partido y por supuesto de la oposición, consideran que no es conveniente incorporar eso, o sea, sacar las excepciones que existían, uno tiene que ser respetuoso, porque, en definitiva, este proceso pasa por el Parlamento y lo vota el Parlamento”.
La bancada oficialista ya había resuelto su negativa desde que Crysol y Madres y Familiares plantearan su resistencia a permitir que pudieran acogerse a la libertad anticipada quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad. Más allá de que solo hay dos personas en esa condición, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, había concedido tras recibirlos en Torre Ejecutiva que a ese artículo había que “retirarlo” de modo de “evitar malas interpretaciones”, en tanto la redacción “no es la adecuada” y que “nadie tiene la verdad en un puño”.
“La libertad anticipada existió siempre en el país. Hace más de 100 años que existe el instituto, y ha ido teniendo modificaciones a lo largo del tiempo”, expuso entonces el exfiscal de Corte, quien supervisó el trabajo del Grupo Asesor Técnico que elaboró el proyecto. “Hubo un momento, por ejemplo, entre 2005 y 2018, en el que la libertad anticipada era preceptiva a las dos terceras partes de la pena, porque la Suprema Corte de Justicia la tenía que dar, salvo que existieran signos manifiestos de falta de recuperación. Es decir, hemos pasado por diferentes etapas de la regulación del instituto a lo largo de la historia del país, y está bien que se discuta”.
Por su parte, la senadora del MPP, Bettiana Díaz, dijo entonces que el oficialismo no iba a “dejar de discutir las medidas alternativas” ante un escenario de “saturación total” del sistema carcelario. Días antes, el ministro del Interior, Carlos Negro, había arrmetido durante su interpelación contra el “relato” de que el Frente Amplio nunca propuso liberar presos, pero que entendían que como “cualquier sistema procesal del mundo” deben haber “vías de escape al sistema penal” para evitar el “hacinamiento”.
Fue así que tanto en la bancada oficialista como en Presidencia se vieron como un “error de comunicación política” las declaraciones de la titular del INR Ana Juanche en una entrevista que dio a Canal 5. Con un cálculo a “vuelo de pájaro”, dijo que habría 2 mil presos en condiciones de acceder a la libertad anticipada según la redacción propuesta. "Va a mover la aguja porque personas que se puedan descromprimir, el 15% de 17 mil personas es mucha gente”, defendió la jerarca, que tiene un perfil técnico. Juanche también aclaró que no sería el Ministerio del Interior quien liberaría presos, sino que “tomaría la decisión la Justicia”.
Horas más tarde, y ante las críticas de senadores de la oposición como Pedro Bordaberry y Javier García, aclaró en La Diaria que había quedado “como confuso” y que en referencia a la cifra de los 2 mil presos “serían, por ejemplo, de esas personas, menos de 400”. También fundamentó que “la mayor cantidad de personas privadas de libertad lo está por delitos contra la propiedad”.
